El Ministerio del Interior de Francia ha dictado una orden de expulsión inmediata contra la periodista rusa Xenia Fedorova, acusándola de actuar como «vehículo de desinformación» y de atentar contra los intereses fundamentales del Estado. La resolución contra la comunicadora de 45 años pone fin a meses de controversia política en el Elíseo tras revelarse que poseía un permiso de residencia por diez años.
Aunque la filial RT France que ella dirigía fue clausurada por las sanciones de la Unión Europea, las autoridades argumentan que Fedorova continuaba reproduciendo íntegramente la propaganda del Kremlin en sus apariciones habituales en medios privados locales como la televisora CNews y la emisora radiofónica Europe 1.
El caso plantea una compleja discusión que atraviesa a muchas democracias occidentales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania: dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza una operación de influencia extranjera destinada a modificar la opinión pública.
Xenia Fedorova, de 45 años, dirigió RT France hasta 2022, cuando la Unión Europea prohibió la emisión del canal ruso como parte de las sanciones adoptadas contra medios vinculados al Kremlin tras la invasión de Ucrania. Bruselas justificó entonces la medida al considerar que RT funcionaba como una «herramienta de comunicación estratégica» del Estado ruso y que difundía contenidos exclusivamente destinados a apoyar los objetivos políticos de Moscú.
Tras el cierre de RT France, Fedorova no desapareció del espacio mediático francés. Continuó participando como comentarista en medios del grupo del empresario Vincent Bolloré, entre ellos la cadena de televisión CNews, la radio Europe 1 y el semanario Le Journal du Dimanche.
Los informes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI) sostienen que Fedorova utilizó estos espacios para diseminar de forma sistemática la propaganda de Moscú sobre la invasión de Ucrania y el envío de armamento occidental. La orden de expulsión detalla que la analista justificó las anexiones territoriales rusas y cuestionó la legitimidad de las sanciones comunitarias europeas con el fin de debilitar el apoyo social al Gobierno de Emmanuel Macron. Además, el Elíseo la vincula directamente con la amplificación de campañas de desinformación digital coordinadas por el Kremlin para polarizar al electorado francés.
El Ministerio francés del Interior considera que Fedorova actuó como una pieza de transmisión de campañas de desinformación promovidas por Moscú. Según el expediente citado por el diario Libération, sus intervenciones habrían contribuido a «desestabilizar el orden público» y a debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
El Gobierno francés sostiene que la periodista reprodujo «palabra por palabra los relatos de la propaganda rusa».
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El argumento de París: una amenaza para el Estado
La orden de expulsión se basa en un concepto utilizado habitualmente por los Estados europeos en materia de seguridad: la protección de los intereses fundamentales de la nación. Bajo esta premisa, las autoridades francesas sostienen que la permanencia de Fedorova en el país constituye «una amenaza particularmente grave y actual para el orden público»; de hecho, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, fue especialmente contundente al definirla como una «propagandista patentada» que «sirve la sopa de Vladimir Putin».
Para el Ejecutivo francés, el problema no reside únicamente en las opiniones expresadas por Fedorova, sino en su supuesto papel dentro de una estrategia de influencia extranjera. París argumenta que Rusia utiliza desde hace años medios de comunicación, redes sociales y figuras públicas para intentar erosionar la confianza en las instituciones occidentales.
La proximidad de las elecciones presidenciales francesas de 2027 explica el elemento político al caso. Las autoridades europeas consideran que los procesos electorales son uno de los principales objetivos de las campañas de desinformación extranjera. Francia ya había advertido en otras ocasiones sobre operaciones digitales atribuidas a actores vinculados a Rusia, especialmente después de la invasión de Ucrania.
Sin embargo, la decisión también ha generado críticas desde sectores que consideran que la expulsión puede abrir un precedente peligroso para el debate público. Al respecto, los medios donde Fedorova trabaja rechazaron las acusaciones y calificaron la medida de «una infracción particularmente grave de la libertad de expresión», mientras que sus defensores argumentan que una democracia debe permitir la presencia de opiniones incómodas o contrarias a la línea oficial del Gobierno, siempre que no exista una violación concreta de la ley.
Aunque la medida punitiva fue firmada por la cartera de Interior basándose en informes de seguridad nacional, el primer ministro Sébastien Lecornu matizó públicamente que el Estado francés no persigue penalmente la disidencia ideológica o la defensa de posturas contrarias al Gobierno. El jefe del Ejecutivo recalcó que la línea roja del decreto de expulsión radica de forma exclusiva en las «acciones materiales y sistemáticas» que vulneran de manera directa los intereses fundamentales del Estado y amenazan la estabilidad de las instituciones.
Esa diferencia es precisamente el núcleo del debate: si las intervenciones públicas de Fedorova deben interpretarse como una expresión política legítima o como una herramienta de una operación extranjera organizada.
Del permiso de residencia a la expulsión: un cambio de escenario
La concesión en agosto de 2024 de un permiso de residencia por diez años a Xenia Fedorova desató una tormenta política en la Asamblea Nacional, tras revelarse el documento en pleno estallido de la crisis por injerencia rusa. Diputados de las facciones de izquierda y del partido gobernante cuestionaron con dureza al Ministerio del Interior por los fallos de coordinación en los filtros de seguridad, al otorgar una estancia de larga duración a una figura que ya figuraba en las alertas de los servicios de inteligencia.
Esta brecha administrativa, destapada formalmente por comisiones parlamentarias, obligó al Elíseo a acelerar la revisión del sumario judicial y a decretar la anulación fulminante del visado por la vía de urgencia estatal. En este contexto, el Gobierno francés defendió entonces que la concesión del permiso respondía a las normas vigentes y que una autorización de residencia no impedía una actuación posterior si aparecían nuevos elementos relacionados con el orden público.
La situación cambió tras la apertura del expediente de expulsión. Según fuentes citadas por medios franceses, Fedorova permanece bajo medidas de control mientras se resuelve su situación, obligada a permanecer en su domicilio parisino y a comparecer periódicamente ante las autoridades.
Además, Alemania, donde residió antes de instalarse en Francia, también habría prohibido su entrada en territorio alemán.
El caso Fedorova forma parte de una batalla más amplia entre Rusia y los países occidentales por el control del relato sobre la guerra de Ucrania. Desde 2022, la Unión Europea ha endurecido sus medidas contra medios considerados instrumentos de propaganda estatal rusa, mientras Moscú acusa a Occidente de limitar la libertad informativa y perseguir voces críticas.
El conflicto ya no se desarrolla únicamente mediante sanciones económicas o enfrentamientos diplomáticos. También se libra en el espacio digital, en los medios de comunicación y en la capacidad de cada bloque para influir en la percepción pública. @mundiario
