La Justicia nicaragüense entra en una nueva etapa bajo el control prácticamente absoluto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La renuncia de Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante 16 años y una de las figuras más longevas del aparato institucional sandinista, completa formalmente la profunda purga emprendida por la copresidenta contra la cúpula del Poder Judicial.
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aceptó el 27 de agosto la dimisión de Ramos. La magistrada alegó razones de salud y anunció su jubilación después de 38 años como integrante del máximo tribunal. Pero su salida oficial llega casi tres años después de que, en la práctica, dejara de ejercer el poder.
El 24 de octubre de 2023, agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la sede de la Corte Suprema, desalojaron a Ramos de su despacho y la trasladaron a su domicilio. Desde entonces permaneció apartada de la actividad pública y dejó de participar en los actos oficiales de la institución. Su renuncia constituye así el último capítulo de una operación mucho más amplia.
El proceso de sustitución de la vieja cúpula judicial comenzó en octubre de 2023 y se prolongó durante los años siguientes con ceses masivos, jubilaciones y cambios legislativos. Fuentes del sector judicial nicaragüense citados por El País sitúan en más de un millar los funcionarios apartados entre finales de 2023 y 2024, incluidos jueces, trabajadores administrativos y empleados vinculados a antiguos magistrados. La purga no se limitó al personal.
La reforma constitucional aprobada entre finales de 2024 y enero de 2025 redujo de 16 a 10 el número de magistrados de la Corte Suprema. Meses después, una nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial modificó la estructura interna del Poder Judicial. La renovación de la cúpula se aceleró especialmente a partir de noviembre de 2025. Desde entonces, nueve magistrados han abandonado sus puestos, en la mayoría de los casos alegando motivos de salud o jubilación.
Entre ellos se encuentran Yadira Centeno, Ellen Joy Lewin, Virgilio Gurdián, Manuel Martínez, Armengol Cuadra, Armando Juárez, Marvin Aguilar, Gerardo Arce Castaño y la propia Ramos. El 26 de noviembre de 2025, la Asamblea Nacional eligió a cinco nuevos magistrados para cubrir parte de las vacantes. La operación permitió alterar de manera sustancial el equilibrio interno de la institución.
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Ana Julia Guido, la sucesora que ya ejerce
Entre los nuevos rostros de la Corte destaca Ana Julia Guido, antigua fiscal general de Nicaragua durante más de una década y posteriormente designada presidenta de la Sala Constitucional. Todo apunta a que será ella quien sustituya a Ramos al frente del máximo tribunal.
La señal llegó incluso antes de que la Asamblea formalizara la renuncia de la histórica presidenta de la Corte. El 25 de agosto, Guido apareció en un acto oficial identificada como “Presidenta por la Ley de la Corte Suprema de Justicia”, aunque su nombramiento todavía no había sido comunicado públicamente. La nueva generación de magistrados debe su llegada a la Corte a una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo y a un proceso de sustitución dirigido desde el Poder Ejecutivo.
Alba Luz Ramos había sido durante décadas una pieza fundamental del sistema judicial nicaragüense. Su llegada a la Corte se remonta a hace casi cuatro décadas y su permanencia durante 16 años en la presidencia convirtió su figura en uno de los rostros más reconocibles del Poder Judicial durante los sucesivos gobiernos de Daniel Ortega. Esa posición dentro del régimen, sin embargo, terminó desmoronándose.
Fuentes citadas por medios nicaragüenses sostienen que su relación con Rosario Murillo era especialmente conflictiva. El enfrentamiento habría desembocado en su apartamiento físico de la Corte en octubre de 2023. Según esas mismas fuentes, Ortega habría impedido que Ramos terminara en prisión, una posibilidad que habría sido planteada por Murillo. La escena resulta reveladora del cambio producido dentro del poder sandinista: una magistrada que durante años había formado parte de su estructura institucional acabó apartada de la misma maquinaria que había contribuido a sostener.
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La remodelación judicial también debe entenderse dentro de una transformación más amplia del Estado nicaragüense. Ortega y Murillo han reforzado durante los últimos años el control político sobre las instituciones públicas, mientras la represión posterior a las protestas de 2018 abrió una etapa de fuerte deterioro de las libertades políticas y civiles. La Justicia ha desempeñado un papel central en ese proceso.
La purga también ha alcanzado a figuras vinculadas históricamente al sandinismo que durante años ocuparon posiciones relevantes dentro del Estado. Uno de los precedentes más significativos fue el de Rafael Solís, padrino de bodas de Ortega y Murillo, que abandonó la Corte Suprema y su militancia sandinista en 2019 en protesta por la represión estatal.
Más recientemente, el desplazamiento de antiguos dirigentes sandinistas ha alcanzado incluso al entorno histórico del propio Ortega. Gerardo Arce Castaño, uno de los magistrados que han abandonado la Corte, es hermano de Bayardo Arce, antiguo comandante de la revolución sandinista y durante años asesor económico de Ortega. Bayardo Arce se encuentra actualmente detenido pese a haber sido durante décadas uno de los dirigentes históricos más próximos al presidente.
Con la salida de Ramos desaparece el último gran símbolo de la antigua composición de la Corte Suprema. El régimen ha reducido su tamaño, ha modificado sus reglas internas, ha sustituido a buena parte de sus magistrados y ha promovido a figuras procedentes de otras instituciones clave del Estado, como la Fiscalía. La nueva Corte nace así con una composición mucho más estrechamente vinculada a la actual estructura del poder. @mundiario
