Thomas Markle ha pasado de esperar el juicio en libertad vigilada a quedar bajo custodia federal y sin posibilidad de salir bajo fianza. El padre de Meghan Markle, acusado de posesión de pornografía infantil en Estados Unidos, se ha cortado el brazalete electrónico que debía controlar sus desplazamientos. Una decisión que ha cambiado el rumbo de su situación judicial y ha llevado a la jueza Lindsay Griffin a ordenar su ingreso en prisión.
El incidente se produjo durante la madrugada del martes, alrededor de la 1.45 horas, cuando el dispositivo dejó de estar colocado en su cuerpo. La retirada de la pulsera ha sido interpretada por la Fiscalía como un incumplimiento de las condiciones impuestas para permitirle permanecer fuera de prisión mientras avanza la investigación. La respuesta judicial ha sido contundente: revocar esa libertad y mantenerlo detenido sin fianza.
La decisión añade un nuevo episodio a un caso especialmente delicado, tanto por la gravedad de los delitos que se investigan como por las circunstancias personales del acusado. Markle tiene 82 años, utiliza una silla de ruedas tras sufrir la amputación de una pierna y, además, la propia magistrada ha expresado dudas sobre su capacidad mental para afrontar un procedimiento penal.
La retirada del dispositivo cambia las condiciones del proceso
La Fiscalía del distrito central de California ha solicitado que Thomas Markle permanezca encarcelado hasta la celebración del juicio. Su representante, Bill Essayli, explicó públicamente que el brazalete constituía una obligación judicial y no una medida opcional.
En un mensaje publicado en X, el fiscal recordó que el acusado había obtenido el beneficio de la libertad provisional apenas unos días antes y que, a cambio, debía cumplir determinadas restricciones. Entre ellas figuraba la utilización permanente del dispositivo de localización.
La petición de la Fiscalía terminó con una nueva resolución de la jueza Lindsay Griffin, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza. El incumplimiento de las medidas cautelares ha adquirido así un peso determinante en la situación procesal de Markle, independientemente de que todavía no exista una sentencia sobre los delitos que se le atribuyen.
El caso tiene además una particularidad territorial. Aunque el padre de Meghan reside actualmente en Florida, los materiales que forman parte de la investigación fueron localizados en dos trasteros de Los Ángeles, California. Esa circunstancia explica la intervención de las autoridades federales y la posible celebración del juicio en ese estado.
Una investigación que incluye 78 materiales y posibles problemas cognitivos
Las acusaciones contra Thomas Markle se remontan a una denuncia presentada por su hijo mayor, Thomas Markle Jr., desde Filipinas. Según la investigación, las autoridades localizaron 78 elementos de contenido pornográfico en dos espacios de almacenamiento de Los Ángeles, cuyo alquiler se habría mantenido desde 2008.
Entre los materiales mencionados figuran fotografías, diapositivas, negativos y vídeos. El delito de posesión de pornografía infantil del que se le acusa podría acarrear una condena de hasta 20 años de prisión, aunque las penas habituales para este tipo de cargos pueden ser inferiores.
Markle se declaró no culpable después de su detención inicial. En aquel momento, la jueza le permitió esperar el desarrollo del procedimiento fuera de prisión, pero estableció importantes limitaciones: no podía acceder a internet, mantener contacto con menores ni abandonar determinadas zonas geográficas de Florida y California.
A estas restricciones se sumaba el control electrónico de sus movimientos, una medida que ahora ha quedado en el centro de la controversia.
La magistrada también ha solicitado una evaluación médica exhaustiva. Considera que existen motivos razonables para investigar si el acusado presenta algún trastorno mental que pueda afectar a su capacidad para comprender el proceso judicial o colaborar adecuadamente con su defensa.
Por ello, ha ordenado recopilar sus antecedentes médicos, identificar posibles síntomas y realizar pruebas psicológicas y psiquiátricas. Una especialista independiente deberá aportar sus conclusiones antes del 20 de noviembre.
Meghan Markle mantiene la distancia con su padre
Mientras el procedimiento avanza en Estados Unidos, Meghan Markle ha vuelto a quedar vinculada a un escándalo familiar que se suma a años de distanciamiento. La duquesa de Sussex no ha realizado nuevas declaraciones tras el último episodio judicial.
Su posición pública, sin embargo, ya quedó reflejada cuando se conocieron las primeras acusaciones. En octubre, expresó su preocupación por los hechos y recordó que la Policía británica le había comunicado en 2018 la existencia de una carta con señalamientos contra su padre.
Meghan sostuvo entonces que la decisión de mantenerlo alejado de sus hijos respondía a motivos de protección familiar. Una explicación con la que volvió a abordar una ruptura que durante años había alimentado titulares sobre la relación entre ambos.
La situación también ha tenido repercusiones en la agenda pública de los duques de Sussex. Durante su reciente visita a Bruselas, Meghan acompañó al príncipe Enrique al Parlamento Europeo, pero finalmente no pronunció el discurso previsto sobre la seguridad digital de los menores. Fue su marido quien intervino ante la institución.
La coincidencia entre ese compromiso y las acusaciones contra Thomas Markle ha añadido una dimensión especialmente incómoda al episodio: mientras la pareja participaba en un acto relacionado con la protección infantil, el padre de la duquesa afrontaba nuevas consecuencias judiciales por unos delitos que todavía deben ser juzgados.
Thomas Markle, que no acudió a la boda de su hija con el príncipe Enrique en 2018, tampoco ha conocido personalmente a sus nietos, Archie y Lilibet. Ahora, su situación judicial vuelve a situar el conflicto familiar bajo los focos, aunque el futuro inmediato dependerá de las decisiones de los tribunales y de los resultados de las evaluaciones médicas. @mundiario
