Por Andrés Tejada.
En la política y en la vida nuestros actos deben ser muy transparentes, y a la vez vivir y actuar con cuatro ojos, pues, de lo contrario hasta el más ilustrado podría meter la pata fácilmente.
Hay que seguir con la lámpara de Diógenes a plena luz del día. Hay regalos que nos los dan con el fin de sepultarnos moral y políticamente. Por eso hay que mirar la quinta pata al gato y actuar con ciertos recelos cuando nuestro adversario quiere negociar con nosotros.
El caso Calamar, el más grande asunto judicial que se tenga en la historia de nuestro país que implica un monto superior a los RD$19,000,000,000.00 ( diez nueve mil millones de pesos), es decir, cerca US$345 millones de dólares americanos. Y dentro de dicho expediente aparecen 3 personas que no eran afines al gobierno, Eran incluso de otro partido político, como el caso del diputado Sergio Moya, alias Gory quien en las elecciones del año 2020 ganó una reelección para seguir en la Cámara de Diputados.
También el lic. Mérido De Jesús Torres Espinal quien era y sigue siendo el secretario de finanzas del PRM en la provincia Santo Domingo, el abogado y economista Ángel Lockward ex ministro del gobierno de Hipólito Mejía y de otras administraciones gubernamentales.
¿Cuáles razones llevaron al ministro de hacienda Donald Guerrero y compartes del Danilísmo a buscar estas 3 personas que les eran adversas para regalarles un pastel? Mi respuesta y parecer es que los invitaron a un convite y festín envenenado con el fin de dañar la imagen del gobierno de turno si fuese necesario. Y es que, ningún gobierno busca a sus enemigos para premiarlos por su bonita cara.
En el expediente Calamar los fiscales tienen todas las pruebas que confirman que los supuestos casos de expropiación de terrenos y sus respectivas reclamaciones fueron fabricadas por esos mismos funcionarios a fin de obtener cesiones de crédito y quedarse con el 60% del dinero. Es así como el ministro de Finanzas, el director de Bienes Nacionales, y el ministro de la Presidencia de ese período ( 2016- 2020), se asociaron para defraudar al estado y quedarse con la mayor tajada.
En el caso de la parcela #32 donde actualmente está el Aeropuerto Internacional de las Américas, no había reclamante, ya que esa parcela fue expropiada en el año 1955 por el dictador Trujillo y nunca los nietos, bisnietos y otros posibles familiares o herederos habían accionado la justicia a los fines de ser resarcidos. Entonces ahí es que entran los camajanes peledeístas y a través de esos supuestos herederos es que llegan a las oficinas de abogados de los licenciados Ángel Lockward y Mérido Torres.
En el caso del diputado Gory el asunto fue con la extorsión y cobros indebidos a las bancas de lotería ilegales. Ya en el pasado, tanto Gory como el señor Lockward habían sido sometidos a la justicia por asuntos de tráfico de drogas el primero, y actos de corrupción el segundo. Ambos fueron luego descargados.
El licenciado Torres Espinal había tenido una hoja limpia en todos los puestos públicos y privados donde trabajó con pulcritud hasta que aceptó representar a la familia Reyes en sus reclamaciones. Al parecer fue engañado en su buena fe, ignorando que desde el poder político representado por Donald Guerrero y la cúpula peledeísta le estaban dando un pastel envenenado. Aceptó ser el abogado por parte de los herederos de la familia Reyes, ganó el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la noche a la mañana, cobró sus honorarios y ahora al ser mencionado en el expediente Calamar, se ha visto obligado a renunciar a su puesto gubernamental de titulación de terrenos del estado y a la vez sus aspiraciones políticas se han derrumbado.
