El día que Afganistán volvió atrás: cinco años bajo el poder de los talibanes

El 15 de agosto de 2021 Afganistán cambió de rumbo en cuestión de horas. Mientras miles de personas intentaban alcanzar el aeropuerto de Kabul para escapar del país, los talibanes entraban en la capital y recuperaban el control que habían perdido dos décadas antes. Para Fawzia Koofi, expresidenta del Parlamento afgano y una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos de las mujeres, aquel día fue mucho más que una derrota política: fue el regreso de una pesadilla que parecía superada.

Koofi había vivido la violencia talibán en primera persona. Un año antes de la caída de Kabul, el 14 de agosto de 2020, varios hombres armados intentaron asesinarla cuando formaba parte del equipo afgano que negociaba un posible acuerdo de paz con los insurgentes. Sobrevivió al ataque, pero no pudo evitar ver cómo, apenas doce meses después, el movimiento al que intentaban convencer mediante el diálogo volvía a imponer su autoridad sobre millones de personas.

Cinco años después, Afganistán se ha convertido en uno de los símbolos más evidentes de los límites del poder internacional. La intervención liderada por Estados Unidos comenzó en 2001 con el objetivo de expulsar a los talibanes tras los atentados del 11-S y evitar que el país volviera a servir de refugio para organizaciones terroristas. Sin embargo, dos décadas de presencia militar, miles de millones de euros invertidos y un enorme esfuerzo diplomático terminaron con una retirada acelerada y el retorno del mismo grupo que Occidente pretendía derrotar.

La velocidad de la reconquista sorprendió al mundo, pero para algunos expertos no fue un fenómeno inesperado. Durante los últimos años antes de su regreso, los talibanes no solo mantuvieron una ofensiva militar constante, sino que también construyeron redes de control territorial y sustituyeron en muchas zonas al propio Estado afgano. La corrupción, la fragilidad institucional y la falta de confianza de una parte de la población en el Gobierno facilitaron que el grupo integrista se presentara como una alternativa de poder.

Una promesa de cambio que terminó en una vuelta al pasado

Cuando los talibanes ocuparon Kabul en 2021, algunos gobiernos occidentales mantuvieron la esperanza de que el movimiento hubiera evolucionado. Las negociaciones mantenidas durante años en Doha alimentaron la idea de que el nuevo régimen podría ser menos radical que el emirato instaurado en los años noventa.

La realidad fue muy distinta. Bajo el liderazgo de Hibatullah Akhundzada, una figura prácticamente invisible para la población —con escasas apariciones públicas desde la toma del poder—, Afganistán ha vivido una progresiva reducción de libertades. Las mujeres y las niñas han sido las principales víctimas de esta transformación: se les ha limitado el acceso a la educación, al trabajo y a numerosos espacios de la vida pública.

Para Fawzia Koofi, el país atraviesa “el periodo más oscuro” de su historia reciente. Su diagnóstico coincide con el de numerosas organizaciones internacionales, que denuncian detenciones arbitrarias, desapariciones, restricciones contra periodistas y una aplicación extrema de normas religiosas que han devuelto al país prácticas que parecían enterradas.

El contraste entre la promesa de estabilidad y la realidad cotidiana es una de las grandes contradicciones del Afganistán actual. Aunque el régimen asegura haber pacificado el territorio y reducido la actividad de grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, esa relativa seguridad se ha construido sobre un modelo basado en la represión y la ausencia de derechos fundamentales.

Un país atrapado entre el hambre y el aislamiento

La crisis afgana no solo es política. La economía se encuentra debilitada por la retirada de la ayuda internacional, el aislamiento financiero y la congelación de activos del banco central afgano. Millones de ciudadanos dependen hoy de la asistencia humanitaria para sobrevivir, mientras una parte importante de la población lucha contra la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria.

El regreso forzado de millones de afganos desde países vecinos ha agravado todavía más la presión sobre un país con pocos recursos. Familias enteras han vuelto sin vivienda, empleo o redes de apoyo, aumentando la fragilidad social en un territorio ya golpeado por décadas de guerra.

La exclusión de las mujeres también tiene un coste económico enorme. La prohibición de su participación plena en la sociedad no solo supone una violación de derechos, sino que limita el crecimiento de un país que necesita urgentemente talento, formación y actividad laboral para reconstruirse.

Occidente ante el dilema afgano

Cinco años después de la retirada, la comunidad internacional se enfrenta a una difícil contradicción. La mayoría de países rechaza reconocer oficialmente al régimen talibán por su historial de abusos, pero al mismo tiempo mantiene contactos con sus autoridades para gestionar cuestiones como la ayuda humanitaria, la seguridad regional o la migración.

La situación plantea una pregunta incómoda: ¿es posible ayudar a la población afgana sin fortalecer a un régimen que vulnera sus derechos? Para activistas como Koofi, cualquier negociación debe incluir a todos los sectores de la sociedad afgana y no convertirse en una aceptación silenciosa del sistema impuesto por los talibanes.

El futuro de Afganistán sigue siendo incierto. La oposición interna intenta reorganizarse, mientras crecen las tensiones con países vecinos y persisten las amenazas de grupos armados rivales. Pero, por ahora, los talibanes continúan controlando el país y administrando una victoria que para millones de afganos representa una derrota histórica.

Cinco años después de aquella imagen de Kabul tomada por los insurgentes, Afganistán sigue recordando una de las mayores paradojas del siglo XXI: una guerra que costó billones, una intervención internacional de dos décadas y un enorme despliegue político y militar acabaron dejando al país de nuevo bajo el dominio de quienes Occidente había intentado expulsar. @mundiario