Donald Trump vuelve a poner las sanciones energéticas sobre la mesa con un objetivo inmediato: reducir los costes que están encareciendo el petróleo y los combustibles en Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de mandato. Su Administración estudia flexibilizar las restricciones impuestas a determinados buques de la denominada flota fantasma, una red de petroleros que ha transportado crudo y productos derivados vinculados a Rusia, Irán y Venezuela al margen de las restricciones occidentales.
La propuesta, adelantada por Reuters este 15 de octubre, no supone, al menos en los términos planteados hasta ahora, levantar de forma general los embargos sobre el petróleo ruso o iraní. La idea es permitir que algunos barcos incluidos en listas de sanciones puedan transportar cargamentos considerados «legales» por Washington, es decir, petróleo y productos petrolíferos que no estén sujetos a sus prohibiciones. Las empresas interesadas tendrían que solicitar autorización al Departamento del Tesoro estadounidense.
La diferencia es importante: la Administración intenta ampliar la capacidad logística disponible sin reconocer formalmente que abandona su política de sanciones contra determinados productores. Sin embargo, la frontera entre una excepción técnica y una relajación efectiva de la presión económica puede resultar difícil de mantener cuando los mismos buques, operadores y redes comerciales han estado asociados a actividades sujetas a restricciones.
La expresión flota fantasma describe conjuntos de petroleros utilizados para mover hidrocarburos mediante estructuras de propiedad opacas, cambios de bandera, intermediarios y prácticas destinadas a reducir la visibilidad de las operaciones. Parte de esos barcos ha participado en el transporte de petróleo ruso, iraní o venezolano, países sometidos a diferentes regímenes de sanciones estadounidenses y, en algunos casos, europeas.
No todos los buques incluidos en estas redes tienen necesariamente la misma situación jurídica ni operan de idéntica manera. Pero muchos afrontan restricciones relacionadas con sus propietarios, sus operaciones anteriores o su vinculación con exportaciones sancionadas. También existe preocupación por la edad de algunos petroleros, su mantenimiento y las condiciones de seguridad en las que navegan.
-
El plan de Irán en Ormuz para amargarle las elecciones de mitad de mandato a Trump
-
Casi 30 países contra Irán: ¿cambiará el complot de Fairford las reglas entre Londres y Teherán?
-
Mucho más que ataques: las costosas brechas antiaéreas de Arabia Saudí están en juego
La iniciativa de Trump parte de una premisa económica: si determinados barcos dejan de estar bloqueados para cualquier operación autorizada y pueden transportar cargamentos no sancionados, una parte de la capacidad marítima podría volver a utilizarse para mover petróleo desde el golfo Pérsico y otras zonas productoras. En teoría, más buques disponibles para determinados trayectos podrían reducir la competencia por los petroleros autorizados y moderar las tarifas de transporte.
El problema es que disponer de más barcos sobre el papel no equivale necesariamente a incorporar capacidad efectiva al mercado. Los armadores, las empresas comerciales, los bancos y las aseguradoras deben aceptar el riesgo jurídico y operativo. Un buque que Washington autorice a transportar un cargamento legal podría seguir encontrando dificultades para contratar seguros, financiar la operación o acceder a puertos sujetos a las normas de otras jurisdicciones.
Por eso, el alcance real de la medida dependerá de los detalles de las licencias, de los buques que puedan acogerse a ellas y de la reacción de los mercados marítimos internacionales.
Los fletes récord y el encarecimiento de los combustibles
El origen de la propuesta está en el aumento de las tarifas de transporte de petróleo. Los conflictos en Oriente Próximo y la guerra de Ucrania han elevado los riesgos para la navegación, alterado las rutas y encarecido los seguros y la contratación de petroleros. El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es especialmente relevante por su papel en el tránsito mundial de hidrocarburos.
Cuando transportar petróleo resulta más caro, el coste adicional puede trasladarse a las refinerías y, dependiendo de las condiciones del mercado, terminar repercutiendo en los precios de los combustibles. Las tarifas elevadas también pueden hacer menos competitivos determinados cargamentos estadounidenses frente a alternativas procedentes de Oriente Próximo o América Latina, especialmente para los compradores asiáticos.
