Miles de personas salieron a la calle en Lisboa, Oporto y otras ciudades portuguesas el martes 20 de octubre, pocas horas después de que la Policía desmantelara los campamentos levantados para denunciar la crisis de la vivienda. La operación se saldó con 55 detenidos, según los balances difundidos, y la retirada de 228 estructuras de acampada. Lejos de desactivar el movimiento, la intervención convirtió el desalojo en un nuevo motivo de protesta y reforzó la decisión de mantener las movilizaciones.
En Lisboa, los manifestantes se concentraron de nuevo en el centro de la ciudad y celebraron una asamblea popular en la que votaron a mano alzada recuperar el campamento a partir de este miércoles. Los organizadores aseguraron que más de un millar de personas participaron en cada uno de los dos principales focos de protesta, aunque la Policía no publicó estimaciones de asistencia. La movilización lisboeta contó, además, con actuaciones musicales de figuras conocidas como Ana Moura, Dino D’Santiago y Tim, vocalista de Xutos & Pontapés.
El episodio refleja una tensión que va más allá de la ocupación de unas plazas públicas. Para los manifestantes, las tiendas de campaña representan la dificultad creciente de acceder a una vivienda estable y la percepción de que las respuestas institucionales no están a la altura del problema. Para las autoridades, en cambio, los campamentos habían dejado de ser una concentración temporal autorizada y debían ser retirados.
La Policía de Seguridad Pública (PSP) inició el operativo antes de las seis de la mañana, después de advertir a los participantes de que debían desmontar las tiendas y abandonar los espacios ocupados. En Rossio, donde se habían instalado alrededor de 200 tiendas desde el sábado, algunos manifestantes formaron un cordón humano para impedir el avance de los agentes. La intervención terminó con enfrentamientos y denuncias de agresiones policiales.
Carla Valadão, portavoz del campamento de Lisboa, calificó el desalojo de «muy agresivo». El superintendente de la PSP Sérgio Soares rechazó esa versión y describió la operación como «calmada, proporcionada y adecuada», negando que se hubiera producido una carga policial. Los 55 detenidos quedaron posteriormente en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial. Las versiones contrapuestas sobre el uso de la fuerza añaden una dimensión política a un conflicto que inicialmente se había articulado en torno al acceso a la vivienda.
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Oporto, el otro centro de una protesta que se extiende por el país
En Oporto, donde el movimiento comenzó a principios de octubre, los manifestantes desmontaron las tiendas por iniciativa propia ante la amenaza de una nueva intervención policial. Las autoridades cerraron el acceso a la Praça D. João I con vallas y comenzaron los trabajos de limpieza. Sin embargo, la retirada del campamento no puso fin a las concentraciones.
A última hora del martes, los participantes regresaron a la plaza para una nueva jornada de protesta con actuaciones musicales, entre ellas las de Clã y Capicua. Se escucharon canciones vinculadas a la Revolución de los Claveles del 25 de Abril y se exhibieron pancartas como «Alquileres de lujo, sueldos de basura». Después, los manifestantes marcharon hacia el Ayuntamiento y corearon consignas dirigidas al alcalde, Pedro Duarte.
El recuerdo de los enfrentamientos de la semana anterior, cuando una intervención para retirar las tiendas dejó varios heridos, sigue presente entre los participantes. La decisión de desmontar el campamento antes de que llegara la Policía muestra, al mismo tiempo, que el movimiento busca mantener su capacidad de convocatoria sin exponerse necesariamente a nuevos choques.
La protesta también alcanzó Coimbra, donde más de 400 personas se reunieron en la Praça 8 de Maio; Leiria, con alrededor de 50 asistentes; Évora, donde unas 100 personas se concentraron frente al Ayuntamiento; Beja, y Faro. Los mensajes se repitieron en distintos puntos: alquileres asumibles, protección frente a los desahucios y cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda, reconocido por la Constitución portuguesa.
