¿Qué es lo próximo en el plan de los demócratas contra Trump? Investigaciones a mansalva

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos ha cambiado el equilibrio de poder en Washington y abre una etapa de confrontación directa con Donald Trump. A partir de enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, el partido tendrá el control de las dos cámaras y podrá utilizar sus comisiones para investigar decisiones de la Administración, exigir documentos, citar a funcionarios y examinar posibles conflictos de intereses entre el poder político y los grandes grupos empresariales.

Los primeros objetivos ya están sobre la mesa: Elon Musk, el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, los familiares y socios empresariales del presidente y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La estrategia combina dos vías: una ofensiva de supervisión parlamentaria y una agenda legislativa centrada en el coste de la vida, la sanidad, la guerra de Irán y los aranceles. Sin embargo, el alcance real de esa iniciativa dependerá de la capacidad demócrata para convertir las promesas de campaña en investigaciones documentadas y acuerdos legislativos.

El representante demócrata Robert Garcia, que está llamado a presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha señalado que Elon Musk deberá responder por su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE. La investigación pretende examinar los despidos masivos de empleados federales, los recortes en organismos públicos y el procedimiento utilizado para justificar los supuestos ahorros.

La cuestión más delicada es la posible relación entre las decisiones tomadas desde DOGE y los intereses económicos de las empresas de Musk. SpaceX y otras compañías de su entorno mantienen contratos de gran volumen con el Gobierno federal, incluidos acuerdos vinculados a la NASA y al Departamento de Defensa. Los demócratas quieren determinar si el empresario tuvo acceso a información, intervino en decisiones oficiales o utilizó su influencia institucional de una manera que pudiera beneficiar a sus negocios.

Las cifras citadas por las organizaciones que siguen la contratación pública ilustran la dimensión del asunto. Según datos del Democracy Defenders Fund, las empresas de Musk obtuvieron al menos 6.300 millones de dólares en contratos durante los cuatro meses en que dirigió el DOGE y otros 10.000 millones posteriormente; unas cantidades que, aunque deberán contrastarse con los registros oficiales y con el alcance concreto de cada adjudicación, por sí solas no demuestran irregularidades. Al respecto, el exasesor de ética de la Casa Blanca Richard Painter ha advertido de que Musk, durante su etapa como empleado especial del Gobierno, estaba sujeto a restricciones sobre su participación en asuntos oficiales que afectaran a sus intereses financieros, por lo que la investigación deberá establecer si existieron decisiones en las que se produjera un conflicto de intereses y, en caso afirmativo, si hubo una infracción de las normas aplicables.

También preocupa a algunos legisladores la relación de Musk con Rusia y su influencia sobre Starlink, una infraestructura de comunicaciones relevante para Ucrania. El senador Chris Coons y el representante Mike Levin han reclamado explicaciones sobre sus contactos y sobre las decisiones relativas al acceso ucraniano a la red (entre las que figuran las restricciones). En este terreno, los demócratas pretenden aclarar hasta qué punto un empresario privado puede tomar decisiones con consecuencias estratégicas para un aliado de Estados Unidos.

Stephen Miller y la política migratoria de Trump

El segundo gran frente apunta a Stephen Miller, recientemente ascendido a jefe de gabinete de la Casa Blanca, cuyo papel en el diseño de la política migratoria de Donald Trump lo convierte en una figura central de la futura supervisión demócrata. Al respecto, Robert Garcia ha defendido que Miller debe comparecer debido a su participación directa en las principales decisiones de la Administración. De este modo, los legisladores buscan examinar minuciosamente la planificación de las operaciones migratorias, los criterios utilizados por los agentes federales, las órdenes transmitidas desde Washington y los episodios de violencia que se han registrado durante dichos operativos.

La polémica se intensificó después de que dos personas murieran por disparos de agentes federales en Minnesota. El asunto ha alimentado las críticas contra la estrategia de deportaciones y control fronterizo del Gobierno. Una encuesta de Reuters/Ipsos citada en las informaciones situó en octubre la aprobación de la gestión migratoria de Trump en el 37%, frente al 50% registrado cuando asumió el cargo.

La llegada de Miller a la jefatura de gabinete no anticipa una moderación de esa política. Al contrario, fuentes y expertos citados por Reuters consideran que la Casa Blanca mantendrá una línea restrictiva y una posición de resistencia frente al Congreso. Por eso, las investigaciones demócratas podrían centrarse tanto en las decisiones concretas como en la cadena de mando que las hizo posibles.

La ofensiva no se limitará a funcionarios de la Administración, ya que Robert Garcia ha adelantado que el Comité de Supervisión también podría citar al hijo del presidente, Donald Trump Jr., y a su yerno, Jared Kushner, con el fin de examinar minuciosamente las relaciones económicas de la familia presidencial con distintos empresarios y donantes.

Uno de los episodios que más ha despertado el interés parlamentario es la celebración de la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson en las Bahamas, en la cual participó el oligarca ruso Umar Kremlev. Según las informaciones citadas por The Washington Post, Kremlev contribuyó a financiar los festejos, ante lo cual el presidente Donald Trump afirmó que su hijo estaba reembolsando el dinero, defendiendo además que los amigos tienen plena libertad para organizar este tipo de actos personales. En consecuencia, el objetivo de la supervisión legislativa será determinar quién asumió realmente los gastos, bajo qué condiciones se efectuaron los pagos y si existieron compromisos o beneficios futuros vinculados a dicha aportación económica.

