Perú se ha convertido en una rara avis latinoamericana. En apenas una década, ningún presidente ha conseguido completar los cinco años de mandato. La caída de José Jerí, tras apenas 130 días en el cargo y a dos meses de nuevas elecciones generales, confirma una tendencia que ya no puede explicarse como una suma de crisis coyunturales, sino como la manifestación de un desequilibrio institucional cronificado.
La reciente moción de censura aprobada por el Congreso vuelve a poner en evidencia el peso determinante del Poder Legislativo en la vida política peruana. El mismo Parlamento que en octubre había respaldado a Jerí tras la salida de Dina Boluarte decidió ahora apartarlo en medio de cuestionamientos por reuniones y presuntas irregularidades administrativas. Más allá de los hechos concretos —que deben dirimirse con las garantías del debido proceso— el patrón se repite: presidentes que asumen sin una base parlamentaria sólida y que dependen de equilibrios frágiles para sostenerse.
El punto de inflexión suele situarse en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por un margen mínimo mientras el Congreso quedaba en manos de la oposición liderada por Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori. Desde entonces, el uso expansivo de la figura de la “vacancia por incapacidad moral” ha transformado el equilibrio entre poderes.
La crisis continuó con la destitución de Martín Vizcarra, la breve presidencia de Manuel Merino, el Gobierno transitorio de Francisco Sagasti y el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, que terminó con su destitución y detención en 2022. Cada episodio ha reforzado la percepción de que el Congreso posee un “superpoder” político que, aunque formalmente constitucional, se ejerce en un contexto de alta volatilidad partidaria.
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Un parlamentarismo de facto
Diversos analistas describen la situación como un “parlamentarismo de facto”. Sin que las reglas hayan cambiado sustancialmente, la práctica política ha evolucionado hacia un esquema en el que el presidente gobierna condicionado por mayorías legislativas inestables. La fragmentación extrema del sistema de partidos, donde candidatos pueden pasar a segunda vuelta con menos del 20 % de los votos, debilita el mandato popular y dificulta la construcción de alianzas duraderas.
La ausencia de partidos sólidos y cohesionados agrava el problema. Muchos presidentes llegan al poder como figuras personalistas sin estructura orgánica en el Congreso. La negociación política se convierte así en un ejercicio individual y de corto plazo, donde priman los cálculos electorales sobre la estabilidad institucional.
En el caso de Jerí, la moción de censura se produce a ocho semanas de las elecciones generales. El componente electoral resulta ineludible, buena parte de los congresistas aspira a la reelección en un escenario de bicameralidad reinstaurada que ampliará el peso del Senado. La desvinculación pública de un mandatario debilitado puede ser leída tanto como una respuesta a cuestionamientos éticos como una estrategia para minimizar costos políticos.
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Crecimiento económico en medio de la inestabilidad
Este patrón no es nuevo. Las destituciones anteriores también combinaron denuncias de corrupción, confrontaciones institucionales y cálculos partidarios. La reiteración del ciclo ha erosionado la legitimidad de la clase política y alimentado la desafección ciudadana.
Paradójicamente, Perú ha mantenido indicadores macroeconómicos relativamente sólidos en comparación regional. La continuidad de Julio Valerde al frente del Banco Central y la estabilidad de ciertos equipos técnicos han amortiguado el impacto de la volatilidad política. Sin embargo, los expertos advierten que la inestabilidad tiene un costo menos visible, la imposibilidad de desarrollar políticas públicas de largo plazo y reformas estructurales sostenidas.
La rotación constante de ministros, con promedios inferiores a un año en carteras clave, limita la capacidad de planificación y ejecución. Se administra lo existente, pero se innova poco.
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¿Crisis de reglas o crisis de actores?
Una de las preguntas centrales es si el problema radica en el diseño institucional o en la degradación del sistema de partidos. Para algunos analistas, las normas no han variado sustancialmente; lo que ha cambiado es la calidad y cohesión de los actores políticos. Sin partidos arraigados socialmente, la política se vuelve más transaccional y menos programática.
El resultado es un país que, aunque funcional en lo económico, vive en permanente provisionalidad política. Con la elección inminente de un nuevo presidente —el octavo en menos de 10 años— Perú enfrenta el desafío de reconstruir la estabilidad no solo mediante un liderazgo coyuntural, sino a través de un reequilibrio profundo entre Ejecutivo y Legislativo.
La repetición de ceses presidenciales no es únicamente una anomalía estadística; es el síntoma visible de una crisis estructural que exige reformas institucionales, fortalecimiento partidario y una cultura política menos orientada al corto plazo. Mientras esas condiciones no cambien, el récord de presidentes destituidos podría no ser el último. @mundiario
