La disputa por Groenlandia va mucho más allá de la presencia militar en el Ártico. El anuncio de Donald Trump de impulsar una «exploración masiva» de los recursos naturales de la isla vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: hasta dónde llega la cooperación estratégica con Estados Unidos y dónde empieza la soberanía económica de Groenlandia.
La respuesta de Dinamarca no deja margen para interpretaciones. Washington no tiene derechos preferentes sobre las materias primas groenlandesas, pese al acuerdo de seguridad firmado en septiembre. El mensaje de Copenhague busca evitar que la colaboración militar se confunda con una vía de acceso privilegiado a un territorio cuyos recursos han adquirido un valor creciente en la competencia internacional.
El presidente estadounidense ha anunciado su intención de explorar los yacimientos de petróleo, gas y minerales de Groenlandia, a la que ha llegado a referirse como «nuestra Groenlandia». Sin embargo, sus declaraciones no incluyen detalles sobre licencias, proyectos concretos ni acuerdos que permitan determinar cómo se materializaría esa iniciativa.
El interés tiene una explicación estratégica. La isla alberga depósitos de tierras raras y otros minerales críticos para fabricar componentes electrónicos, desarrollar tecnologías energéticas y producir equipamiento militar. Reducir la dependencia de proveedores extranjeros de estas materias primas es uno de los objetivos de Estados Unidos.
Pero disponer de recursos en el subsuelo no equivale a poder explotarlos de inmediato. Las condiciones climáticas, las grandes distancias y la falta de infraestructuras encarecen los proyectos. Además, Groenlandia dejó de conceder nuevas licencias de exploración de petróleo y gas en 2021 por motivos económicos y medioambientales.
El acuerdo militar no concede derechos sobre las materias primas
El pacto firmado el 22 de septiembre por Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia pretendía reforzar la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte, en un contexto marcado por las pretensiones de Trump sobre la isla.
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El acuerdo contempla una mayor cooperación militar y la posibilidad de ampliar las instalaciones estadounidenses, pero no transfiere la propiedad de los recursos naturales ni establece un acceso preferente para las empresas norteamericanas.
Dinamarca insiste en que el documento respeta la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. Esta distinción resulta esencial: una alianza en materia de defensa no constituye, por sí misma, una autorización para explotar el subsuelo.
Por tanto, cualquier iniciativa empresarial estadounidense tendrá que ajustarse a las normas y los procedimientos aplicables en Groenlandia. Las declaraciones de Trump, sin licencias ni proyectos concretos, no bastan para garantizar el acceso a esos recursos.
Groenlandia, entre la presión estadounidense y el interés europeo
La pugna también refleja la importancia que han adquirido las materias primas críticas en la política internacional. Estados Unidos busca asegurar suministros estratégicos, mientras que la Unión Europea ha reforzado su cooperación con Dinamarca y Groenlandia para impulsar proyectos vinculados a minerales como el molibdeno y el grafito.
Esta competencia plantea un desafío para las autoridades groenlandesas: atraer inversiones y aprovechar su riqueza mineral sin perder capacidad de decisión sobre su territorio y su desarrollo económico.
El desacuerdo evidencia, en definitiva, que la seguridad y los intereses comerciales no son necesariamente lo mismo. Washington considera Groenlandia una pieza relevante para su estrategia ártica, pero Dinamarca recuerda que esa importancia no concede derechos automáticos sobre sus recursos. El desenlace dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse y, sobre todo, de las decisiones que adopten las autoridades competentes. @mundiario
