El reciente enfrentamiento en el departamento del Guaviare, en el centro sur de Colombia, ha dejado al menos 48 muertos en un choque entre dos facciones de las disidencias de las FARC. No se trata de un combate entre el Estado y una guerrilla clásica, sino de una lucha interna entre estructuras criminales que nacieron tras la firma del acuerdo de paz de 2016 y que hoy disputan el control del territorio, las rutas del narcotráfico y las economías ilegales.
Los grupos enfrentados serían el Estado Mayor Central, vinculado a Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, asociado a Calarcá. Ambos operan en regiones donde la presencia institucional sigue siendo débil, lo que convierte la selva en un espacio donde la ley del más fuerte sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana.
Guaviare, un territorio estratégico atrapado en la violencia
El escenario del conflicto no es casual. Guaviare es una región de transición entre la Amazonía y la Orinoquía, con una geografía compleja, de difícil acceso y con históricas rutas utilizadas para actividades ilegales. Allí, tras la salida de la antigua guerrilla, distintas estructuras armadas ocuparon el vacío de poder.
Según el Ejército colombiano, los combates se habrían producido entre estructuras locales vinculadas a ambas facciones, dejando decenas de cuerpos en una zona remota donde la recuperación de víctimas es extremadamente difícil. La operación humanitaria desplegada junto a autoridades locales y organismos internacionales busca acceder a un terreno donde la selva no solo oculta la vida, sino también la muerte.
El dato más inquietante es la posible presencia de menores entre las víctimas. El reclutamiento forzado sigue siendo una herida abierta en Colombia, especialmente en comunidades rurales donde las alternativas económicas y educativas son limitadas. En estos contextos, la violencia no solo se impone con armas, sino también con promesas deformadas de supervivencia.
El espejo de un conflicto que no termina de cerrarse
Lo ocurrido en Guaviare no es un hecho aislado. En los últimos años se han repetido episodios similares que evidencian una fragmentación del control armado en varias regiones del país. La violencia ya no responde a un único actor, sino a múltiples redes que se disputan espacios como si fueran piezas de un tablero que nunca termina de desmontarse.
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Desde el punto de vista del análisis social, esta situación muestra las grietas de un proceso de paz que logró desmovilizar a una guerrilla histórica, pero no consiguió sustituir de forma efectiva las economías ilegales que alimentaban el conflicto. Cuando el Estado no logra consolidar su presencia, otros actores ocupan ese vacío con lógicas de control violento.
La imagen que deja esta masacre es la de un territorio donde la selva actúa como testigo silencioso de una guerra que no termina de apagarse. Como un río subterráneo, la violencia sigue fluyendo bajo la superficie, reapareciendo en forma de tragedias que golpean con especial dureza a las comunidades más vulnerables.
El desafío no es solo militar, sino estructural. Implica educación, desarrollo rural, presencia institucional y protección real de la infancia. Mientras estos elementos no se consoliden, episodios como el de Guaviare seguirán recordando que la paz, en algunas regiones, todavía es una promesa incompleta que lucha por echar raíces en un suelo profundamente marcado por la guerra. @mundiario