El Gobierno de centroderecha de Luís Montenegro se encuentra en el centro de las críticas por las medidas anunciadas para reformar el mercado inmobiliario. Entre las propuestas cuestionadas figuran flexibilizar los límites a los incrementos anuales de los alquileres y facilitar el desahucio de inquilinos que incumplan sus obligaciones de pago. Los manifestantes y partidos de la oposición consideran que los cambios pueden debilitar la protección de los arrendatarios, especialmente de aquellos con ingresos insuficientes para afrontar las subidas.
El Ejecutivo defiende que pretende reforzar la confianza entre propietarios e inquilinos e incentivar la oferta de viviendas en alquiler. Su argumento parte de un problema real: si los propietarios consideran demasiado arriesgado o poco rentable arrendar sus inmuebles, pueden retirarlos del mercado o destinarlos a otros usos. Sin embargo, los críticos sostienen que mejorar las condiciones para los arrendadores no garantiza por sí solo que aumente la oferta de viviendas a precios accesibles.
La controversia revela una dificultad central de la política de vivienda: las medidas para atraer inversión y aumentar la oferta no producen necesariamente resultados inmediatos para los hogares que ya destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler. A la inversa, limitar determinadas subidas o reforzar la protección de los inquilinos tampoco resuelve automáticamente la escasez de inmuebles disponibles. El debate gira, por tanto, en torno a cómo combinar la construcción de nuevas viviendas, la movilización de inmuebles vacíos y la protección de quienes afrontan mayores dificultades económicas.
Los datos que explican la crisis de la vivienda en Portugal
Las cifras ayudan a entender por qué la protesta ha encontrado eco en ciudades y localidades muy distintas. Según los datos de Eurostat citados en las informaciones difundidas, los precios de compra de la vivienda en Portugal aumentaron un 180% entre 2015 y 2025, uno de los mayores incrementos de la Unión Europea. Los alquileres también subieron: entre 2015 y 2024, el incremento se aproximó al 30%, frente al 16,8% registrado en la media europea.
El problema se concentra especialmente en Lisboa y Oporto, donde la presión de la demanda, el turismo, las viviendas destinadas a estancias temporales y la llegada de trabajadores internacionales pueden coincidir con una oferta residencial insuficiente. Estos factores no explican por sí solos toda la evolución de los precios, pero contribuyen a un mercado en el que muchos residentes compiten por un número limitado de viviendas adecuadas a sus ingresos.
El Banco de Portugal estima que el país necesita al menos 300.000 viviendas adicionales. Aunque existen señales de mejora en las licencias y la inversión, la construcción continúa por debajo de las necesidades calculadas. La situación resulta más compleja porque la disponibilidad física de inmuebles no equivale necesariamente a una oferta efectiva de alquiler permanente y asequible.
Portugal cuenta con más de 700.000 viviendas vacías, según las cifras aportadas en las informaciones sobre la crisis, mientras que los datos censales de 2021 registraron más de un millón de residencias secundarias entre casi seis millones de viviendas. Estos inmuebles tienen situaciones diversas: algunos necesitan reformas, otros se utilizan de forma estacional y otros pueden no estar disponibles en las zonas donde la demanda es más intensa. Por eso, su existencia no elimina automáticamente la escasez de vivienda habitual.
También preocupa el peso del alquiler informal. Frente a unos 1,4 millones de contratos comunicados a la Autoridad Tributaria a comienzos de año, una estimación de la Inspección General de Finanzas apunta a más de dos millones de contratos no declarados. La diferencia entre ambas cifras debe interpretarse como una estimación sobre la dimensión de la actividad no registrada, no como un recuento definitivo de contratos verificados individualmente.
Las movilizaciones portuguesas se inscriben en una ola de protestas por el coste de la vida que atraviesa distintos países europeos. En España, activistas mantienen una acampada en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar soluciones a la crisis residencial. También se han registrado movilizaciones relacionadas con el encarecimiento de la vida, los servicios públicos y la educación en otros países. La conexión entre estos movimientos no significa que las situaciones nacionales sean idénticas, pero sí apunta a una preocupación compartida. @mundiario
