Dawit Tesfay, un joven etíope de 24 años, sabe que cada conversación podría ser la última. Desde hace meses permanece en el corredor de la muerte de una cárcel saudí tras recibir una condena de ejecución por un delito relacionado con drogas. Según su testimonio, su juicio apenas duró unos minutos, no tuvo abogado ni intérprete y firmó documentos cuyo contenido desconocía porque estaban escritos en árabe.
Su situación no es un caso aislado. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado de un aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí vinculadas al narcotráfico, un fenómeno que afecta especialmente a ciudadanos extranjeros. Los informes de estas entidades apuntan a que muchos acusados afrontan procesos con graves carencias de garantías legales, desde la falta de asistencia jurídica hasta las dificultades para comprender los procedimientos.
El Gobierno saudí sostiene que las ejecuciones se producen después de completar todas las fases judiciales previstas, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian un patrón repetido de irregularidades que, a su juicio, puede haber llevado a condenas irreversibles sin un juicio justo.
La ruta de la desesperación que llevó a muchos etíopes hasta Arabia Saudí
Detrás de estas condenas hay también una historia de migración forzada y vulnerabilidad. Muchos de los etíopes que permanecen en prisión proceden de la región de Tigray, una zona golpeada por una guerra entre 2020 y 2022 que dejó miles de víctimas y destruyó las oportunidades económicas de numerosas familias.
Algunos llegaron al Golfo atravesando Yemen, después de largos periodos de precariedad y falta de recursos. Investigadores de derechos humanos señalan que varias personas pudieron ser captadas por redes criminales que les ofrecieron trabajos sin explicarles realmente qué debían transportar.
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Tesfay asegura que desconocía que llevaba hachís cuando fue detenido. Otros presos reconocen haber participado en el transporte de droga, pero explican que lo hicieron empujados por la pobreza extrema y la necesidad de enviar dinero a sus familias.
La situación refleja un problema más amplio: los trabajadores migrantes con pocos recursos pueden convertirse en el eslabón más débil de redes internacionales de tráfico, mientras afrontan las penas más severas en países donde las leyes antidroga son especialmente estrictas.
La presión internacional aumenta mientras crece el temor en la prisión
Las familias de los condenados y las organizaciones humanitarias reclaman revisiones de los casos, asistencia legal efectiva y una suspensión de las ejecuciones relacionadas con drogas. También han pedido intervención a organismos internacionales para evitar nuevas muertes.
La preocupación se extiende porque quienes están en Jamis Mushait viven con una incertidumbre permanente. Adam Berhe, otro condenado etíope, describe una prisión donde los reclusos temen que cualquier llamada de un funcionario pueda significar el final. Según su relato, algunos presos son sacados de sus celdas sin previo aviso y ejecutados poco después.
La presión diplomática, sin embargo, avanza con dificultad. Arabia Saudí mantiene una posición estratégica para numerosos países, lo que según organizaciones como Human Rights Watch limita las críticas internacionales a su política de pena de muerte.
Mientras tanto, los presos continúan esperando una decisión que puede cambiar su destino. Sus mensajes desde la cárcel comparten una misma petición: que sus casos sean revisados antes de que una ejecución cierre definitivamente cualquier posibilidad de corregir un posible error judicial. @mundiario
