El presidente Aleksandar Vučić ha anunciado una ronda de conversaciones con partidos políticos y otros actores sociales con el objetivo de rebajar la tensión en Serbia. Sin embargo, la iniciativa nace marcada por el escepticismo de una oposición que considera el diálogo una maniobra táctica sin efectos reales, en un contexto de protestas persistentes y creciente presión social.
Vučić ha presentado las conversaciones como una vía para superar el bloqueo político que vive el país desde finales de 2024. La crisis se desencadenó tras el colapso de una infraestructura en Novi Sad que dejó 16 víctimas mortales, un suceso que derivó en un amplio movimiento de protesta contra la corrupción y la gestión gubernamental.
El presidente ha abierto la puerta incluso a elecciones anticipadas, una de las principales demandas de los manifestantes. Sin embargo, buena parte de la oposición rechaza participar porque consideran que no existen condiciones para un proceso democrático real. Líderes como el civista Savo Manojlović consideran que no hay margen para negociar cuestiones básicas como elecciones libres, independencia judicial o autonomía universitaria.
Este rechazo revela una fractura profunda: mientras el Gobierno insiste en el diálogo institucional, sus críticos lo interpretan como un intento de ganar tiempo sin abordar las demandas estructurales.
Las protestas han estado lideradas en gran medida por estudiantes universitarios, que se han convertido en uno de los actores más influyentes del escenario político actual. Las movilizaciones, sostenidas durante más de un año, han articulado un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la defensa de las instituciones.
En este contexto, la relación entre el Ejecutivo y el ámbito académico se ha deteriorado significativamente. La reciente intervención policial en dependencias de la Universidad de Belgrado ha intensificado las tensiones, al ser percibida por sectores críticos como un intento de presión política.
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La polémica intervención policial
La intervención policial en la universidad, motivada por la investigación de la muerte de una estudiante que cayó desde una ventana de la Facultad de Filosofía el 26 de marzo, ha suscitado una intensa polémica. Si bien la Fiscalía defendió el operativo como parte de un procedimiento legal, las autoridades académicas denunciaron la incautación de materiales ajenos al caso.
La policía se incautó de servidores, ordenadores y equipos de videovigilancia. Según el rector, Vladan Đokić, la entrada se produjo sin previo aviso y fue retransmitida en directo por medios oficialistas, lo que calificó de intento de “humillación”.
El director de la policía, Dragan Vasiljević, afirmó que en el registro se hallaron máscaras antigás, walkie-talkies, bengalas, petardos y pancartas de protesta. En este contexto, la entrada policial provocó una protesta inmediata frente al edificio. La policía y la gendarmería utilizaron la fuerza, incluyendo porras y detenciones, para dispersar a los manifestantes que intentaban romper el cordón policial.
La universidad sostuvo que su disposición a colaborar fue “utilizada” con fines ajenos a la investigación, lo que alimentó las sospechas de instrumentalización política contra los manifestantes. Este episodio se produce en paralelo a declaraciones de miembros del Gobierno que cuestionan abiertamente el papel de las instituciones educativas, acusándolas de haberse convertido en plataformas de activismo político.
A la tensión institucional se suma una creciente polarización mediática. Algunos medios afines al Gobierno han señalado a responsables universitarios como culpables indirectos de la muerte de la estudiante, en una narrativa que ha sido replicada por figuras políticas.
Tanto el rectorado como líderes de la oposición, entre ellos Savo Manojlović, sostienen que el Gobierno instrumentaliza una tragedia personal para criminalizar el movimiento estudiantil, que protesta desde hace más de un año contra la corrupción.
La crisis interna se desarrolla en paralelo a los desafíos externos de Serbia. El país mantiene su aspiración de integrarse en la Unión Europea, lo que implica reformas en el sistema judicial, la lucha contra la corrupción y la alineación con políticas comunitarias.
Al mismo tiempo, Belgrado conserva vínculos estrechos con Rusia y China, lo que complica su posicionamiento internacional. Este equilibrio estratégico añade presión sobre el Gobierno, que debe gestionar tanto las demandas internas como las exigencias externas. @mundiario
