Presión máxima sobre California: la Administración Trump lanza una ofensiva para las midterms

La Administración de Donald Trump ha elevado la presión sobre las autoridades electorales de California. El Departamento de Justicia (DOJ) ha emitido citaciones de un gran jurado federal dirigidas a funcionarios locales para obtener documentación sobre los procedimientos de registro, la verificación de la ciudadanía y las denuncias de participación electoral de personas no ciudadanas. La investigación se desarrolla a pocos días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y en medio de un enfrentamiento judicial por una lista federal de aproximadamente 20.000 votantes que el Gobierno considera sospechosos.

La cuestión no es menor: además de determinar si se produjeron infracciones concretas, el caso examina hasta dónde puede intervenir el Ejecutivo federal en la administración de unas elecciones que, conforme al sistema constitucional estadounidense, corresponde organizar principalmente a los estados. La sucesión de demandas, advertencias y citaciones ha convertido a California en uno de los principales escenarios del conflicto político y jurídico que rodea la estrategia electoral de Trump.

Según informaciones de NBC News, The New York Times, CBS News y Politico, las citaciones fueron enviadas entre el 21 y el 24 de octubre. Tres de ellas llegaron a empleados de la oficina del Registro-Grabador y Secretario del Condado de Los Ángeles, entre ellos responsables de la custodia de documentos y de la gestión administrativa. También se han comunicado actuaciones similares en los condados de Orange y Santa Clara.

Los documentos solicitan registros sobre los métodos utilizados para verificar la elegibilidad de los votantes, las comunicaciones internas relacionadas con las denuncias de sufragio de personas no ciudadanas y los intercambios mantenidos entre autoridades de California y responsables federales, incluidos representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del propio Departamento de Justicia.

En el caso de Los Ángeles, los empleados citados deben comparecer ante un tribunal federal del condado de Orange el 4 de noviembre, un día después de la jornada electoral. La fecha añade sensibilidad política a una investigación que ya está condicionando las relaciones entre los responsables locales y Washington.

Conviene precisar que recibir una citación no significa necesariamente estar acusado ni ser sospechoso de un delito. Un gran jurado puede reclamar documentos o testimonios a personas que simplemente disponen de información relevante. Un funcionario federal citado por NBC News señaló que el DOJ no suele citar a quienes pretende acusar directamente, aunque la investigación sí puede desembocar en actuaciones penales si aparecen pruebas suficientes.

El Departamento de Justicia ha evitado comentar filtraciones concretas sobre las citaciones. Su portavoz, sin embargo, defendió la intervención penal al sostener que el voto ilegal puede generar responsabilidad criminal y que tanto la legislación federal como la de California contemplan la persecución de esas conductas.

Los 20.000 votantes bajo sospecha y los reveses judiciales

El origen inmediato del conflicto es una lista elaborada por las autoridades federales con alrededor de 20.000 personas que, según el Gobierno, podrían no tener la ciudadanía estadounidense necesaria para votar en elecciones federales. La Administración Trump ha intentado que California aparte las papeletas por correo atribuidas a esas personas y suspenda su recuento hasta verificar su situación.

La propuesta sufrió dos reveses judiciales durante la misma semana. Primero, un tribunal de apelaciones rechazó la petición federal de bloquear el recuento de las papeletas. Después, el juez de distrito David O. Carter denegó la solicitud para segregarlas, al cuestionar la fiabilidad de la lista y advertir de los problemas legales de modificar los procedimientos electorales a escasos días de los comicios.

Carter consideró que la actuación del Gobierno chocaba con principios constitucionales sobre la competencia estatal para administrar las elecciones y con las restricciones de la Ley Nacional de Registro de Votantes, que limita determinados cambios en los procedimientos de inscripción durante los 90 días anteriores a una elección federal. También reclamó que cesaran las amenazas contra los trabajadores electorales locales.

El magistrado ha designado, no obstante, a un experto independiente, Daniel B. Garrie, para examinar la base factual de las alegaciones federales y las objeciones de California. Su cometido será ayudar al tribunal a determinar qué contiene realmente la lista, cuántos registros corresponden a ciudadanos y si existe algún problema práctico para separar las papeletas antes de la certificación electoral. Está prevista una audiencia probatoria para el 13 de noviembre.

Este procedimiento introduce un matiz importante: el juez no ha declarado que sea imposible que existan votos ilegales ni ha cerrado la puerta a procesar a quienes hayan cometido delitos. Ha cuestionado que el Gobierno pueda utilizar una lista cuya exactitud está discutida para apartar miles de papeletas de forma generalizada y en vísperas de una elección.

