El plan de Meloni para las escuelas: cuotas a extranjeros, veto al burka y deberes para padres

Giorgia Meloni ha vuelto a colocar la inmigración, la integración y la identidad cultural en el centro del debate político italiano, pero esta vez el escenario elegido ha sido la escuela. La primera ministra anunció el domingo, durante la fiesta Fenix de Gioventù Nazionale, las juventudes de Hermanos de Italia, un paquete legislativo que pretende establecer por ley un número máximo de alumnos extranjeros por clase, imponer el aprendizaje del italiano a los padres de estudiantes extranjeros con graves dificultades de integración escolar y prohibir el burka y el niqab en los centros educativos. El Gobierno trabaja para presentar el proyecto en el próximo Consejo de Ministros, previsiblemente mediante un proyecto de ley de iniciativa gubernamental.

La intervención de Meloni fue explícita al explicar la filosofía política que hay detrás de la reforma. “No existe que en una clase italiana a sentirse en un rincón sean niños italianos porque se han convertido en la minoría”, afirmó. La primera ministra vinculó así la distribución de los alumnos con la capacidad de integración del sistema educativo y sostuvo que el problema aparece cuando quienes todavía no dominan el italiano alcanzan una proporción elevada dentro de un aula. Para Meloni, la escuela debe enseñar lengua, cultura y normas italianas como instrumentos de integración.

Aquí aparece uno de los elementos más relevantes para entender la propuesta. Italia ya contaba con un límite orientativo del 30% de alumnos extranjeros por clase. El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, explicó días antes del anuncio de Meloni que ese porcentaje estaba previsto en una circular y que, según el Gobierno, nunca se había aplicado de manera efectiva. La intención ahora es trasladar el principio a una norma con rango legal y establecer mecanismos para que las oficinas escolares regionales puedan distribuir a los estudiantes entre diferentes centros.

Por tanto, no se trata simplemente de inventar un nuevo porcentaje. El cambio consiste en intentar transformar un criterio administrativo de aplicación limitada en una obligación legal acompañada de instrumentos de coordinación territorial. Valditara ha defendido que el objetivo es evitar las llamadas “escuelas gueto” y ha puesto como ejemplo las aulas donde una proporción muy elevada de estudiantes todavía no habla italiano. El Gobierno afirma además que ha contratado mil docentes destinados a la enseñanza del italiano a alumnos extranjeros recién llegados.

El problema aparece cuando se pasa del principio a la realidad. Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos, considera que desde el punto de vista pedagógico la cuestión puede plantearse, pero advierte de que aplicarla técnicamente resulta mucho más complicado. Los colegios deben escolarizar a los niños de su zona, especialmente en infantil y primaria. Si un barrio concentra una elevada población extranjera, limitar las matrículas obliga a decidir dónde se escolarizan esos menores. “¿Los mandamos fuera?”, es la cuestión planteada por Giannelli.

Ese es probablemente el principal desafío de la reforma: la demografía no puede modificarse mediante una norma escolar. Para redistribuir alumnos hacen falta plazas en otros centros, transporte, coordinación entre colegios y una planificación territorial que tenga en cuenta dónde viven las familias. De lo contrario, el límite puede terminar desplazando el problema de un aula a otra.

No todos los alumnos extranjeros tienen el mismo perfil

La discusión también tropieza con una cuestión estadística. Alrededor del 11,6% de los estudiantes italianos no tiene ciudadanía italiana, según los datos citados por Reuters. Pero esa categoría incluye realidades muy diferentes: un recién llegado que no domina el idioma y un menor nacido en Italia que ha realizado toda su escolarización en el sistema italiano aparecen administrativamente dentro del mismo grupo de “alumnos extranjeros”.

Precisamente por eso, el debate parece desplazarse desde la nacionalidad hacia el dominio del idioma. Las informaciones publicadas en Italia apuntan a que el futuro mecanismo podría concentrarse especialmente en estudiantes que no poseen un conocimiento suficiente del italiano, en lugar de aplicar mecánicamente el porcentaje a cualquier alumno sin ciudadanía italiana. El diseño definitivo será determinante para conocer el verdadero alcance de la reforma.

