El enfrentamiento entre Donald Trump y los medios de comunicación ha adquirido una nueva dimensión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si cinco grandes cadenas de televisión vulneraron la legislación antimonopolio al negarse a cubrir determinados actos presidenciales después de que la Casa Blanca restringiera el acceso de varios medios. El caso enfrenta dos principios que resultan esenciales para el funcionamiento de una democracia: la libertad de información y la aplicación de las normas que regulan la competencia empresarial.
Las cadenas ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News decidieron dejar de participar temporalmente en el sistema de cobertura compartida de los actos de Trump. Este mecanismo, conocido como pool de televisión, permite que un grupo reducido de periodistas grabe acontecimientos presidenciales en espacios con acceso limitado y distribuya después las imágenes al resto de los medios.
La protesta respondió a la decisión de la Administración republicana de vetar el acceso de Politico, CNN y MSNow a determinadas actividades de la Casa Blanca. Trump justificó las restricciones alegando que esos medios ofrecían una cobertura sesgada de su figura.
Sin embargo, la respuesta coordinada de las televisiones ha provocado una investigación federal. Según informó The New York Times, el Departamento de Justicia pretende determinar si la actuación conjunta de las cadenas pudo infringir la Ley Sherman, una norma destinada a combatir los acuerdos que restringen la competencia.
La cuestión jurídica es relevante: que varias empresas actúen al mismo tiempo no demuestra por sí solo una infracción. Será necesario examinar las circunstancias, la naturaleza del acuerdo y su posible efecto sobre la competencia.
El acceso a la Casa Blanca, en el centro del conflicto
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa quién decide qué periodistas pueden cubrir al presidente. El acceso a determinados actos oficiales está condicionado por razones de seguridad y espacio, pero esas limitaciones adquieren otra dimensión cuando afectan a medios por el contenido de sus informaciones.
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Los medios afectados recurrieron judicialmente las restricciones al considerar que vulneraban la libertad de prensa y de expresión, protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Un juez suspendió provisionalmente el veto, lo que permitió recuperar las credenciales de acceso, aunque persistieron limitaciones en la organización de los turnos de cobertura.
La diferencia es importante. Disponer de una acreditación no garantiza necesariamente que un medio pueda participar en todos los mecanismos de acceso compartido. Si la Administración conserva capacidad para decidir quién entra en esas rotaciones, también puede influir en las condiciones en las que se distribuye la información sobre sus propias actividades.
Un precedente con consecuencias para el periodismo
La investigación se suma a otros enfrentamientos entre Trump y medios como Associated Press, al que la Casa Blanca apartó del pool por su decisión de mantener el nombre de golfo de México frente a la denominación de golfo de América impulsada por el presidente. También se han producido litigios y medidas contra organizaciones periodísticas durante su mandato.
El resultado de la investigación antimonopolio puede tener consecuencias que vayan más allá de las cinco cadenas implicadas. Si las autoridades concluyen que existió una coordinación ilegal, el caso podría afectar a la manera en que los medios organizan sus respuestas colectivas. Si no encuentran pruebas suficientes, quedará de nuevo sobre la mesa el debate acerca del uso de los instrumentos estatales en disputas con la prensa.
La clave no consiste únicamente en determinar si las televisiones actuaron legalmente. También importa garantizar que las normas de competencia no se conviertan en un instrumento para condicionar la cobertura informativa y que las protestas periodísticas no queden al margen de la legislación aplicable.
En una democracia, ni los medios están por encima de la ley ni el poder político debería decidir qué informaciones merecen acceso a la ciudadanía. La investigación deberá aclarar si hubo una infracción empresarial, pero el conflicto ya evidencia la fragilidad del equilibrio entre las instituciones, la prensa y el derecho del público a conocer lo que hace su presidente. @mundiario
