Trump impulsa un fuerte aumento del coste de la naturalización en plena revisión migratoria

La política migratoria de Estados Unidos podría experimentar un nuevo giro con la propuesta presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para aumentar de forma significativa las tasas asociadas a la obtención de la ciudadanía.

Si la iniciativa supera el proceso regulatorio federal, los residentes permanentes que aspiren a naturalizarse deberán afrontar un desembolso muy superior al actual. El coste de la solicitud pasaría a superar los 1.300 dólares en determinados casos, lo que supone un incremento cercano al 80% respecto a las tarifas vigentes.

La Administración defiende que el objetivo es garantizar que los solicitantes asuman el coste real de la tramitación de sus expedientes. Según el Gobierno, los recursos que actualmente recibe el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no cubren por completo los gastos derivados de las verificaciones de seguridad y los procedimientos administrativos necesarios para aprobar una naturalización.

Sin embargo, la medida abre un debate sobre hasta qué punto el acceso a la ciudadanía debe depender de la capacidad económica de cada solicitante.

Más controles y una visión diferente de la inmigración legal

Aunque gran parte de la atención pública se ha centrado en las deportaciones y el refuerzo de la frontera, la estrategia migratoria de Trump también está afectando a los canales legales de inmigración.

Durante los últimos meses se han impulsado controles más exhaustivos para quienes buscan obtener la residencia permanente o la ciudadanía. Entre ellos figuran revisiones ampliadas de la actividad en redes sociales, evaluaciones más estrictas sobre la conducta moral de los solicitantes y la recuperación de mecanismos de verificación mediante entrevistas a vecinos o compañeros de trabajo.

La Casa Blanca considera que estas medidas incrementan la seguridad del proceso y justifican un mayor coste administrativo. Además, sostiene que la ciudadanía representa uno de los beneficios más valiosos que puede conceder el Estado y que, por tanto, no debería financiarse indirectamente con las tasas de otros trámites migratorios.

Esta posición rompe con una tradición mantenida durante décadas por gobiernos de ambos partidos, que habían apostado por mantener precios relativamente accesibles para favorecer la integración de los inmigrantes en la sociedad estadounidense.

El impacto que podría tener sobre miles de familias

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la eliminación de buena parte de los descuentos y exenciones actualmente disponibles para personas con ingresos reducidos.

Hasta ahora, numerosos residentes permanentes podían acogerse a programas que rebajaban significativamente el coste de la solicitud. Con la nueva normativa, esas ayudas desaparecerían en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones vinculadas a miembros actuales o antiguos de las Fuerzas Armadas.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes advierten de que el aumento de las tarifas podría retrasar o incluso impedir que muchas personas elegibles den el paso hacia la ciudadanía. Para numerosas familias, la naturalización no solo otorga derechos políticos como el voto, sino que también proporciona una mayor estabilidad jurídica y protección frente a cambios futuros en la legislación migratoria.

La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos durante 60 días. Hasta entonces, el debate seguirá centrándose en una cuestión clave: si la ciudadanía debe entenderse como un servicio cuyo coste debe asumir íntegramente el solicitante o como una herramienta de integración que merece seguir siendo accesible para quienes ya han construido su vida en Estados Unidos. @mundiario