El presidente de EE UU, Donald Trump, ha acusado al Partido Demócrata de intentar fraguar un «fraude electoral» de cara a las próximas elecciones legislativas de este 3 de noviembre. A raíz de la polémica en Alaska, Trump exigió el procesamiento penal y la descalificación de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola. Esto ocurre después de que una investigación de The New York Times revelara que su equipo de campaña y operadores vinculados al Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) coordinaron esfuerzos para reclutar a un candidato independiente llamado Daniel J. Sullivan Jr. El objetivo de la maniobra era confundir a los votantes en la papeleta de votación de los comicios de mitad de mandato y restarle apoyos al actual senador republicano, Dan S. Sullivan, quien busca la reelección.
Aunque expertos legales y tribunales de Alaska recuerdan que el «apilamiento de boletas» con candidatos señuelo es una práctica habitual y legal en el país (forma parte de las artimañas o dirty tricks habituales de la política estadounidense), la filtración ha desatado una tormenta política. Ante estas revelaciones, el gobernador de Alaska, el republicano Mike Dunleavy, ordenó una investigación estatal sobre el rol de la campaña demócrata.
Paralelamente, la administración de Trump, a través del Departamento de Justicia federal, presentó una demanda civil para bloquear preventivamente la certificación de la elección en caso de que el senador Sullivan pierda por un margen estrecho, mientras que el DOJ busca interrogar formalmente al equipo de Peltola. Por su parte, la campaña de la candidata demócrata —quien según sus asesores no estuvo implicada directamente pero estaba «al tanto» del plan— había negado reiteradamente cualquier vínculo con la postulación del segundo Sullivan antes de que los mensajes internos salieran a la luz.
Mary Peltola es una política demócrata de Alaska, de origen yup’ik, que alcanzó notoriedad nacional en 2022 al convertirse en la primera persona nativa de Alaska en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nacida en Anchorage en 1973, comenzó su trayectoria política en la Cámara estatal, donde representó a la región de Bethel durante una década. También formó parte del Ayuntamiento de Bethel y dirigió la Comisión Intertribal de Pesca del río Kuskokwim, según la biografía publicada por la Cámara de Representantes y Alaska Public Media.
Peltola ganó las elecciones especiales de 2022 para sustituir al histórico congresista republicano Don Young y revalidó el escaño ese mismo año. En 2024 perdió la reelección frente al republicano Nick Begich. En enero de 2026 anunció su candidatura al Senado para disputar el puesto del republicano Dan Sullivan, que aspira a continuar en la Cámara alta.
Su campaña se ha centrado en el coste de la vida, la protección de la pesca y los recursos naturales de Alaska y las necesidades de las comunidades rurales. La elección es relevante porque el escaño puede contribuir a determinar qué partido controla el Senado tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Las encuestas publicadas en octubre muestran una contienda muy ajustada, con Peltola y Sullivan separados por pocos puntos.
El periódico afirmó que sus conclusiones se apoyaban en entrevistas con personas que habrían participado en el plan, conocido de él o recibido contactos para sumarse, además de mensajes de texto y documentos. Entre los testimonios citados figuraba el de Elisa Rios, antigua responsable de campaña de Peltola, despedida en agosto.
Sin embargo, existe un matiz relevante: el propio New York Times informó de que Rios posteriormente se retractó de todas las declaraciones que había realizado sobre la carrera al Senado de Alaska. El periódico también señaló que ella había contemplado presentar una demanda por despido improcedente, aunque no lo había hecho. Ese contexto no invalida automáticamente el resto de la documentación, pero obliga a valorar con cuidado cada testimonio y distinguir las pruebas documentales de las afirmaciones personales.
Peltola ha negado que su campaña participara en el reclutamiento de cualquiera de los dos candidatos Sullivan. El DSCC también rechazó estar involucrado con Daniel J. Sullivan y sostuvo que los republicanos tienen antecedentes de apoyar candidaturas destinadas a restar votos a sus adversarios.
Dunleavy ordena investigar y Trump pide procesarla
Dunleavy calificó las revelaciones de indicios preocupantes de un esfuerzo organizado para manipular las elecciones. Pero una orden de investigación no equivale a una conclusión judicial: corresponde a las autoridades reunir pruebas, determinar qué personas participaron y comprobar si su conducta encaja en algún delito previsto por la legislación vigente.
