Trump insiste en su muro fronterizo mientras crece la disputa por los daños ambientales

La frontera entre Estados Unidos y México vuelve a convertirse en un pulso político y judicial. La Administración de Donald Trump ha acudido al Tribunal Supremo para intentar recuperar el permiso para construir el muro en Big Bend, al oeste de Texas, después de que una jueza federal frenara los trabajos. La disputa va más allá de una infraestructura fronteriza: pone sobre la mesa hasta dónde puede llegar el Gobierno para acelerar sus planes de seguridad y qué protecciones pueden quedar al margen cuando decide hacerlo.

El Departamento de Justicia ha presentado un recurso de emergencia para revocar la suspensión dictada el 2 de octubre por la jueza Kathleen Cardone. La resolución afecta a un tramo de aproximadamente 805 kilómetros mientras continúa el procedimiento judicial contra el proyecto.

Para defender su posición, el Ejecutivo se apoya en una ley de 1996 que permite al secretario de Seguridad Nacional eximir determinados requisitos legales relacionados con la construcción de barreras fronterizas. Según el Gobierno, estas facultades son necesarias para evitar cruces irregulares y mantener la eficacia de la estrategia migratoria.

La Administración también advierte de que la ausencia de un muro en Big Bend podría convertir esta zona en una alternativa para quienes encuentren mayores obstáculos en otros puntos de la frontera.

Sin embargo, la jueza considera que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que el Ejecutivo ha sobrepasado sus competencias. El debate jurídico afecta, por tanto, al equilibrio entre las atribuciones del Gobierno federal y los mecanismos que limitan su capacidad para dejar sin efecto otras obligaciones legales.

Big Bend cuestiona la necesidad de extender las barreras

El proyecto también ha abierto una discusión sobre la conveniencia de levantar un muro en una región de desiertos, ecosistemas singulares, patrimonio histórico y terrenos vinculados al río Bravo.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza citados por medios locales sitúan entre el 1% y el 3% la proporción de detenciones de migrantes correspondiente al sector de Big Bend respecto al total registrado anualmente en la frontera suroeste. Esta cifra alimenta las dudas sobre la prioridad que debería tener la zona dentro de la estrategia fronteriza.

No obstante, el porcentaje de detenciones no permite determinar por sí solo qué efecto tendría una barrera ni cómo podrían cambiar las rutas migratorias. Ese es precisamente uno de los argumentos del Gobierno: la presión podría desplazarse hacia los sectores sin infraestructura.

Frente a esta postura, organizaciones conservacionistas, residentes, ganaderos y empresarios locales alertan de los posibles daños a la fauna, los yacimientos arqueológicos, las propiedades privadas y el acceso al río. Entre los demandantes figuran el Center for Biological Diversity, Friends of the Ruidosa Church y el guía fluvial Danny William Miller.

El Supremo decidirá si las obras pueden continuar

La financiación también refleja la importancia que la Casa Blanca concede a su política fronteriza. El Congreso asignó el pasado verano 46.000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional para completar el muro y desarrollar otras infraestructuras. Las primeras secciones en Big Bend comenzaron a instalarse a mediados de septiembre.

Ahora, la decisión del Supremo determinará si los trabajos pueden reanudarse mientras sigue adelante el litigio. Su alcance podría ir más allá de Texas: el fallo ayudará a delimitar el margen del Ejecutivo para recurrir a exenciones legales cuando sus objetivos de seguridad entran en conflicto con las normas ambientales y otras garantías.

La cuestión de fondo es cómo evaluar una infraestructura de gran impacto cuando su necesidad, sus consecuencias y el alcance de las facultades utilizadas para construirla siguen siendo objeto de controversia. @mundiario