Ultimátum en las calles a Rama: los disturbios sacuden Albania, pero el primer ministro se niega a dimitir

Albania afronta una de sus crisis políticas y sociales más agudas de los últimos años tras encadenar su séptimo día consecutivo de protestas masivas en la capital. Este lunes, 19 de octubre de 2026, la agitación civil escaló a un nivel crítico cuando un grupo de manifestantes encapuchados atacó e incendió la sede del Tribunal de Apelación de Tirana, destrozando los cristales y prendiendo fuego al interior de la primera planta antes de dispersarse. Esta agresión institucional se suma al incendio provocado días antes en el Supremo y a los asaltos contra sucursales bancarias, cajeros y mobiliario urbano, consolidando una ola de disturbios que ha forzado al comité organizador a expandir los paros universitarios a otras urbes clave como Elbasan, Shkodër, Vlorë y Lezhë.

El estallido social, abanderado originalmente por decenas de miles de estudiantes de secundaria y universitarios, comenzó el pasado 13 de octubre frente a la sede del Ministerio de Educación. No obstante, el descontento rápidamente aglutinó a amplios sectores de la población debido al encarecimiento del coste de vida, el desempleo juvenil, las elevadas tasas universitarias y sistemáticas denuncias de corrupción pública. Asimismo, el foco de la indignación también apunta contra un controvertido proyecto inmobiliario de lujo vinculado a capitales extranjeros en zonas protegidas.

Las jornadas matutinas, concebidas inicialmente como boicots estudiantiles y marchas pacíficas, se han degradado de forma sistemática hacia la tarde en violentas batallas campales en las inmediaciones del Ministerio del Interior y el Parque Rinia. Allí, grupos de manifestantes radicales recurren al uso de cócteles molotov, fuegos artificiales, bloques de hormigón y piedras contra las barricadas policiales.

Ante la magnitud de los disturbios, las fuerzas antidisturbios han respondido con tácticas de dispersión severas, empleando gases lacrimógenos, proyectiles de goma y camiones con cañones de agua de forma ininterrumpida. El saldo provisional de la crisis ya registra decenas de heridos —incluyendo agentes policiales, menores de edad y periodistas— y más de una veintena de detenciones civiles. La gravedad de la situación ha provocado que la Dirección General de Ampliación de la Comisión Europea emita un comunicado de condena contra el vandalismo y los ataques a las instituciones del Estado. A pesar de la presión internacional y de las exigencias directas de la multitud, el primer ministro socialista Edi Rama ha descartado rotundamente presentar su dimisión.

Rama acusa a los partidos de la oposición de instrumentalizar políticamente la frustración juvenil y advierte que la violencia imperante pone en serio riesgo el histórico proceso de adhesión de Albania a la Unión Europea. En una intervención pública, el dirigente volvió a atribuir la escalada a una supuesta intervención exterior y defendió que el futuro político de Albania no debe decidirse en la calle. La crisis, sin embargo, ya desborda la protesta universitaria: ha reunido reivindicaciones contra la corrupción, el coste de la vida, las oportunidades laborales y la gestión de los recursos naturales. EFE informó del incendio del tribunal y del aumento de los enfrentamientos.

Las manifestaciones comenzaron el martes con demandas relacionadas con las condiciones de las universidades, las elevadas tasas de matrícula y la falta de recursos educativos. En pocos días, las consignas se ampliaron hasta incorporar acusaciones de corrupción, críticas al funcionamiento de las instituciones y llamamientos a la dimisión de Rama, en el poder desde 2013 y reelegido para un cuarto mandato en 2025.

La respuesta policial ha contribuido a elevar la tensión. Durante las últimas jornadas, los manifestantes han lanzado piedras, petardos y cócteles molotov contra agentes y edificios públicos. Se han incendiado contenedores, dañado comercios y atacado sedes institucionales, incluida una comisaría y dependencias del Ministerio del Interior. El domingo, los enfrentamientos dejaron 28 heridos, entre ellos 19 policías, cuatro manifestantes, cuatro transeúntes y un periodista, según el Ministerio de Sanidad citado por AFP y Euronews.

El balance acumulado ha aumentado con rapidez. EFE informó el lunes de 303 heridos durante los seis primeros días de altercados, incluidos 190 agentes, así como de más de 240 manifestantes detenidos y más de 400 personas investigadas penalmente. Las cifras pueden cambiar conforme las autoridades actualicen los datos y avancen las investigaciones.

La magnitud de los daños y los ataques contra instituciones judiciales han desplazado parte del debate hacia el orden público. La Policía sostiene que los ataques ponen en peligro tanto a los agentes como a las personas que permanecen bajo custodia. Los manifestantes, por su parte, mantienen sus críticas al Gobierno y denuncian que sus reclamaciones llevan meses sin recibir una respuesta satisfactoria. Es importante distinguir entre quienes participan pacíficamente en las movilizaciones y quienes cometen actos violentos: no representan necesariamente a los mismos grupos ni comparten idénticos objetivos.

