Estados Unidos ha dado un paso histórico y explosivo en su pulso con Cuba. El Departamento de Justicia ha formalizado cargos contra Raúl Castro, figura clave del castrismo durante décadas, al que acusa de asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate hace casi treinta años.
La decisión judicial convierte al exmandatario cubano en uno de los dirigentes latinoamericanos de mayor rango perseguidos por la justicia estadounidense y supone un endurecimiento radical de la estrategia de presión impulsada por Washington contra el régimen de La Habana.
La acusación sostiene que Castro, junto a otros cinco mandos militares cubanos, participó en la operación que terminó con el lanzamiento de misiles contra las aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996. En aquel ataque murieron Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, miembros de Hermanos al Rescate que realizaban vuelos humanitarios para localizar y auxiliar a balseros cubanos en el estrecho de Florida.
Según las investigaciones internacionales citadas por la justicia estadounidense, las avionetas fueron derribadas en aguas internacionales, lo que desmontaría la versión histórica del régimen cubano, que siempre defendió haber actuado en defensa de su espacio aéreo.
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La ofensiva judicial llega además en un contexto extremadamente delicado para Cuba. La isla atraviesa una crisis económica y energética devastadora, agravada por las sanciones estadounidenses y por el colapso del suministro de combustible procedente de Venezuela. En Washington consideran que este es el momento de máxima debilidad del régimen y buscan aumentar todavía más la presión política y diplomática.
El anuncio fue realizado en Miami, símbolo del exilio cubano, en un acto cargado de simbolismo político. Las autoridades estadounidenses dejaron claro que consideran a Castro responsable directo de la muerte de ciudadanos estadounidenses y advirtieron de que el tiempo no impedirá su persecución judicial.
El fiscal general en funciones, Todd Blanche, aseguró incluso que Castro terminará compareciendo ante la justicia norteamericana “por voluntad propia o de otra manera”, una declaración que refleja hasta qué punto la Administración estadounidense quiere convertir este caso en una herramienta de presión internacional.
La estrategia recuerda inevitablemente al precedente venezolano. En 2020, Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por narcotráfico y posteriormente utilizó esa acusación como base política y judicial para intensificar su ofensiva contra el chavismo. Ahora, muchos observadores ven un patrón similar en el movimiento contra Cuba.
La reacción de La Habana fue inmediata y extremadamente dura. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la imputación de “montaje político” y acusó a Washington de fabricar un relato destinado a justificar una futura agresión contra la isla. El Gobierno cubano reivindicó además la figura de Castro como un “héroe nacional” y negó tajantemente cualquier ilegalidad en la actuación militar de 1996.
Mientras tanto, Donald Trump volvió a endurecer su discurso contra el castrismo. El presidente estadounidense insistió en que Washington no tolerará “un Estado hostil” tan cerca del territorio norteamericano y combinó amenazas con mensajes ambiguos sobre una posible negociación futura con el régimen.
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una oferta de “nueva relación” con Cuba, aunque condicionada a profundas reformas políticas, apertura económica y elecciones libres, algo que el actual régimen rechaza frontalmente.
La imputación no solo tiene consecuencias judiciales. También marca un salto político de enorme calado. Por primera vez en décadas, Estados Unidos sitúa formalmente a un histórico líder cubano en el centro de una causa criminal vinculada directamente con la muerte de ciudadanos estadounidenses.
El caso amenaza además con desestabilizar todavía más el delicado equilibrio interno de Cuba. La crisis humanitaria, los apagones, la escasez de alimentos y el creciente malestar social ya han erosionado seriamente la imagen del régimen, mientras crecen las dudas sobre la futura sucesión dentro del aparato castrista.
Washington parece decidido a aprovechar ese escenario. La Casa Blanca considera que el deterioro económico y político de la isla abre una oportunidad inédita para forzar cambios profundos en Cuba, ya sea mediante presión diplomática, aislamiento financiero o negociaciones condicionadas.
El choque entre ambos países entra así en una nueva dimensión. Lo que comenzó como un caso judicial sobre un episodio ocurrido hace tres décadas se ha convertido ahora en un movimiento de enorme impacto geopolítico que podría redefinir la relación entre Estados Unidos y Cuba en los próximos años. @mundiario
