Nicolás Maduro y Cilia Flores vuelven este jueves al tribunal federal de Manhattan para responder a una acusación ampliada que les atribuye su presunta participación en un sistema de represión y tortura en Venezuela. Ambos tienen previsto declararse no culpables, según ha adelantado su defensa, que rechaza los nuevos cargos.
La Fiscalía estadounidense sostiene que la violencia contra opositores no habría sido una suma de episodios aislados, sino parte de una estructura destinada a proteger al poder político. En ese escenario, los investigadores atribuyen a Maduro la supervisión de unidades militares y policiales implicadas en los abusos, así como el conocimiento de determinados casos de tortura.
La imputación también señala a Flores, a quien acusa de contribuir al desarrollo de ese mecanismo represivo y de ordenar torturas en circunstancias relacionadas con las actividades ilícitas de familiares. Los fiscales incluyen, además, denuncias que afectan a tres ciudadanos estadounidenses.
Conviene distinguir, sin embargo, entre las acusaciones y los hechos probados. La comparecencia judicial no supone una declaración de culpabilidad, y serán los procedimientos posteriores los que deberán determinar las responsabilidades penales de cada acusado.
El papel del Estado, en el centro del proceso
La importancia del caso reside en que desplaza parte de la atención desde los presuntos delitos relacionados con el narcotráfico hacia el funcionamiento del poder en Venezuela. Si las acusaciones se acreditan, la causa podría contribuir a esclarecer cómo determinadas instituciones habrían sido utilizadas para intimidar, detener y castigar a personas consideradas una amenaza para el Gobierno.
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La Fiscalía describe prácticas que incluyen palizas, asfixia y descargas eléctricas, además de amenazas contra familiares de presos. Se trata de denuncias especialmente graves porque apuntan a una posible utilización sistemática de la violencia, no solo contra quienes se oponían al Ejecutivo, sino también como instrumento para obtener información, infundir miedo o garantizar la impunidad.
Este enfoque tiene consecuencias que van más allá del destino judicial de Maduro y Flores. La causa plantea interrogantes sobre la responsabilidad de quienes dirigen estructuras estatales cuando los organismos encargados de garantizar la seguridad se convierten, presuntamente, en herramientas de persecución política.
También abre un nuevo frente en las relaciones entre Washington y Caracas, en un contexto en el que la política exterior estadounidense ha adquirido un peso relevante en el futuro venezolano.
Un proceso largo y con consecuencias políticas
La defensa mantiene su rechazo a los cargos y el caso todavía debe superar distintas etapas judiciales. El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027, de acuerdo con la información facilitada sobre el procedimiento. Si ambos fueran declarados culpables de todos los delitos imputados, podrían enfrentarse a una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión.
La dimensión política tampoco es menor. Donald Trump ha presentado la captura de Maduro y el reinicio de las relaciones con Venezuela como logros de su política exterior, mientras se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.
No obstante, el desenlace judicial dependerá de las pruebas y de las decisiones del tribunal, no de los argumentos políticos de ninguna de las partes. La cuestión de fondo es si la Justicia estadounidense consigue demostrar que la represión denunciada formaba parte de una estructura organizada y hasta dónde alcanzaba la responsabilidad de sus máximos responsables. @mundiario