La legislación estadounidense reserva el voto en elecciones federales a los ciudadanos. Los estados pueden autorizar, bajo determinadas condiciones, la participación de no ciudadanos en algunas elecciones locales, pero eso no les concede derecho a votar para elegir al presidente o al Congreso. La inscripción o el sufragio ilegal pueden ser delitos y deben investigarse cuando existan indicios concretos.

El problema reside en la identificación de los casos, ya que los expertos electorales advierten de que las bases de datos federales no siempre están actualizadas y pueden clasificar erróneamente como extranjeros a ciudadanos que se han naturalizado recientemente. Al no disponer Estados Unidos de un registro único y completo que permita contrastar de forma inmediata la ciudadanía de todos los inscritos, el hecho de que una persona aparezca en una base de datos migratoria o en una lista de posibles no ciudadanos no demuestra por sí solo que carezca de ciudadanía, que se haya registrado ilegalmente o que haya votado. Se trata de situaciones diferentes que requieren comprobaciones individuales.

La dimensión de la cifra también debe ponerse en contexto. Los aproximadamente 20.000 registros señalados por el Gobierno representan una fracción muy pequeña de los cerca de 23 millones de votantes de California. Además, el proceso de recuento protege el secreto del sufragio: una vez procesada una papeleta, no siempre es posible vincularla posteriormente con la identidad de quien la depositó.

Las autoridades federales han señalado que han presentado cargos contra más de dos docenas de ciudadanos extranjeros en California por presuntos delitos relacionados con el registro o el voto, mientras que el fiscal general adjunto en funciones, Trent McCotter, ha mencionado 156 casos en el conjunto del país. Esos expedientes pueden acreditar infracciones individuales, pero no prueban por sí mismos que exista un fraude extendido ni validan automáticamente los 20.000 nombres de la lista.

La respuesta de California y la disputa por el control electoral

Dean Logan, responsable del registro electoral del condado de Los Ángeles, ha denunciado el enfoque del Departamento de Justicia. En una declaración recogida por NBC News y CBS News, describió la actuación federal como «confrontativa y adversaria» y sostuvo que los funcionarios locales están cumpliendo la legislación estatal y federal. También valoró la advertencia del juez Carter sobre las amenazas dirigidas contra los trabajadores electorales.

La tensión no se limita a California. El DOJ ha enviado cartas a 57 de los 58 condados del estado para exigir cooperación en sus investigaciones y advertir de posibles consecuencias si los responsables locales no colaboran. Esta semana extendió una iniciativa similar a Washington, donde pidió revisar unos 400 registros que considera sospechosos y apartar las papeletas correspondientes mientras se verifica la ciudadanía.

A escala nacional, la Administración Trump ha demandado a una treintena de estados y al Distrito de Columbia por negarse a entregar información de sus registros electorales. El objetivo declarado es comprobar la elegibilidad de los inscritos y combatir el voto ilegal. Los críticos sostienen que la estrategia también busca ampliar el acceso federal a datos electorales que tradicionalmente gestionan las administraciones estatales y locales.

La proximidad de las elecciones de mitad de mandato convierte cada movimiento en un asunto político. Los comicios del 3 de noviembre renovarán la Cámara de Representantes y una parte del Senado, y medirán el respaldo al segundo mandato de Trump. En ese contexto, la insistencia presidencial en denunciar irregularidades electorales mantiene el tema de la integridad del voto en el centro del debate republicano.

California, gobernada por los demócratas y con un peso decisivo en el mapa electoral nacional, es un escenario especialmente relevante. La investigación puede servir al Gobierno para demostrar que está persiguiendo posibles infracciones y exigir mayor control sobre los registros. Al mismo tiempo, la presión sobre funcionarios locales, las citaciones y las advertencias públicas pueden alimentar la percepción de que Washington intenta condicionar la gestión electoral de estados políticamente enfrentados con la Casa Blanca.

No existe, con los datos disponibles, una prueba de que las citaciones hayan sido ordenadas para alterar el resultado de las midterms. Tampoco puede afirmarse que toda investigación penal sobre el voto de no ciudadanos sea ilegítima. La cuestión central es si las actuaciones se apoyan en pruebas verificables y respetan los límites legales que separan la competencia federal de la autoridad estatal.

Trump ha calificado de corruptas las elecciones de California y ha criticado públicamente al juez Carter. El Departamento de Justicia, por su parte, defiende que puede investigar y procesar el voto ilegal. Pero la potestad de perseguir delitos no equivale a disponer de autoridad ilimitada para decidir qué papeletas se cuentan ni para sustituir a las administraciones electorales de los estados. @mundiario