Bolivia atraviesa uno de sus momentos políticos más delicados desde el final de la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). El presidente Rodrigo Paz ha optado por combinar firmeza institucional y apertura política después de semanas de protestas, bloqueos y enfrentamientos que han puesto en tensión la estabilidad del país andino. Su comparecencia de este miércoles dejó clara una doble estrategia: denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un supuesto intento de “desestabilización” impulsado por el entorno del expresidente Evo Morales y, al mismo tiempo, abrir una vía de negociación con los sectores movilizados mediante cambios en el gabinete y la creación de un Consejo Económico Social.
La decisión refleja el difícil equilibrio que enfrenta el nuevo Ejecutivo boliviano. Paz, dirigente de centroderecha que llegó al poder tras dos décadas de predominio político del MAS, intenta contener una crisis que mezcla descontento social, disputas de legitimidad política y una profunda fractura territorial y económica. El problema para el Gobierno es que las protestas ya han dejado de ser interpretadas únicamente como una reivindicación sectorial, desde La Paz se perciben como un desafío directo a la continuidad institucional del Ejecutivo.
La comparecencia del canciller Fernando Aramayo Carrasco ante la OEA evidenció precisamente esa lectura. El Gobierno boliviano trasladó a los países miembros que los bloqueos de carreteras y las movilizaciones “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social” y persiguen alterar el orden democrático. Bolivia pidió explícitamente respaldo hemisférico para preservar la institucionalidad y condenar las acciones coercitivas que afectan al abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal.
La respuesta internacional mostró que la crisis boliviana ya tiene dimensión geopolítica. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio lanzó un mensaje inusualmente duro al advertir que EE UU no permitirá “que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”. La Casa Blanca alineó así su posición con la defensa del Gobierno de Paz y vinculó el conflicto boliviano con la estabilidad democrática regional.
Ese respaldo estadounidense se suma al expresado días antes por el presidente de Argentina, Javier Milei, consolidando un eje de apoyo internacional al Ejecutivo boliviano frente a las movilizaciones vinculadas al universo político del MAS. En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro se convirtió en la única gran voz regional que mostró receptividad hacia las protestas, lo que derivó en una crisis diplomática entre Bogotá y La Paz. La expulsión mutua de embajadores revela hasta qué punto el conflicto interno boliviano empieza también a dividir posiciones en América Latina.
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Paz se enfrenta a las bases del MAS
Pero más allá del frente internacional, el principal desafío del presidente Paz continúa estando dentro de Bolivia. Su decisión de anunciar cambios ministeriales constituye un reconocimiento implícito de que el Ejecutivo ha perdido capacidad de interlocución con sectores populares históricamente cercanos al MAS. Indígenas aimaras, sindicatos fabriles, mineros y organizaciones campesinas acusan al Gobierno de gobernar demasiado cerca de las élites empresariales y demasiado lejos de las bases sociales.
El propio presidente admitió esa desconexión cuando reconoció públicamente que a su Administración “le ha faltado acercarse a otros sectores”. Esa autocrítica no es habitual en la política boliviana reciente y muestra hasta qué punto el Gobierno entiende que la estabilidad no podrá recuperarse únicamente mediante el control institucional o el respaldo internacional.
La propuesta de crear un Consejo Económico Social apunta precisamente en esa dirección. El organismo pretende reunir periódicamente al Estado, los sectores productivos y los movimientos sociales para formular recomendaciones y debatir reformas estructurales. En el fondo, Paz intenta construir un espacio de mediación permanente que sustituya la lógica de confrontación que ha dominado la política boliviana durante años.
Sin embargo, el margen de maniobra presidencial sigue siendo limitado. Paz, quien apenas lleva poco más de seis meses en el poder, necesita mostrar apertura sin transmitir debilidad. Por eso trazó una línea roja muy clara: no negociará con quienes exigen su dimisión ni con actores a los que acusa de promover actos vandálicos. El mensaje iba dirigido directamente al entorno de Morales, a quien el Gobierno considera el principal impulsor político de la movilización.
La figura del exmandatario continúa condicionando todo el escenario boliviano. Aunque Morales permanece refugiado en la región cocalera del Chapare mientras pesa sobre él una orden de captura por un caso de presunta trata y abuso infantil que él denuncia como persecución política, conserva capacidad de influencia sobre organizaciones sociales y estructuras sindicales históricas. Su sombra sigue proyectándose sobre la política nacional incluso después de perder el control formal del Ejecutivo. @mundiario
