Reforma electoral: Milei impulsa el fin de las PASO y abre la disputa por las reglas del juego

La decisión del Ejecutivo de reformar el sistema electoral una maniobra política de alto impacto que ha hecho saltar chispas en la oposición y aliados del Gobierno de Argentina. Con el envío del proyecto al Congreso, Javier Milei busca reconfigurar las reglas bajo las cuales se estructuran las competencias electorales, en un escenario donde el oficialismo intenta recuperar iniciativa tras semanas marcadas por turbulencias económicas y escándalos de corrupción.

El eje central de la propuesta es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo vigente desde 2009 que ha funcionado tanto como herramienta de ordenamiento interno de los partidos como filtro electoral. El argumento del Gobierno se apoya en el coste económico y en la idea de que las internas partidarias no deben ser financiadas por el Estado. Sin embargo, la medida tiene implicaciones más profundas ya que altera los incentivos para la construcción de coaliciones y redefine los tiempos de la competencia política.

La reforma no se limita a las PASO. Incluye cambios en la financiación de los partidos, endureciendo controles y prohibiendo ciertas fuentes de aportes, además de introducir la llamada “ficha limpia”, que impediría presentarse a elecciones a personas con condenas en segunda instancia por delitos graves. Este punto, aunque presentado como una medida de transparencia, causa resquemor en los partidos tradicionales, al cruzar el terreno electoral con el judicial.

Otro elemento clave es la implementación obligatoria de la boleta única de papel, un sistema que busca simplificar el acto de votación y reducir costos logísticos. No obstante, su diseño —especialmente la posibilidad de incluir voto por lista completa— abre interrogantes sobre sus efectos en el arrastre electoral y el equilibrio entre fuerzas nacionales y provinciales.

A ello se suman requisitos más exigentes para la creación y mantenimiento de la personería jurídica de los partidos políticos, lo que, según el Ejecutivo, pretende eliminar estructuras sin representación real. Para la oposición, en cambio, puede suponer una reducción de la pluralidad política.

Los partidos miran con recelo la reforma

La lectura política del proyecto es inevitable. Diversos sectores interpretan que la eliminación de las PASO podría dificultar la articulación de alianzas opositoras, al eliminar un espacio institucionalizado para dirimir liderazgos. En ese sentido, la reforma no solo modificará los procedimientos, sino también podría incidir en la dinámica de competencia.

Dirigentes opositores han cuestionado el momento elegido para impulsar estos cambios, señalando que alterar las reglas del sistema a poco más de un año de las elecciones puede generar incertidumbre y favorecer al oficialismo. Entre las voces críticas, figuras del kirchnerismo y el peronismo han defendido la necesidad de ampliar la participación interna en lugar de restringirla, mientras otros legisladores advierten sobre un posible sesgo “oportunista” en la iniciativa.

El trasfondo económico resulta clave para entender el movimiento. Con indicadores económicos adversos y una percepción pública en deterioro, el Gobierno intenta retomar la agenda política con una propuesta estructural que conecta con su discurso original contra “la casta”. En esa lógica, la reforma electoral funciona tanto como herramienta de política pública como instrumento de reposicionamiento narrativo.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo busca abrir una negociación con gobernadores y bloques parlamentarios, como el centroderechista PRO de Mauricio Macro o los radicales de la UCR, consciente de que la aprobación del proyecto requerirá acuerdos amplios. La inclusión de múltiples medidas en un solo paquete legislativo sugiere una estrategia de negociación cruzada, donde cada actor puede encontrar incentivos distintos para apoyar o rechazar la reforma. @mundiario