La Administración Trump pretende aliviar uno de esos costes mediante la ampliación de la oferta logística. El secretario de Energía, Chris Wright, abordó la posibilidad de flexibilizar las restricciones a los petroleros sancionados en una intervención en vídeo ante el Congreso Mundial del Petróleo celebrado en Riad, según informó Reuters a partir de la firma de análisis Energy Aspects.
Pero los analistas no esperan necesariamente una caída importante de los fletes. Energy Aspects considera que autorizar esos buques difícilmente incorporaría de inmediato una capacidad significativa a la flota comercial convencional. Muchos petroleros afectados, además, han seguido operando durante los últimos meses, por lo que su autorización para transportar otros cargamentos no equivaldría siempre a sumar barcos nuevos al mercado.
La medida podría facilitar algunos trayectos concretos, incluidos desplazamientos entre terminales del golfo Pérsico, pero no resolvería por sí sola los problemas derivados de los riesgos militares, las interrupciones de las rutas o las restricciones de las aseguradoras europeas y británicas.
El cálculo electoral: abaratar la energía antes del 3 de noviembre
La dimensión económica de la iniciativa está estrechamente ligada a la política interna estadounidense. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre decidirán si los republicanos mantienen el control de las dos cámaras del Congreso. En ese contexto, el precio de la gasolina y del diésel representa un riesgo electoral para Trump: el coste de la energía influye en el transporte, la agricultura, la distribución de mercancías y el presupuesto de los hogares.
La estrategia consiste en actuar sobre varios eslabones de la cadena energética. Por un lado, la Casa Blanca busca aumentar la disponibilidad de buques para reducir los costes de transporte. Por otro, Trump ha suspendido temporalmente determinadas sanciones sobre el diésel ruso hasta el 7 de abril, con la intención declarada de facilitar el suministro a los mercados.
Son medidas distintas, aunque responden a una misma urgencia. La primera pretende aliviar los costes logísticos; la segunda, facilitar la circulación de combustible ruso. Ambas reflejan una disposición a flexibilizar restricciones económicas cuando la presión sobre los precios amenaza con convertirse en un problema político.
La dificultad es que los mercados energéticos no reaccionan únicamente a las decisiones de Washington. La oferta disponible, la capacidad de refino, los riesgos militares, los seguros y las expectativas de los operadores también determinan los precios. La guerra con Irán y la inseguridad en las rutas marítimas han contribuido al encarecimiento de los combustibles, mientras que los ataques contra infraestructuras energéticas añaden incertidumbre.
Por ello, la Administración puede anunciar excepciones y facilitar operaciones sin garantizar una bajada rápida en las estaciones de servicio. Los beneficios de una mayor disponibilidad de petroleros podrían tardar en trasladarse al consumidor y quedar neutralizados por nuevas interrupciones del suministro.
La iniciativa también tiene consecuencias diplomáticas. El alivio temporal concedido al diésel ruso ya provocó críticas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y de senadores republicanos, que consideran que facilitar las exportaciones energéticas de Moscú puede proporcionar ingresos adicionales al Kremlin mientras continúa la guerra contra Ucrania.
El debate se extiende ahora a los buques. Aunque Washington insiste en que la flexibilización estudiada no permitiría transportar petróleo ruso o iraní sometido a sanciones, la utilización de barcos previamente asociados a esas operaciones plantea interrogantes sobre la vigilancia de los cargamentos y el cumplimiento de las condiciones impuestas.
También aparece una diferencia de enfoque entre Estados Unidos y sus aliados europeos. El Reino Unido anunció nuevas sanciones contra empresas, petroleros y redes que contribuyen a financiar la economía de guerra rusa. La posible relajación estadounidense se movería en sentido contrario, al menos parcialmente, y podría complicar la coordinación internacional si las excepciones de Washington no coinciden con las restricciones británicas y europeas. El paquete británico de sanciones contra las redes petroleras rusas ilustra esa diferencia de prioridades.
El riesgo no es solo político. Si las compañías navieras y las aseguradoras siguen sujetas a las normas europeas y británicas, una autorización estadounidense podría tener una utilidad limitada fuera de determinadas rutas y operaciones. En otras palabras, Washington puede permitir una actividad sin conseguir que todo el sistema internacional necesario para ejecutarla la acepte. @mundiario