Meloni ha añadido otro elemento: los padres de alumnos extranjeros con graves problemas de integración escolar tendrán que aprender italiano. La medida pretende ampliar la responsabilidad de la integración al entorno familiar, aunque todavía deberán concretarse cuestiones esenciales: quién determinará que existe una “grave dificultad”, qué nivel de idioma será exigido, cómo se impartirán los cursos y qué ocurrirá si los progenitores no los realizan.

Burka y niqab: un debate diferente

La segunda parte de la reforma tiene una naturaleza distinta. Meloni ha defendido que en la escuela se debe acudir con el rostro descubierto y ha relacionado la prohibición del burka y el niqab con la igualdad entre hombres y mujeres. En su discurso afirmó: “La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable”.

Aquí conviene distinguir entre velo islámico y velo integral. El burka y el niqab cubren el rostro, mientras que el hiyab deja la cara visible. En las primeras declaraciones de Meloni y de ANSA apareció también la referencia al hiyab, pero las informaciones posteriores sobre el proyecto gubernamental se han centrado principalmente en la prohibición del burka y el niqab dentro de las escuelas.

Italia ya dispone de normas sobre ocultación del rostro en espacios públicos, aunque su aplicación ha generado interpretaciones y excepciones relacionadas, entre otras cuestiones, con la identificación de las personas. El Gobierno pretende ahora establecer una prohibición específica en el ámbito educativo, lo que trasladaría la discusión directamente a los colegios y a la relación entre libertad religiosa, normas escolares y seguridad.

Por su parte, los directores de centros han puesto el foco principalmente en la dificultad práctica de aplicar el límite, mientras los sindicatos han advertido de posibles problemas relacionados con el derecho a la educación. Giannelli, pese a considerar comprensible el objetivo pedagógico, ha insistido en que una escuela no puede simplemente rechazar a los niños que viven en su área porque se haya alcanzado un determinado porcentaje.

El choque por las nuevas medidas educativas en Italia refleja la profunda fractura entre el bloque soberanista y la oposición progresista. El Partido Democrático ha acusado a la coalición gobernante de instrumentalizar la escuela pública. La líder opositora Elly Schlein ha tachado la propuesta de «propaganda inaplicable», aludiendo a que los directores de escuelas en barrios con alta densidad de población migrante carecen de recursos de transporte o personal para redistribuir alumnos. Frente a estas críticas, el titular de la cartera de Educación, Giuseppe Valditara, ha contraatacado asegurando que la izquierda promueve un «falso igualitarismo». Según el ministro, oponerse a una redistribución equilibrada condena a los alumnos no nativos a una concentración excesiva que lastra su aprendizaje del italiano y sabotea la verdadera inclusión.

La división revela que el debate italiano ya no gira únicamente alrededor de cuántos alumnos extranjeros puede haber en una clase. La discusión es más amplia: cómo integrar a una población escolar cada vez más diversa sin convertir la nacionalidad en el principal criterio de organización educativa y, al mismo tiempo, cómo evitar que determinadas escuelas queden sometidas a una concentración de alumnos con necesidades lingüísticas y educativas superiores a las que pueden atender con sus recursos.

Meloni ha presentado la reforma dentro de un programa educativo más amplio, que incluye cambiar la denominación de los centros de formación técnica y profesional para reforzar su consideración como itinerarios educativos de igual valor. También reivindicó un fondo ordinario universitario de 9.400 millones de euros. Pero el anuncio que ha dominado la reacción política es el relativo a inmigración, idioma y vestimenta religiosa. (ANSA.it)

El próximo paso será jurídico y práctico. Si el Consejo de Ministros presenta finalmente el proyecto, habrá que conocer el porcentaje exacto, a quién se aplicará, qué excepciones tendrá, cómo se redistribuirán los alumnos y qué consecuencias tendrá para los centros que no puedan cumplirlo. En el caso del burka y el niqab, será igualmente necesario conocer el alcance preciso de la prohibición y su encaje con las normas italianas existentes.

Por ahora, lo que existe es un anuncio político respaldado por el Gobierno y acompañado de un debate intenso en Italia. La verdadera dimensión de la reforma no estará tanto en el discurso de Meloni como en el texto legal que llegue al Parlamento y, sobre todo, en la capacidad del sistema educativo italiano para aplicar sus principios sin convertir una cuestión de integración en un problema adicional de escolarización. @mundiario