La adquisición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abre un nuevo debate sobre el uso de la fuerza durante las actuaciones migratorias. La agencia ha adjudicado un contrato de 16,7 millones de dólares para hacerse con 6.000 pares de guantes eléctricos, un dispositivo que puede pasar desapercibido hasta que el agente activa su función de descarga.
El acuerdo, concedido sin concurso a Compliant Technologies LLC, incluye los guantes, equipos asociados y servicios durante seis meses. Cada par está valorado en unos 2.495 dólares. El dispositivo recibe el nombre de G.L.O.V.E., por las siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter.
Una herramienta que cambia el debate sobre la fuerza
A simple vista, los guantes funcionan como una prenda convencional. La diferencia aparece cuando el agente pulsa un botón y entra en contacto directo con la piel de una persona. En ese momento puede generar una descarga eléctrica destinada a provocar dolor y facilitar el control físico.
El ICE los define como dispositivos de «distracción y desescalada» y plantea emplearlos durante arrestos, traslados de detenidos o situaciones de tensión en torno a centros de detención.
La agencia sostiene que contar con esta opción podría reducir los enfrentamientos físicos y evitar recurrir a medios potencialmente más peligrosos. El argumento parte de una idea sencilla: disponer de una herramienta intermedia permitiría controlar una situación antes de que escale.
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Sin embargo, precisamente esa capacidad plantea el principal interrogante. Al tratarse de un dispositivo integrado en un guante, su utilización puede resultar menos visible que otras herramientas de control, lo que hace especialmente relevante saber cuándo, cómo y bajo qué condiciones puede activarse.
Senadores y organizaciones civiles exigen más controles
La compra ha generado críticas entre legisladores demócratas y grupos de derechos civiles. La senadora Catherine Cortez Masto, junto a otros 15 miembros del Senado, reclamó al ICE que cancele el acuerdo y cuestionó que la agencia esté preparada para incorporar una tecnología capaz de causar dolor durante arrestos civiles.
Los senadores reclamaron información pública sobre la formación de los agentes, los límites de utilización y la manera en que se registrará cada incidente. Su preocupación se centra en que una herramienta de este tipo pueda utilizarse sin una supervisión suficientemente estricta.
La ACLU también ha rechazado la adquisición y considera especialmente preocupante que los guantes permitan aplicar una descarga sin que el dispositivo sea fácilmente identificable como una herramienta de control.
California intenta adelantarse a una posible polémica
El debate ya ha llegado a los legisladores estatales. En California se ha impulsado de emergencia el proyecto AB 2760, que pretende impedir el uso de dispositivos capaces de producir descargas eléctricas por parte de agentes federales y cuerpos policiales estatales y locales, además de bloquear su compra con fondos estatales.
La iniciativa refleja una preocupación que va más allá de los propios guantes: cómo regular nuevas tecnologías de uso de la fuerza antes de que aparezcan casos polémicos.
El ICE, por su parte, defiende que sus agentes reciben formación en técnicas de desescalada y asegura que el uso del dispositivo estará sujeto a sus políticas y procedimientos. El manual del fabricante recomienda dar a la persona una oportunidad razonable para obedecer y desaconseja utilizar las descargas como castigo o contra determinados colectivos vulnerables.
El problema es que los documentos conocidos hasta ahora no detallan con precisión las salvaguardas que acompañarán al despliegue de los 6.000 pares. Y ahí se encuentra la cuestión central: no solo qué puede hacer la tecnología, sino quién decide cuándo utilizarla y qué consecuencias tendrá si se emplea de forma indebida. @mundiario
