La regularización de inmigrantes en España provoca nuevas advertencias desde el norte de Europa

El Gobierno de Suecia ha expresado su preocupación por la iniciativa española destinada a dar una solución administrativa a alrededor de 1,2 millones de personas en situación irregular. Kristersson considera que este tipo de medidas pueden enviar señales equivocadas en un contexto en el que varios países comunitarios reclaman un mayor control de las fronteras exteriores.

En una entrevista con Financial Times, el dirigente sueco recordó la crisis migratoria de 2015 como un ejemplo de los riesgos que, a su juicio, deben evitarse. Según su análisis, una relajación de las políticas nacionales podría provocar nuevos movimientos hacia los países del norte de Europa, donde existe una fuerte presión política sobre la gestión migratoria.

El primer ministro sueco aseguró además que ya trasladó sus objeciones al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aunque la regularización aprobada por España únicamente concede derechos de residencia y trabajo dentro del territorio nacional y no implica automáticamente libertad de establecimiento en otros Estados miembros.

Italia y Dinamarca también endurecen su discurso

Las críticas de Estocolmo llegan después de que Italia y Dinamarca reclamaran una postura más estricta frente a la inmigración irregular. Sus gobiernos han relacionado la llegada descontrolada de personas con problemas de seguridad y con una mayor presión sobre servicios públicos, un argumento que forma parte del debate político creciente en varios países europeos.

Este posicionamiento refleja una división dentro de la Unión Europea. Mientras algunos gobiernos defienden vías de integración y regularización como herramientas para ordenar la realidad migratoria existente, otros consideran que pueden actuar como un incentivo para nuevos flujos de llegada.

España sostiene que la regularización busca aflorar una situación ya existente, incorporar trabajadores al mercado laboral y mejorar la gestión administrativa. Sus defensores argumentan que las personas que obtienen permisos pasan a contribuir mediante impuestos y cotizaciones, además de reducir la economía sumergida.

La batalla por una política migratoria común

El enfrentamiento evidencia uno de los grandes desafíos pendientes de la Unión Europea: lograr una política migratoria compartida que combine control fronterizo, cooperación internacional e integración social.

Kristersson insiste en que los países europeos deben avanzar hacia normas más coordinadas y evitar decisiones nacionales que puedan tener consecuencias para el conjunto del continente. Sus declaraciones también se producen en un escenario político interno marcado por las próximas elecciones suecas y por la influencia del partido Demócratas de Suecia, formación de derecha radical cuyo apoyo puede resultar clave para la gobernabilidad.

El debate migratorio seguirá ocupando un lugar central en la agenda europea. La cuestión de fondo no solo afecta al número de llegadas, sino también a cómo repartir responsabilidades entre Estados miembros y qué modelo de integración quiere impulsar la Unión Europea en los próximos años. @mundiario