La «Revolución de los Flamencos» y el proyecto turístico que encendió la crisis

Para entender por qué la protesta ha adquirido semejante dimensión hay que remontarse a mayo, cuando activistas medioambientales y ciudadanos comenzaron a movilizarse contra un megaproyecto turístico vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y a su esposa, Ivanka Trump.

La iniciativa contempla un complejo de lujo en la costa adriática, con actuaciones previstas en la isla de Sazan y en el entorno de la laguna de Vjosa-Narta, una zona de especial valor ecológico. El proyecto, presentado por sus promotores como una oportunidad para atraer inversión internacional y desarrollar el turismo de alto nivel, ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre los hábitats protegidos, las aves migratorias y otros elementos de la biodiversidad.

Los críticos cuestionan también la transparencia de los procedimientos, el régimen legal que permitiría construir en áreas anteriormente protegidas y la rapidez con la que el Ejecutivo impulsa las autorizaciones. La polémica ha alimentado sospechas sobre posibles conflictos de intereses, aunque esas acusaciones deben distinguirse de los hechos acreditados y de las investigaciones que puedan estar abiertas.

El movimiento conocido como la «Revolución de los Flamencos» empezó centrado en la defensa del medioambiente, pero terminó conectando con una desconfianza más amplia hacia el poder político. Para muchos de sus participantes, el proyecto simboliza una pregunta que trasciende la construcción de un complejo hotelero: quién decide el futuro del territorio y hasta qué punto las instituciones escuchan a los ciudadanos cuando están en juego inversiones de gran magnitud.

El Gobierno defiende que la iniciativa puede impulsar la economía y generar oportunidades. Los opositores sostienen que el crecimiento turístico no justifica rebajar las garantías ambientales ni acelerar procedimientos que deberían contar con evaluaciones rigurosas. La disputa se ha convertido así en un símbolo de las tensiones entre desarrollo económico, protección de la naturaleza y transparencia institucional. The Guardian recoge las críticas de eurodiputados y organizaciones medioambientales, así como la defensa del proyecto por parte del Ejecutivo albanés.

Rama se atrinchera y atribuye los disturbios a fuerzas extranjeras

Ante la presión, Rama ha descartado dimitir y ha acusado a actores extranjeros de intentar desestabilizar Albania. En sus declaraciones ha aludido a una supuesta «mano extranjera» y ha señalado la posible intervención de redes de desinformación procedentes de Rusia e Irán, además de responsabilizar a sectores radicales. Las autoridades también investigan amenazas de bomba enviadas por correo electrónico a instituciones estatales.

Por ahora, las acusaciones de injerencia no deben confundirse con una demostración pública de que esas redes hayan organizado los disturbios. La existencia de mensajes extranjeros que celebran la violencia, o de sospechas de actividad digital, no prueba por sí sola una dirección operativa de las protestas. Para establecer responsabilidades se necesitan evidencias verificables y conclusiones de las investigaciones.

Rama ha intentado presentar la crisis como un riesgo para la integración europea, no para la continuidad de su Gobierno. Albania aspira a incorporarse a la Unión Europea y ha fijado 2030 como horizonte político para su adhesión. El primer ministro sostiene que la violencia puede perjudicar ese objetivo y que las diferencias deben resolverse mediante los mecanismos institucionales.

La oposición, los estudiantes y los activistas, sin embargo, cuestionan que las instituciones respondan adecuadamente a las denuncias de corrupción y a las reclamaciones sociales. La negativa a dimitir puede proyectar una imagen de firmeza entre sus partidarios, pero también alimenta la percepción de que el Ejecutivo no está dispuesto a hacer concesiones ante una movilización que ha ampliado sus objetivos.

La Comisión Europea ha condenado el uso de la violencia en Tirana y otras ciudades, al tiempo que ha defendido el derecho a la protesta pacífica y pedido una respuesta proporcionada de las autoridades. La posición europea refleja una dificultad: respaldar la estabilidad institucional de un país candidato sin ignorar las controversias sobre el Estado de derecho, la corrupción y la protección ambiental.

La adhesión a la UE exige avances en materia de justicia, controles institucionales, transparencia y cumplimiento de las normas ambientales. El Parlamento Europeo ya había expresado preocupación por el proyecto turístico y por los cambios legislativos que podrían facilitar construcciones en áreas sensibles. Si la polémica se prolonga, la capacidad del Gobierno para demostrar que sus decisiones respetan las reglas europeas puede convertirse en parte del examen político de Albania.

Bruselas también debe evitar que la condena de los disturbios se interprete como un respaldo automático a todas las decisiones del Ejecutivo. La violencia contra agentes, ciudadanos o edificios públicos requiere una respuesta legal, pero las denuncias sobre corrupción, falta de transparencia o posibles daños ambientales deben examinarse por sus propios méritos. @mundiario