Colombia ha entrado en la recta final de las elecciones presidenciales. El último discurso del Primero de Mayo de Gustavo Petro no fue una despedida convencional, sino la apertura de una nueva campaña con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Con ello, el mandatario no solo busca prolongar su influencia más allá de su mandato, sino también condicionar el rumbo del próximo Gobierno y del propio sistema político.
La clave no está únicamente en la propuesta, sino en el momento y la forma. Petro pasa de la retórica a la acción concreta: cinco millones de firmas para forzar una consulta que permita modificar la Constitución de 1991. Por un lado, una impugnación directa al Congreso, al que acusa de bloquear sus reformas sociales; pero una apelación al “poder constituyente” como vía alternativa de legitimidad.
Lejos de retirarse, Petro redefine su papel. La Constituyente se convierte en un instrumento para mantener cohesionado su capital político tras abandonar la Casa de Nariño. En ese sentido, la iniciativa no es solo jurídica o institucional, es profundamente estratégica.
El presidente traslada el centro de gravedad desde las instituciones hacia la movilización social. Los comités ciudadanos para recoger firmas, anunciados en su discurso, funcionan como una red territorial que puede servir tanto para impulsar la reforma constitucional como para sostener electoralmente a su espacio político.
Aquí emerge la figura del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Aunque el senador ha mostrado ambivalencias sobre la Constituyente, el impulso de Petro lo sitúa en una posición compleja de beneficiarse de la movilización del petrismo sin quedar completamente absorbido por una propuesta que genera resistencias en el centro político, al que necesita para ganar a la uribista Paloma Valencia y al ultraderechista Aberlardo de la Espriella.
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La Constituyente como arma de doble filo
La iniciativa tiene potencial movilizador, pero también riesgos de cara a un eventual balotaje. En el plano electoral, puede consolidar el voto fiel de la izquierda y reforzar la candidatura de Cepeda en primera vuelta. Sin embargo, la propuesta podría convertirse en un factor de rechazo entre sectores moderados.
La experiencia reciente sugiere que Petro utiliza con eficacia los mecanismos de presión popular. Ya ocurrió con la reforma laboral, inicialmente bloqueada en el Congreso y posteriormente reactivada bajo la amenaza de consulta popular. La Constituyente sigue esa misma lógica, pero con implicaciones mucho más profundas.
A diferencia de una reforma puntual, abrir el proceso constituyente introduce incertidumbre estructural. Aunque el presidente insiste en que solo pretende añadir dos capítulos —reformas sociales y lucha contra la corrupción—, el precedente latinoamericano muestra que estos procesos rara vez se limitan a cambios acotados.
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Los riesgos electorales de una Constituyente
El movimiento también tensiona la arquitectura institucional. La Constitución de 1991 fue diseñada precisamente para evitar rupturas abruptas del orden político. La vía de la Constituyente, aunque legal si cumple los requisitos, supone una reinterpretación expansiva del mandato popular frente a los contrapesos del sistema.
Las críticas han venido desde sectores del centro y la derecha, que advierten del riesgo de inestabilidad. Pero incluso dentro del campo progresista hay cautela. La propuesta divide a aliados potenciales y obliga a posicionamientos incómodos.
Además, introduce un elemento de presión sobre el próximo presidente, sea quien sea. Petro lo dejó claro: quien llegue al poder tendrá “la obligación” de tramitar la convocatoria si se cumplen los requisitos. Es, en la práctica, una forma de prolongar su agenda política más allá de su mandato. @mundiario