Trump fue más lejos. En Truth Social pidió que Peltola y el segundo Sullivan fueran retirados de la papeleta y procesados. El 29 de octubre, además, puso en duda que los republicanos debieran aceptar la incorporación de Peltola al Senado si ganaba. El vicepresidente J.D. Vance respaldó la necesidad de investigar si hubo fraude electoral, mientras el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, solicitó entrevistas transcritas con Rios y con el operador demócrata Jerid Kurtz, a quien el reportaje relaciona con el reclutamiento.
La controversia también ha adquirido una dimensión federal. Según Associated Press, el Departamento de Justicia ha emitido nuevas citaciones de un gran jurado y solicitudes para preservar los documentos dentro de la investigación. La Administración Trump había presentado, además, una demanda destinada a impedir la certificación del resultado si Sullivan pierde frente a Peltola.
Esta es la distinción jurídica más importante. La maniobra descrita por el New York Times podría resultar políticamente cuestionable, pero el reclutamiento de candidatos que resten votos a un rival —una práctica conocida como ballot stacking o estrategia de saturación de la papeleta— no constituye automáticamente un delito.
Para determinar si hubo una infracción sería necesario conocer qué hicieron concretamente los implicados, si existieron pagos, amenazas, coacciones u otros incentivos ilícitos y qué disposiciones legales resultan aplicables. El analista electoral Stephen Richer señaló a NBC News que la situación jurídica podría ser distinta si el candidato hubiera actuado voluntariamente y sin incentivos indebidos. Según el reportaje del New York Times, no se había presentado evidencia de que Daniel J. Sullivan hubiera sido coaccionado, y él ha afirmado que se presentó por decisión propia.
La historia judicial también importa. En junio, la Corte Suprema de Alaska permitió que Daniel J. Sullivan figurara en la papeleta después de que las autoridades electorales intentaran excluirlo por las dudas sobre la legitimidad de su candidatura. El tribunal concluyó que no podía imponerse un requisito de «buena fe» que no estuviera establecido en la ley. La papeleta diferencia al senador republicano en ejercicio mediante su afiliación política y condición de titular del cargo.
Alaska, además, utiliza un sistema de voto por orden de preferencia en las elecciones generales: los electores pueden ordenar a los candidatos y, si nadie alcanza la mayoría en la primera ronda, se redistribuyen las preferencias de quienes quedan eliminados. Ese mecanismo puede reducir el efecto de dividir los votos entre candidatos parecidos, aunque no garantiza que nadie se confunda ni elimina todas las posibles consecuencias estratégicas.
Las artimañas electorales y la batalla por el relato
La polémica se produce en un clima de profunda desconfianza partidista. Ambos partidos estadounidenses han recurrido históricamente a candidatos minoritarios o poco conocidos para intentar alterar la distribución del voto. Los republicanos sostienen ahora que el supuesto plan demuestra que los demócratas intentan ganar mediante el engaño; los demócratas responden que grupos conservadores también han financiado o promocionado candidaturas marginales para perjudicar a sus adversarios.
El informe de Alaska Beacon citado en la cobertura de la campaña atribuyó al Senate Leadership Fund, un grupo republicano, una donación de 650.000 dólares a una organización que promocionó a candidatos izquierdistas poco conocidos. Ese dato no demuestra que ambas operaciones fueran idénticas ni que tuvieran la misma finalidad, pero ilustra la disputa por el uso de candidaturas periféricas como instrumento de estrategia electoral.
Trump ha convertido durante años las acusaciones de fraude en una herramienta política, especialmente desde su negativa a aceptar la derrota de 2020. En este caso, las revelaciones periodísticas le ofrecen un argumento concreto para denunciar irregularidades demócratas. Eso no convierte automáticamente sus acusaciones en falsas, pero tampoco permite presentar como probado un delito que sigue bajo investigación.
Si Peltola gana, los republicanos podrían utilizar el caso para cuestionar la legitimidad de su victoria; si pierde, la controversia puede consolidar la narrativa republicana de que su campaña actuó de forma impropia. El riesgo de que el litigio se prolongue es mayor porque el control del Senado está en juego y el Gobierno federal ya ha intervenido judicialmente en la disputa.
Por ahora, las investigaciones estatales y federales están abiertas, las acusaciones de Trump no equivalen a una condena y la candidatura de Daniel J. Sullivan continúa respaldada por una resolución judicial estatal. Tampoco está demostrado que un número significativo de votantes vaya a confundir a los dos candidatos, especialmente después de la intensa atención mediática que ha recibido el asunto. @mundiario
