Francia afronta una nueva semana de tensión después de uno de los episodios de violencia callejera más graves de los últimos años. Tras dos noches consecutivas de disturbios, saqueos e incendios, el Ejecutivo de Sébastien Lecornu ha optado por una respuesta más restrictiva con toques de queda parciales y localizados en distintos puntos del país para impedir nuevos pillajes y proteger comercios y edificios públicos.
La decisión llega después de que las autoridades contabilizaran alrededor de 2.400 detenidos y cerca de un millar de policías y gendarmes heridos. Más de 3.000 comercios resultaron afectados durante los disturbios, mientras varios edificios públicos fueron atacados o incendiados. La magnitud de los daños ha obligado al Gobierno a revisar su estrategia apenas 48 horas después de unas movilizaciones que inicialmente estaban vinculadas a las reivindicaciones estudiantiles, al coste de la vida y al deterioro de los servicios públicos.
El primer ministro Lecornu anunció que había pedido a los prefectos que establecieran restricciones nocturnas de movilidad en zonas concretas, especialmente allí donde el riesgo de nuevos enfrentamientos o saqueos sea mayor. La medida comenzó a aplicarse en varias urbes del norte como Lille, Douai, Wattignies y Denain, pero posteriormente alcanzó puntos de París. En la capital, la Policía estableció un toque de queda nocturno entre las 23.00 y las 06.00 horas en la plaza de la República y Les Halles, dos espacios especialmente sensibles por su concentración de personas y conexiones de transporte.
No se trata, al menos por ahora, de un toque de queda general para todo el país. El Ejecutivo apuesta por actuaciones quirúrgicas sobre los lugares considerados más vulnerables, una fórmula que Lecornu considera más adecuada que decretar de inmediato un estado de emergencia. El primer ministro, no obstante, ha dejado abierta esa posibilidad si la evolución de los disturbios obliga a adoptar medidas extraordinarias.
La crisis también ha alcanzado al máximo responsable de la seguridad interior. Laurent Nuñez reconoció este lunes que las fuerzas policiales habían perdido el control en algunas ciudades y admitió que hubo una falta de anticipación ante una movilización que terminó siendo muy superior a las previsiones de los servicios de seguridad. Las estimaciones apuntaban inicialmente a unos 200.000 manifestantes, mientras que finalmente participaron más de medio millón. Unos 60.000 agentes fueron desplegados en todo el territorio.
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El ministro del Interior presentó su dimisión
Nuñez llegó a presentar su dimisión a Emmanuel Macron al considerar que debía asumir su responsabilidad por lo ocurrido. El presidente, sin embargo, rechazó la renuncia. El Elíseo explicó que la continuidad del ministro era necesaria para garantizar una cadena de mando estable en las fuerzas de seguridad en plena crisis y le encargó poner en marcha nuevos métodos operativos contra los grupos violentos. Macron también exigió transparencia sobre los fallos de planificación e inteligencia que precedieron a los disturbios.
La admisión del ministro supone uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde el comienzo de la crisis. “Perdimos el control” en varios lugares, reconoció Nuñez, al explicar que el dispositivo policial no había sido suficiente para contener a grupos organizados de saqueadores y manifestantes violentos en ciudades como París, Marsella o Lyon. El ministro republicano insistió, al mismo tiempo, en diferenciar a quienes participaron pacíficamente en las movilizaciones de quienes protagonizaron los actos violentos.
Macron ya había reclamado la noche del domingo una revisión de los fallos de previsión. En su discurso televisado, el presidente condenó los ataques contra las instituciones y los comercios y aseguró que quienes hubieran destruido bienes o intentado atacar las instituciones republicanas tendrían que responder ante la justicia. El jefe del Estado atribuyó los episodios violentos a grupos de extrema izquierda y delincuentes, una interpretación que forma parte ahora del intenso debate político francés y que ha sido cuestionada por sectores que distinguen entre las movilizaciones sociales y los grupos que protagonizaron los saqueos.
La presión política aumenta además a medida que se acerca la próxima convocatoria de movilizaciones. Las protestas estudiantiles de las últimas semanas se han mezclado con reivindicaciones sobre el coste de la vida, los salarios, las pensiones y los servicios públicos, mientras el movimiento de los llamados chalecos amarillos vuelve a adquirir protagonismo. El Gobierno teme que la violencia se replique y prepara un dispositivo de seguridad reforzado para las próximas jornadas.
Ceux qui ont cherché à faire tomber la République auront à en répondre. https://t.co/qtqKUIXPpu
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2026
La derecha europea acusa a la inmigración
La derecha y la extrema derecha han aprovechado la crisis para responsabilizar a La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon de haber contribuido a crear el clima político que desembocó en los disturbios. “Reivindicaciones sociales legítimas han sido de nuevo tomadas como rehenes por la extrema izquierda y los diputados de Mélenchon quienes, al legitimar la violencia y considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho, pretenden que el país se precipite en el caos”, denunció Marine Le Pen, líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) y favorita a ganar las elecciones presidenciales en los próximos seis meses.
La dimensión internacional del conflicto también ha crecido. El presidente de EE UU, Donald Trump, atribuyó las protestas a la inmigración y reclamó a Francia que cierre sus fronteras y “retome el control”, mientras las autoridades francesas concentran su respuesta en la seguridad interior y en los problemas sociales que están alimentando las movilizaciones. En esa misma línea se expresaron mandatarios europeos, después del agrio debate del viernes en la cumbre del Consejo Europeo en el que varios países formaron un frente común para defender el endurecimiento de las políticas migratorias, con el que cargaron con dureza contra el presidente español, Pedro Sánchez, que recibió apoyo de Macron.
El primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, publicó el vídeo del ayuntamiento de Limoges ardiendo y escribió que “ante esta destrucción sin sentido y esta violencia injustificada, igual ahora está más claro para todos por qué Hungría aboga por el enfoque más estricto posible hacia la migración”, y por qué no debilitarán su “protección fronteriza ni nuestra política de inmigración bajo ninguna presión”.
“Me alegra que la actual cumbre de la UE haya dejado claro que la abrumadora mayoría de los países europeos se han despertado y quieren romper con las políticas permisivas del pasado”, dijo el líder de Tisza, miembro del Partido Popular Europeo (PPE).
Las declaraciones de Magyar han sido secundadas por Donald Tusk, primer ministro polaco y compañero de las filas populares. “Polonia no repetirá los errores de otros países europeos, ni pagará por ellos”, afirmó el líder liberal de la Coalición Cívica. “Defendemos con firmeza la frontera contra la migración ilegal, tenemos nuestra propia política de asilo (no aceptamos solicitudes), deportamos a quienes violan la ley polaca. En materia de seguridad seremos implacables. Esto es lo que les dije a los líderes de Europa en Bruselas”, subrayó. @mundiario
