La primera vuelta presidencial en Colombia ha derivado en algo más que una competencia entre candidatos. A pocos días de que los colombianos vuelvan a las urnas para decidir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el debate político se ha desplazado hacia la legitimidad del propio sistema electoral.
El presidente Gustavo Petro ha vuelto a cuestionar abiertamente los resultados preliminares, insistiendo en que existen “bases comprobadas del posible fraude”, mientras instituciones electorales, organismos observadores y actores internacionales rechazan esa hipótesis.
La controversia coloca a Colombia en una dinámica compleja: un presidente que cuestiona el funcionamiento institucional mientras permanece al frente del Estado, una oposición que denuncia intentos de deslegitimar las elecciones y organismos independientes que tratan de contener el deterioro de la confianza pública.
El núcleo de las acusaciones presidenciales gira alrededor del sistema informático Divipol y de supuestas alteraciones registradas antes de las votaciones.
Según Petro, el censo electoral oficial habría sufrido modificaciones inexplicables. De acuerdo con su versión, el número de votantes habilitados pasó de 41.421.973 ciudadanos a 42.307.373 personas inscritas en el sistema, lo que supondría una diferencia cercana a las 885.409 cédulas adicionales. “El software sí fue modificado y dos veces el 26 de mayo de 2026”.
El mandatario también cuestiona cambios en la infraestructura electoral. Afirma que aumentó el número de puestos de votación, que las mesas electorales pasaron de 120.527 a 122.020 y sostiene que existen 5.300 mesas “atípicas” donde el volumen de votos registrados sería incompatible con la capacidad operativa de la jornada. “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”.
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Para Petro, estas diferencias explicarían la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella frente al candidato respaldado por el oficialismo, Iván Cepeda. “En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”.
El presidente también cuestiona la negativa de la Registraduría a entregar el código fuente completo del software electoral, algo que considera indispensable para garantizar transparencia. “El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”.
Por otro lado, diversas instituciones del Estado, misiones técnicas de observación y analistas le han aclarado que restringir o congelar el código fuente no es indicativo de fraude. La Registraduría aclaró que liberar de manera abierta el código fuente expondría el sistema a graves riesgos de hackeo o sabotaje externo. Por motivos de seguridad, los códigos se “congelan” y custodian bajo una contraseña compartida en la que intervienen la Registraduría, los proveedores, los partidos y la Procuraduría.
Además, el software no es secreto. Su código es el mismo empleado desde 2022 (comicios en los que el propio Petro venció) y se entrega formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría para sus respectivas revisiones legales.
La contradicción política dentro del propio oficialismo
Uno de los elementos más llamativos del episodio es que las acusaciones presidenciales chocan parcialmente con la posición mantenida previamente por sectores cercanos al propio oficialismo. Menos de 24 horas antes de que Petro endureciera su discurso, Iván Cepeda había señalado que el sistema de verificación electoral del Pacto Histórico no había encontrado “irregularidades significativas”.
Esa diferencia refleja una tensión política importante. Mientras el presidente centra el debate en presuntas alteraciones estructurales del sistema, parte de su entorno político mantiene una postura más prudente, consciente del impacto institucional que pueden tener acusaciones de fraude sin validación independiente.
Las respuestas institucionales han sido rápidas y contundentes. El registrador nacional, Hernán Penagos, ha defendido la normalidad del proceso electoral y sostiene que los mecanismos de auditoría, vigilancia partidista y supervisión internacional continúan funcionando sin anomalías detectadas.
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach fue aún más directo al afirmar que, hasta ahora, no existe:“prueba o indicio” que sustente las acusaciones presidenciales.
La Misión de Observación Electoral colombiana tampoco ha respaldado las denuncias. Su directora, Alejandra Barrios, recordó que el preconteo tiene únicamente carácter informativo y que el escrutinio oficial incorpora múltiples controles y revisiones posteriores.
Esto es importante porque parte de la controversia gira precisamente alrededor de la diferencia entre preconteo y escrutinio. Petro insiste en que el problema no estaría únicamente en los resultados mostrados la noche electoral, sino en la composición misma del universo de votantes registrados.
La posición de la Unión Europea: descarta fraude y avala el proceso
Por su parte, la misión observadora de la Unión Europea desplegó una operación de gran escala en Colombia: 150 observadores procedentes de 24 países miembros, además de representantes de Noruega, Suiza y Canadá, supervisando 591 mesas electorales.
Su conclusión preliminar contradice directamente la tesis presidencial. “Hasta este momento, y estas conclusiones que por ahora son provisionales, la Unión Europea descarta cualquier tipo de fraude en el preconteo y en el escrutinio”.
El jefe de la misión, Esteban González Pons, fue especialmente claro al defender la integridad técnica del sistema. “Se les mostró el código fuente a todos los partidos que lo solicitaron. Asimismo, se encargó una auditoría de software a una organización internacional y nos consta que los partidos que la solicitaron recibieron esa auditoría dos días antes de las elecciones y ninguno nos ha trasladado ningún tipo de irregularidad”.
La misión europea sí reconoce un contexto complejo, marcado por polarización y violencia localizada, pero mantiene que la jornada fue: “pluralista y competitiva” y además: “Fue pacífica, ordenada y transparente, sin incidentes relevantes, y con presencia efectiva de testigos de las candidaturas”.
Las denuncias del presidente no aparecen en un vacío político. Petro lleva meses advirtiendo sobre vulnerabilidades del sistema electoral y había anticipado cuestionamientos incluso antes de abrirse las urnas. Sin embargo, el endurecimiento del discurso tras confirmarse que Iván Cepeda pasaba a segunda vuelta detrás de Abelardo de la Espriella introduce un factor adicional: la disputa narrativa por la legitimidad.
Desde la oposición, las acusaciones son interpretadas como un intento preventivo de condicionar el resultado final. Desde el oficialismo, sectores cercanos argumentan que cuestionar procedimientos forma parte del control democrático. @mundiario
