La imagen pública del príncipe Guillermo como heredero moderno y cercano se tambalea ante una realidad mucho más incómoda: la de un gran propietario inmobiliario que gestiona miles de viviendas, terrenos y activos bajo el paraguas del Ducado de Cornualles. Desde que heredó esta vasta estructura en 2022, tras el ascenso al trono de su padre, Carlos III, el príncipe ha pasado a controlar un entramado que le reporta cerca de 23 millones de libras anuales.
Sin embargo, ese modelo de negocio, históricamente blindado por tradiciones centenarias, se enfrenta ahora a una sacudida sin precedentes. La nueva legislación de vivienda —que entrará en vigor en mayo— introduce cambios que afectan directamente a los arrendamientos del ducado. Por primera vez, los inquilinos de este peculiar imperio inmobiliario estarán sometidos a las mismas reglas que cualquier otro arrendatario del sector privado.
El cambio no es menor. La norma elimina los contratos de duración fija, impide los desahucios sin causa justificada y abre la puerta a que los inquilinos impugnen subidas de alquiler consideradas abusivas. Además, limita a una sola revisión anual de las rentas, reduciendo la capacidad de maniobra de los propietarios. Traducido al caso del ducado, esto supone un golpe directo a un sistema que durante décadas ha operado con amplios márgenes de autonomía.
Pero la polémica no se queda en la regulación del alquiler. La entrada en vigor de la ley ha actuado como catalizador de un debate mucho más profundo: el de los privilegios históricos de la familia real. Investigaciones recientes han puesto el foco en la dimensión real de los ducados de Cornualles y Lancaster, un entramado de más de 5.000 activos que incluye desde viviendas y locales comerciales hasta infraestructuras públicas, minas o incluso puentes de peaje.
Entre los aspectos más controvertidos destaca la figura de la “bona vacantia”, un antiguo derecho que permite al ducado apropiarse de bienes sin dueño en Cornualles. Este mecanismo, prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía, ha alimentado críticas sobre un sistema que algunos consideran anacrónico y difícil de justificar en una democracia moderna.
A ello se suma otro punto especialmente sensible: el hecho de que entidades públicas y organizaciones benéficas —algunas vinculadas a la propia corona— paguen rentas por utilizar propiedades del ducado. Para muchos críticos, esta práctica roza el conflicto de intereses y pone en cuestión la neutralidad institucional de la monarquía.
El debate se intensifica aún más al analizar la fiscalidad. Tanto Carlos III como el príncipe Guillermo no están legalmente obligados a tributar como el resto de ciudadanos por los ingresos generados por estos patrimonios, aunque realizan contribuciones voluntarias. Una situación que, lejos de calmar las críticas, alimenta la percepción de privilegio en plena crisis de acceso a la vivienda en el Reino Unido.
Así, lo que parecía una simple reforma legal se ha convertido en un espejo incómodo para la Casa Windsor. La nueva normativa no solo limita el poder económico del heredero, sino que expone las tensiones entre tradición y transparencia, entre riqueza heredada y exigencias de una sociedad cada vez más crítica.
En este contexto, el Ducado de Cornualles deja de ser un discreto instrumento financiero para convertirse en el epicentro de una controversia que amenaza con erosionar la legitimidad de uno de los pilares históricos de la monarquía británica. Porque, más allá de las cifras, lo que está en juego es algo mucho más delicado: la percepción pública de una institución que, en pleno siglo XXI, sigue navegando entre el privilegio y la rendición de cuentas. @mundiario
