La intensificación de las políticas migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump ha colocado bajo escrutinio la actuación de los agentes federales encargados de aplicar las leyes de inmigración. Según un análisis del Gun Violence Data Hub, desde el retorno del presidente republicano al poder se han registrado al menos 29 tiroteos protagonizados por agentes vinculados a las operaciones migratorias. Ocho de esos episodios terminaron con la muerte de una persona, aunque otras recopilaciones amplían el balance al incluir intervenciones de la Patrulla Fronteriza y otras unidades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Más allá de las cifras, el debate se centra en cómo se justificaron estos usos de la fuerza. En varios casos, las autoridades federales aseguraron que los vehículos de los migrantes representaban una amenaza directa porque supuestamente intentaron atropellar a los agentes. Sin embargo, familiares, testigos presenciales y grabaciones difundidas posteriormente han cuestionado algunas de esas explicaciones y han abierto dudas sobre la proporcionalidad de las respuestas policiales.
La controversia ha llevado incluso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a ordenar la suspensión temporal de ciertas detenciones de vehículos tras dos muertes recientes ocurridas en Texas y Maine.
Los últimos casos reavivan las dudas sobre las operaciones en carretera
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, donde murió Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años. Según el DHS, el agente del ICE disparó después de que el joven intentara escapar y utilizara su automóvil contra los funcionarios durante el operativo.
La versión oficial fue cuestionada por personas que presenciaron los hechos, quienes señalaron que el vehículo no parecía dirigirse contra los agentes. Además, la oficina del senador Angus King indicó que Guerrero no era la persona inicialmente buscada en la operación. Organizaciones de apoyo a inmigrantes afirmaron también que tenía autorización laboral y número de Seguro Social. El FBI y la Fiscalía General de Maine mantienen abierta la investigación.
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Días antes, el 7 de julio, otro operativo en Houston terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que llevaba más de treinta años viviendo en Estados Unidos. El trabajador de la construcción viajaba con compañeros cuando fue interceptado por agentes federales. El DHS sostuvo que trató de embestir a los oficiales, mientras que sus familiares y abogados rechazaron esa explicación y reclamaron una investigación independiente.
Vídeos y testimonios contradicen algunas versiones oficiales
La tensión sobre el uso de la fuerza no comenzó con estos casos. En septiembre de 2025, Silverio Villegas González, un cocinero mexicano de 38 años, murió durante una parada de tráfico en Illinois. Las autoridades afirmaron que intentó huir y arrastró a un agente con su vehículo. Posteriormente, imágenes difundidas del incidente generaron dudas sobre la gravedad de las lesiones descritas inicialmente por los funcionarios.
También fueron especialmente polémicas las muertes de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis. Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, falleció en enero de 2026 cuando un agente del ICE disparó contra su vehículo durante protestas contra los operativos migratorios. La explicación oficial apuntó a una amenaza con el automóvil, aunque vídeos posteriores provocaron cuestionamientos sobre la secuencia exacta de los acontecimientos.
Semanas después, Alex Pretti, enfermero de 37 años, murió durante otra protesta relacionada con las actuaciones migratorias. En este caso intervino un agente de la Patrulla Fronteriza. Las imágenes grabadas por testigos volvieron a situar en el centro del debate la transparencia de las investigaciones y la comunicación inicial de las autoridades.
Una política migratoria marcada por consecuencias más amplias
El impacto de la ofensiva migratoria no se limita a los fallecidos por disparos. Otros incidentes han puesto de relieve los riesgos asociados a los operativos federales. Entre ellos figura la muerte del trabajador agrícola mexicano Jaime Alanís, quien falleció tras caer de un invernadero mientras intentaba ocultarse durante una redada en California.
También se investigaron los fallecimientos de Roberto Carlos Montoya Valdez, guatemalteco atropellado mientras huía durante un operativo, y de Josué Castro Rivera, hondureño que murió en circunstancias similares en Virginia.
El aumento de estos episodios ha abierto un debate nacional sobre los protocolos utilizados por las agencias migratorias y sobre la necesidad de mayor supervisión independiente. Mientras el Gobierno defiende que los agentes actúan bajo situaciones de amenaza y en cumplimiento de sus funciones, organizaciones civiles y familiares de las víctimas reclaman revisiones más exhaustivas.
La acumulación de casos ha convertido el uso de la fuerza en operaciones migratorias en uno de los principales focos de controversia de la política fronteriza estadounidense. Las investigaciones pendientes serán determinantes para establecer si se trató de respuestas justificadas ante situaciones de peligro o si existieron fallos en los procedimientos aplicados. @mundiario
