Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dejará el cargo el próximo 31 de mayo. La confirmación ha llegado de boca del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien lo ha despedido con elogios públicos y el clásico discurso de “mano dura” como garantía de seguridad.
Lyons ha estado al frente del ICE desde marzo de 2025, justo cuando la Administración Trump impulsó una nueva fase de su política migratoria basada en detenciones masivas, deportaciones aceleradas y un mensaje de castigo ejemplarizante. Bajo su liderazgo, la agencia no solo creció, sino que se ensanchó como una maquinaria alimentada por presupuesto, propaganda y urgencia política.
Más recursos, más arrestos y un relato repetido
La reforma fiscal aprobada el verano pasado inyectó fondos históricos al ICE. Con ese dinero, la agencia duplicó su plantilla, amplió la capacidad de camas en centros de detención y elevó las cifras de arrestos hasta máximos nunca vistos. Las deportaciones también aumentaron de forma contundente, con 442.637 expulsiones en el año fiscal 2025, un 63% más que el anterior.
El argumento oficial ha sido insistente: se detiene a “lo peor de lo peor”. Sin embargo, los datos contradicen esa narrativa, ya que la mayoría de los detenidos carecían de antecedentes penales. Esto no es un detalle menor, porque desmonta la idea de que el sistema actúa como bisturí quirúrgico contra criminales peligrosos. En realidad, se parece más a una red lanzada al mar, atrapando todo lo que encuentra, incluidos trabajadores, familias y personas que llevan años asentadas.
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Centros de detención, el lado más oscuro del sistema
La parte más alarmante de este periodo está en las muertes bajo custodia. En 2025 fallecieron al menos 31 personas en centros del ICE, la cifra más alta en dos décadas. En lo que va de 2026 ya han muerto al menos 17. Un informe de la revista médica JAMA señaló que en enero la tasa de mortalidad alcanzó 88,9, casi el doble que el año anterior y por encima incluso del pico de la pandemia.
Detrás de esos números hay denuncias constantes sobre hacinamiento, mala alimentación, higiene insuficiente y atención médica deficiente. Y aquí surge una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué tipo de democracia tolera que un sistema administrativo, no penal, termine convirtiéndose en una antesala de muerte?
La presión sobre Lyons aumentó aún más tras los tiroteos en Minneapolis, donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra un megaoperativo migratorio. Lyons compareció ante el Congreso y no pidió disculpas. Tampoco se desmarcó con claridad del discurso oficial que etiquetaba a las víctimas como “terroristas domésticos”.
Cuando el poder se ejerce sin freno
La dimisión de Lyons, justificada por motivos familiares, llega en un momento en el que el Departamento de Seguridad Nacional intenta lavarse la cara sin cambiar el fondo. Mullin habla de renovación de imagen, pero promete continuar con las deportaciones masivas. Es como pintar una fachada mientras la casa sigue teniendo grietas estructurales.
El problema no es solo quién dirige el ICE, sino el modelo que se ha normalizado: un sistema donde detener es más fácil que investigar, deportar es más rápido que escuchar y encerrar es más rentable que integrar.
Si Estados Unidos quiere hablar de seguridad, debería empezar por distinguir entre justicia y espectáculo. Porque cuando el Estado convierte la migración en una guerra, siempre hay víctimas colaterales. Y demasiadas veces, esas víctimas acaban sin nombre, sin voz y sin regreso. @mundiario
