Estados Unidos ha dado un giro histórico en su política ambiental. El presidente Donald Trump ha invalidado el llamado “dictamen de peligro”, la conclusión científica adoptada en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero —entre ellos el dióxido de carbono y el metano— suponen una amenaza para la salud pública. Ese pronunciamiento era la piedra angular que permitía a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regular las emisiones bajo la Ley de Aire Limpio. Sin él, el andamiaje jurídico que sostenía los límites federales a la contaminación queda desactivado.
El anuncio, realizado tras una reunión con el administrador de la EPA, Lee Zeldin, implica la eliminación inmediata de las normas que fijaban estándares de emisiones para vehículos y motores desde 2012 hasta 2027 y más allá. En términos prácticos, desaparecen las obligaciones federales de medir, reportar y cumplir objetivos de reducción de gases contaminantes en el sector del automóvil, responsable de cerca de una cuarta parte de las emisiones del país.
Trump ha presentado la medida como “la mayor desregulación de la historia estadounidense” y la ha vinculado a una rebaja de costes: la Casa Blanca estima un ahorro de 1,3 billones de dólares para los contribuyentes y una reducción de hasta 3.000 dólares en el precio medio de los coches nuevos. El mensaje político es claro: priorizar el alivio económico inmediato frente a los compromisos ambientales de largo plazo.
Sin embargo, la trascendencia de la decisión va mucho más allá del mercado automovilístico. La revocación cuestiona el fundamento científico que durante tres administraciones —incluida la primera de Trump— sirvió para justificar la acción climática federal. Es, en la práctica, una enmienda a la totalidad de la arquitectura regulatoria construida desde la era Obama y reforzada por Joe Biden con incentivos fiscales para vehículos eléctricos y energías renovables.
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El impacto internacional también es significativo. Estados Unidos, segundo mayor emisor actual y principal responsable histórico de gases de efecto invernadero, ya se había retirado nuevamente del Acuerdo de París. Al eliminar su principal herramienta interna de control de emisiones, debilita aún más los esfuerzos coordinados para frenar el calentamiento global y envía una señal de repliegue regulatorio en un momento en que la Unión Europea y China aceleran su transición energética.
En el plano económico, la medida reconfigura el tablero industrial. La industria tradicional de combustibles fósiles y fabricantes de vehículos de combustión celebran la flexibilidad normativa. En cambio, el sector de los vehículos eléctricos —impulsado durante la presidencia de Biden mediante créditos fiscales— pierde respaldo federal en un contexto de competencia estratégica con China. La decisión puede ralentizar inversiones en innovación limpia y alterar cadenas de suministro ya orientadas hacia la electrificación.
El frente judicial es otro campo de batalla inminente. Expertos legales anticipan una ola de litigios por parte de estados y organizaciones ecologistas. La derogación reabre interrogantes sobre quién tiene la autoridad para regular las emisiones y podría activar demandas por daños climáticos que habían quedado limitadas tras fallos previos del Tribunal Supremo. La incertidumbre regulatoria, paradójicamente, podría convertirse en un nuevo factor de riesgo para las empresas.
En términos políticos, la medida consolida el alineamiento de la Administración Trump con posiciones abiertamente escépticas respecto al cambio climático. El presidente ha reiterado en numerosas ocasiones que considera exageradas o erróneas las advertencias científicas sobre el calentamiento global. Con esta decisión, esa postura deja de ser retórica y se traduce en un desmantelamiento normativo de gran alcance.
La consecuencia inmediata es un alivio regulatorio para determinados sectores productivos. La consecuencia estructural es más profunda: Estados Unidos renuncia, al menos a nivel federal, a liderar la reducción de emisiones en dos de los sectores más contaminantes —transporte y energía—, responsables cada uno de alrededor del 25% del total nacional. El equilibrio entre competitividad económica y responsabilidad climática vuelve así al centro del debate, con efectos que trascenderán las fronteras estadounidenses.
La decisión marca el retroceso más contundente en política climática en décadas y redefine el papel del país en la transición energética global. Lo que para la Casa Blanca es una liberación económica, para sus críticos es un punto de inflexión que puede retrasar años la acción climática en la mayor economía del mundo. @mundiario
