Con las elecciones de medio mandato cada vez más cerca, el debate migratorio ha alcanzado un escenario especialmente sensible: los lugares donde los ciudadanos acuden a ejercer su derecho al voto.
La ciudad y el condado de Denver, junto con LULAC, Common Cause y UnidosUS, han presentado una demanda ante un tribunal federal de Washington D.C. contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y varios responsables de ambas instituciones.
Los demandantes pretenden que la Administración de Donald Trump no pueda enviar agentes federales armados a centros donde se emitan o recojan votos, salvo en los supuestos que permita expresamente la legislación.
El conflicto surgió después de unas declaraciones realizadas el 1 de septiembre por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Aunque aseguró que el ICE no tiene previsto patrullar los centros electorales, dejó abierta la posibilidad de que sus agentes acudan si existe una amenaza o necesitan ejecutar una orden judicial.
Una antigua ley vuelve al centro del debate
La cuestión jurídica gira alrededor de una norma federal aprobada hace más de 150 años, durante los últimos meses de la Guerra Civil estadounidense.
La legislación establece restricciones a la presencia de tropas o agentes federales armados en lugares donde se celebran elecciones. Su finalidad histórica fue evitar que el poder federal utilizara la fuerza para condicionar el proceso electoral.
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Para las organizaciones que han presentado la demanda, permitir que agentes del ICE entren en un centro de votación para detener o interrogar a una persona por motivos migratorios podría entrar en conflicto con esa prohibición.
El argumento va más allá de determinar si un agente puede cruzar físicamente la puerta de un colegio electoral. Los demandantes sostienen que una operación migratoria visible podría alterar el comportamiento de los ciudadanos y generar un efecto disuasorio entre quienes tengan miedo de acudir a votar.
El temor a que la presencia policial cambie la participación
Denver y los grupos de derechos civiles también citan episodios ocurridos durante este año para defender que el riesgo no sería meramente hipotético.
Según la demanda, en mayo agentes armados rodearon el aparcamiento de un centro de votación de San Antonio para detener a una persona, aunque finalmente abandonaron el lugar después de que interviniera el sheriff del condado. Un mes después, agentes del ICE entraron en un centro electoral de Syracuse, Nueva York, para interrogar a una voluntaria por una publicación en redes sociales, de acuerdo con los demandantes.
La Administración Trump, por su parte, niega que exista un plan específico para desplegar agentes armados en los centros de votación. Tampoco hay, según el presidente del Estado Mayor Conjunto, planes para enviar tropas o miembros de la Guardia Nacional a esos lugares.
La batalla judicial llega justo antes de que algunos Estados comiencen sus primeras votaciones anticipadas, previstas para finales de septiembre. Las elecciones legislativas están fijadas para el 3 de noviembre, por lo que los demandantes quieren que el tribunal se pronuncie antes de que aumente la actividad electoral. @mundiario
