Líbano acusa a Israel de atacar a periodistas y anuncia acciones ante tribunales internacionales

La guerra no solo destruye edificios. También destruye certezas, límites y, sobre todo, voces. Líbano amaneció sacudido tras un bombardeo israelí en el municipio de Tiri, en el sur del país, que acabó con la vida de la periodista Amal Khalil, del diario Al Akhbar, y dejó gravemente herida a la fotógrafa Zeinab Faraj. Lo más alarmante no fue únicamente el ataque inicial, sino lo que vino después: un segundo bombardeo contra rescatistas que intentaban localizar a las víctimas entre los escombros.

El Gobierno libanés, a través del primer ministro Nawaf Salam y del presidente Joseph Aoun, calificó el hecho como un “crimen de guerra” y anunció que acudirá a la justicia internacional. No es una declaración simbólica. Es un aviso de que la impunidad, cuando se normaliza, se convierte en método.

Una tregua frágil en un terreno ocupado

El ataque ocurre en un contexto especialmente delicado: existe una tregua temporal entre Israel y Hezbolá, firmada en 2024, que expira en los próximos días y que se negocia bajo supervisión estadounidense. Sin embargo, la tregua no ha significado calma real en el sur libanés, una zona marcada por ocupaciones parciales, bombardeos recurrentes y una tensión constante en torno a la llamada Línea Amarilla.

Israel justificó el ataque asegurando que los vehículos alcanzados habían salido de un edificio usado por Hezbolá y que suponían una amenaza. El problema no es solo la explicación, sino el patrón: cuando se presenta cualquier movimiento en una zona de conflicto como una “amenaza”, el concepto se vuelve tan elástico que sirve para justificar casi cualquier acción.

Y si todo puede ser una amenaza, entonces nadie está a salvo.

Cuando informar se convierte en sentencia

La muerte de Amal Khalil no se entiende sin el contexto de lo que significa ejercer periodismo en un frente militarizado. Según denuncias previas de la propia periodista, ya había recibido amenazas directas. Su muerte, por tanto, no parece un accidente aislado, sino una tragedia anunciada dentro de un escenario donde la prensa se ha convertido en objetivo recurrente.

Datos del Sindicato de Editores de Prensa Libanesa señalan que 27 periodistas han muerto en Líbano desde octubre de 2023. Entre ellos figura Issam Abdallah, colaborador de Reuters, fallecido tras un ataque en Alma el Shaab. También murieron tres periodistas el pasado marzo cerca de Jezzine, en un ataque que Israel justificó acusándolos de pertenecer a Hezbolá, sin aportar pruebas verificables.

El derecho internacional humanitario es claro: los periodistas son civiles, salvo que participen directamente en hostilidades. Convertir una cámara en un blanco equivale a dinamitar el principio mismo de protección civil.

La guerra sin testigos es la guerra perfecta

La parte más inquietante del caso es el bombardeo posterior contra quienes acudían a rescatar. Se denunció incluso el uso de una granada aturdidora y disparos contra ambulancias. Si se impide la asistencia médica, si se bloquea a la Cruz Roja y si se dispara a los equipos de emergencia, ya no hablamos solo de una ofensiva militar, sino de un mensaje calculado: aquí no se entra, aquí no se documenta, aquí no se cuenta.

En conflictos como el de Gaza o el del sur del Líbano, el control del relato es casi tan importante como el control del territorio. Sin testigos, la guerra se vuelve un cuarto oscuro donde cualquier atrocidad puede cometerse sin dejar huella.

Por eso Líbano hace bien en acudir a instancias internacionales. No porque garantice justicia inmediata, sino porque obliga a dejar constancia. Y en un mundo saturado de propaganda, la memoria documentada es la primera forma de resistencia.

Porque cuando las bombas caen sobre periodistas, lo que se intenta enterrar no es solo un cuerpo: es la verdad. @mundiario