Otro foco es Kushner, que ha participado en gestiones diplomáticas relacionadas con Rusia, Ucrania y Oriente Próximo mientras mantiene sus intereses empresariales privados. Los demócratas quieren examinar si esas actividades se han separado adecuadamente de sus contactos políticos. La Casa Blanca ha sostenido que los negocios particulares de Kushner no guardan relación con sus gestiones diplomáticas. Una investigación deberá comprobar los hechos antes de establecer cualquier conflicto.

La senadora Elizabeth Warren, que está llamada a dirigir el Comité Bancario del Senado, también ha advertido de que algunas grandes empresas deben prepararse para investigaciones. Su mensaje apunta a compañías sospechosas de perjudicar a consumidores o inversores mediante prácticas comerciales abusivas. Aunque no ha ofrecido una lista de objetivos, su intervención anticipa una agenda de supervisión económica que podría extenderse más allá del círculo presidencial.

Pete Hegseth y la posibilidad de un impeachment

Uno de los episodios políticamente más delicados será el posible proceso de destitución contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara y futuro presidente de la institución, ha afirmado que apoyaría una resolución de impeachment contra el responsable del Pentágono. El dirigente sostiene que Hegseth debe abandonar el cargo y lo acusa de abuso de poder y de haber comprometido la seguridad nacional. Entre los asuntos que los demócratas quieren examinar figura su gestión del Departamento de Defensa, incluido el cese del presidente del Estado Mayor Conjunto y otras decisiones internas.

También pesa la guerra de Irán, iniciada por Trump en febrero, cuyo coste económico y político ha aumentado las críticas contra la Administración. Jeffries responsabiliza a Hegseth de parte de la gestión de un conflicto que, según el dirigente demócrata, ha contribuido al encarecimiento de la energía y al malestar de los votantes. El republicano Thomas Massie, crítico con Trump y que dejará el Congreso en enero tras perder unas primarias respaldadas por el presidente, ha anunciado su intención de volver a presentar artículos de impeachment contra Hegseth. Su iniciativa podría encontrar apoyo demócrata, pero una cosa es abrir el procedimiento y otra conseguir la destitución.

El impeachment requiere la aprobación de la Cámara de Representantes por mayoría simple. Para condenar y retirar del cargo a un funcionario en el Senado se necesitan dos tercios de los votos de los senadores presentes. Aunque los demócratas dispondrían de mayoría en esa cámara, no alcanzarían por sí solos ese umbral. Por tanto, la posibilidad de que Hegseth sea destituido dependería de una ruptura significativa entre los republicanos.

El secretario de Defensa ya ha prometido combatir cualquier intento de destitución y ha defendido la guerra de Irán como una operación «valiente e histórica». Trump, por su parte, ha evitado comprometerse públicamente sobre su continuidad, aunque ha difundido el vídeo de defensa publicado por Hegseth.

Los primeros cien días: sanidad, Irán y aranceles

La estrategia demócrata no se limita a las investigaciones. Jeffries ha anunciado que el partido buscará actuar con rapidez durante los primeros cien días del nuevo Congreso. Entre sus prioridades figuran revertir parte de los recortes de Medicaid y del programa de asistencia alimentaria SNAP incluidos en la legislación republicana One Big Beautiful Bill Act.

La nueva mayoría demócrata pretende prorrogar los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (conocidos como Obamacare), cuya expiración ha encarecido significativamente la cobertura para numerosos usuarios; el objetivo subyacente es convertir la sanidad y el coste de la vida en sus principales banderas políticas. Asimismo, la agenda legislativa abarca propuestas de apoyo a las energías limpias y plantea cambios clave tanto en el plano comercial como en el exterior. Por un lado, buscan revertir parte de los aranceles de la Administración Trump, los cuales han elevado los costes para importadores y empresas, además de generar incertidumbre entre consumidores y sectores productivos; por el otro, impulsarán medidas diplomáticas orientadas a poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

El problema es que Trump conserva el poder de veto. El presidente ha anticipado que podría convertirse en «Mr. Veto» si el Congreso aprueba iniciativas que considere contrarias a su programa. Para superar un veto presidencial se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras, una mayoría difícil de alcanzar sin respaldo republicano.

La victoria demócrata abre una etapa en la que el Congreso dejará de funcionar como un respaldo legislativo de la Casa Blanca y recuperará su capacidad de fiscalización. Las citaciones, las audiencias públicas y las solicitudes de documentación pueden obligar a funcionarios y empresarios a explicar decisiones que hasta ahora habían quedado bajo el control político de la Administración.

Pero las investigaciones no equivalen automáticamente a delitos ni garantizan condenas. Su eficacia dependerá de la calidad de las pruebas, de la cooperación de los testigos y de la capacidad de los comités para construir expedientes sólidos. La Casa Blanca ya ha anticipado que se defenderá. El fiscal general Todd Blanche calificó las amenazas de investigación contra funcionarios y aliados presidenciales como «inaceptables» y aseguró que la Administración está preparada para responder. @mundiario