Colombia vuelve a votar con un fantasma conocido sobre la mesa: la violencia política y territorial. A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026, el país enfrenta una paradoja incómoda. Mientras mantiene instituciones democráticas activas y una economía relativamente estable dentro del contexto regional, el deterioro del orden público ha devuelto a la agenda escenas que muchos creían superadas tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.
La campaña electoral se desarrolla entre escoltas blindados, amenazas de muerte y regiones donde el Estado continúa disputando el control territorial con grupos armados. Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han denunciado intimidaciones, mientras que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado sigue funcionando como recordatorio de que la violencia política aún tiene capacidad de alterar el tablero democrático colombiano.
El fenómeno no implica necesariamente un regreso exacto a los peores años del conflicto interno, pero sí evidencia una fragmentación más difícil de contener. A diferencia de décadas anteriores, hoy Colombia no enfrenta una única insurgencia centralizada, sino múltiples estructuras armadas con intereses locales, economías ilegales y disputas territoriales atomizadas. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control de corredores fronterizos forman parte de un mapa mucho más disperso y complejo.
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El Gobierno de Gustavo Petro apostó desde el inicio por la llamada “paz total”, una estrategia ambiciosa que buscaba negociar simultáneamente con distintos grupos armados. El enfoque tuvo un valor político importante: intentar priorizar salidas dialogadas y reducir la lógica puramente militar. Sin embargo, los resultados han sido limitados. Algunas negociaciones quedaron congeladas, como el diálogo con el ELN, mientras crecieron las críticas por la falta de control efectivo en determinadas regiones.
Aun así, el balance no es completamente negativo. Durante esta administración, Colombia evitó un colapso institucional y mantuvo una relativa estabilidad macroeconómica frente a otros países latinoamericanos con fuertes crisis políticas. También continuó desarrollando programas sociales y esfuerzos de implementación parcial del acuerdo de paz. El problema es que buena parte de esos avances quedó opacada por la percepción creciente de inseguridad.
Ese contraste explica buena parte del clima electoral actual. El oficialismo insiste en que la tasa de homicidios muestra descensos moderados y que los problemas actuales tienen raíces estructurales de décadas. La oposición, en cambio, sostiene que el Estado perdió capacidad de disuasión y que el discurso dialoguista debilitó la autoridad institucional frente a los grupos armados.
En ese punto aparecen las diferencias más marcadas entre los candidatos. Iván Cepeda propone profundizar el acuerdo de paz, fortalecer políticas preventivas y atacar las causas sociales del conflicto, especialmente en regiones periféricas históricamente abandonadas. Abelardo de la Espriella representa la respuesta más dura: más Fuerzas Armadas, endurecimiento penal y recuperación territorial mediante coerción estatal. Paloma Valencia intenta posicionarse en un punto intermedio, combinando fortalecimiento institucional con mayor capacidad de seguridad.
El debate colombiano recuerda discusiones que también atraviesan a otros países de América Latina. México enfrenta desde hace años una militarización creciente contra el narcotráfico con resultados ambiguos. Ecuador endureció su política de seguridad tras el avance del crimen organizado. En El Salvador, Nayib Bukele logró reducir drásticamente los homicidios mediante medidas de excepción cuestionadas por organismos de derechos humanos. Colombia observa esos modelos mientras intenta evitar tanto la expansión de la violencia como el deterioro democrático.
Para muchos ciudadanos, la discusión ya dejó de ser ideológica y pasó a ser cotidiana. El temor a los secuestros, la presión extorsiva o el reclutamiento de menores afecta directamente la vida diaria en varias regiones. Empresas frenan inversiones, comunidades limitan actividades y miles de familias vuelven a convivir con desplazamientos internos y miedo permanente.
La elección de 2026, por tanto, no solo definirá un cambio de gobierno. También funcionará como un plebiscito indirecto sobre cómo Colombia quiere enfrentar una violencia que nunca desapareció del todo. Entre quienes reclaman más diálogo y quienes exigen más firmeza estatal, el país vuelve a enfrentarse a una pregunta histórica: cómo recuperar seguridad sin renunciar a la democracia ni repetir errores del pasado. @mundiario
