La política boliviana atraviesa uno de sus episodios más delicados desde la salida del poder de Evo Morales en 2019. La decisión de la justicia de declararlo en rebeldía y ordenar su captura por no presentarse al juicio oral en su contra por presunta trata agravada de personas ha elevado la tensión institucional y política en Bolivia, en un momento en que el exmandatario mantiene una confrontación abierta con el actual Gobierno y conserva una fuerte capacidad de movilización social.
El caso gira en torno a una denuncia según la cual Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su etapa presidencial y, presuntamente, habría tenido una hija con ella. La Fiscalía sostiene además que los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios políticos y económicos, motivo por el cual también fueron procesados.
El juez Carlos Oblitas decidió este lunes declarar al exmandatario en rebeldía tras su ausencia en el tribunal de Tarija, ratificando una orden de aprehensión, además de medidas como el arraigo (prohibición de salida del país) y el congelamiento de cuentas.
La escena refleja hasta qué punto la crisis boliviana ha dejado de ser únicamente política para convertirse también en una batalla judicial con enormes implicaciones institucionales. Morales denuncia una estrategia de “lawfare” impulsada por el Gobierno y asegura: “No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren – con pruebas legales y reales – los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma”.
La causa no es nueva. Surgió inicialmente en agosto de 2020, durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando comenzaron a circular imágenes y mensajes atribuidos a Morales junto a una adolescente varias décadas menor que él. Entonces, el Ministerio Público abrió una investigación por trata agravada de personas bajo la hipótesis de que la relación habría estado mediada por una estructura de poder e influencia política.
-
Rodrigo Paz cede ante la calle: el ajuste económico en Bolivia se reconfigura tras la presión social
-
El culto al caudillo: de Banzer a Evo, la persistencia del personalismo político
Sin embargo, el expediente fue archivado poco después de la llegada al poder de Luis Arce, antiguo aliado y ministro de Economía de Morales. La reapertura en 2024 coincidió precisamente con la ruptura total entre ambos líderes, una fractura que transformó al Movimiento al Socialismo (MAS) en un campo de batalla interno.
Ese contexto político explica buena parte de la controversia alrededor del proceso. Para los seguidores de Morales, la reactivación judicial responde a un intento de neutralizar políticamente al líder cocalero. Para sus detractores, en cambio, el caso refleja la necesidad de que incluso las figuras más poderosas respondan ante la justicia.
La Fiscalía asegura haber reunido más de 170 pruebas para sustentar la acusación y avanzar hacia el juicio oral. La defensa insiste en que el proceso presenta irregularidades procesales, especialmente en las notificaciones judiciales. El abogado Wilfredo Chávez sostuvo que la citación debía realizarse personalmente y no mediante edictos públicos. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia respondió que el procedimiento empleado se ajusta a la legislación boliviana vigente.
Chapare: el refugio político y territorial de Morales
Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Chapare, la región cocalera del departamento de Cochabamba donde construyó su liderazgo sindical y político. Allí cuenta con una estructura de protección integrada por simpatizantes y organizaciones campesinas que han impedido hasta ahora cualquier intento de detención.
La imposibilidad práctica de ejecutar la orden de captura evidencia uno de los grandes problemas estructurales del Estado boliviano: la dificultad de imponer autoridad institucional en territorios donde el poder político y social de determinados liderazgos supera la capacidad operativa del aparato estatal.
Ya ocurrió durante los bloqueos de carreteras de finales de 2024, cuando seguidores de Morales paralizaron accesos estratégicos para impedir el ingreso de fuerzas policiales al Chapare. La situación consolidó la imagen de un país dividido en zonas de influencia política cada vez más definidas.
El caso también ha adquirido una enorme carga simbólica porque se produce mientras Bolivia enfrenta un creciente deterioro económico, tensiones sociales y una dura disputa por el control del oficialismo. Morales ha convocado movilizaciones contra las políticas económicas del Gobierno, mientras el Ejecutivo denuncia intentos de desestabilización. En paralelo, la justicia reactiva una de las acusaciones más delicadas que enfrenta el exmandatario.
La coincidencia temporal fortalece la narrativa de persecución política impulsada por el entorno evista. Sin embargo, también resulta evidente que la gravedad de los delitos investigados obliga a la justicia a pronunciarse, especialmente después de años de cuestionamientos sobre la independencia judicial boliviana.
Uno de los aspectos más complejos del caso es que la presunta víctima ha solicitado recientemente la anulación del juicio, argumentando que “no existió hecho como tampoco existió explotación”. Aun así, el tribunal considera que ese planteamiento debe debatirse durante el proceso oral y no implica automáticamente el cierre de la causa.@mundiario
