La cuestión de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania vuelve al centro de la política europea. España, Suecia, Países Bajos y Polonia han pedido a la Comisión Europea que reabra el debate sobre el destino de unos 210.000 millones de euros pertenecientes al Banco Central de Rusia e inmovilizados en territorio comunitario desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania.
La iniciativa no significa que esos 210.000 millones vayan a ser transferidos inmediatamente a Kiev. Lo que los cuatro países plantean es que los expertos de la Comisión estudien «nuevas opciones» para utilizar esos recursos y que el riesgo sea compartido entre los Veintisiete. La cuestión será discutida en la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE prevista para el 1 y 2 de septiembre en Irlanda.
La Unión Europea aprobó en abril un préstamo de 90.000 millones de euros para sostener a Ucrania durante 2026 y 2027, pero las necesidades de Kiev han seguido aumentando. La Comisión ha aprobado recientemente otros 6.100 millones para sistemas de defensa aérea, misiles, munición y radares, mientras que el conjunto de la ayuda europea a Ucrania y a los ucranianos desde 2022 alcanza ya los 220.000 millones de euros.
La discusión, por tanto, no nace de una modificación de la posición europea sobre la guerra, sino de una pregunta cada vez más incómoda: ¿hasta cuándo puede financiar Europa el esfuerzo ucraniano con deuda y presupuestos nacionales si dispone, al mismo tiempo, de una enorme masa de activos rusos inmovilizados?
La UE no ha confiscado esos 210.000 millones. Los activos permanecen inmovilizados y lo que Bruselas ya utiliza son los beneficios extraordinarios generados por ellos.
La legislación europea permite destinar esos ingresos a Ucrania. En agosto, por ejemplo, la Unión recibió otros 1.400 millones de euros procedentes de esos beneficios, elevando a unos 8.000 millones el total generado desde la inmovilización. El 95% se canaliza mediante el mecanismo europeo de cooperación para préstamos a Ucrania y el 5% restante a la Facilidad Europea para la Paz.
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La propuesta que ahora vuelve a la mesa es mucho más ambiciosa: buscar una fórmula que permita aprovechar el propio capital inmovilizado, no únicamente sus rendimientos.
Alrededor de 185.000 millones de euros están depositados en Euroclear, en Bélgica, lo que convierte a ese país en el principal punto de exposición jurídica y financiera. Bruselas ha defendido en distintas ocasiones que los riesgos derivados de posibles reclamaciones rusas no pueden recaer exclusivamente sobre el Estado belga. Por eso la carta de España, Suecia, Países Bajos y Polonia insiste precisamente en que el riesgo debe distribuirse y que «ningún Estado miembro soporta una carga desproporcionada».
Bélgica sigue siendo la pieza decisiva
La dificultad no ha desaparecido. Bélgica continúa siendo el principal obstáculo para una utilización directa de los activos y sus reservas son comprensibles desde una perspectiva financiera: si Moscú consigue plantear reclamaciones contra Euroclear o si el sistema genera responsabilidades judiciales, el país donde se concentra la mayor parte del dinero quedaría especialmente expuesto.
El Gobierno belga ya había reclamado una «mutualización completa» del riesgo. Su posición explica en buena medida por qué el anterior intento comunitario fracasó. La alternativa terminó siendo el préstamo europeo de 90.000 millones, respaldado por la capacidad financiera de la UE. Pero esa solución también tiene un límite: es deuda comunitaria y, por tanto, implica comprometer recursos europeos para una guerra cuyo horizonte financiero continúa abierto.
La nueva propuesta intenta cambiar precisamente ese equilibrio. Si los activos rusos pudieran servir como garantía o como base financiera de un mecanismo comunitario, los países partidarios de la iniciativa consideran que se reduciría la presión sobre los contribuyentes europeos.
La ingeniería jurídica es considerablemente más compleja que la utilización de los intereses, pero el regreso de esta batalla se explica por un segundo factor: la situación de las finanzas ucranianas y su necesidad de recibir más dinero y más rápido. Aunque el préstamo de 90.000 millones fue diseñado para cubrir las necesidades de 2026 y 2027, la intensidad de los ataques rusos y el incremento del gasto en defensa aérea, misiles, drones y munición están modificando las previsiones.
La propia Comisión acaba de aprobar 6.100 millones de euros adicionales dentro de ese marco para reforzar la defensa ucraniana. Además, el componente correspondiente a 2026 contempla hasta 45.000 millones de euros, de los cuales 28.300 millones están destinados a las capacidades industriales de defensa y 16.700 millones a apoyo presupuestario.
Es decir, el problema no es solamente cuánto dinero necesita Ucrania hoy, sino cómo garantizar una financiación previsible durante los próximos años.
Ese es precisamente el argumento político de los cuatro países firmantes: los 210.000 millones constituyen una reserva extraordinaria que Europa ya controla jurídicamente mediante su régimen de sanciones, aunque todavía no haya encontrado una fórmula aceptable para movilizar el principal.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Lo más probable es que la reunión de Irlanda no termine con una decisión inmediata sobre la utilización directa de los activos. El paso más realista será encargar a la Comisión y a sus expertos que estudien alternativas y determinen cómo distribuir los riesgos.
Eso ya supone un cambio respecto al bloqueo anterior. La cuestión vuelve oficialmente a la agenda y, sobre todo, lo hace con una coalición políticamente más transversal: Suecia representa al norte, Países Bajos al oeste, España al sur y Polonia al este. La intención es demostrar que no se trata de una iniciativa aislada de los países más próximos geográficamente a Ucrania.
Hay además otro incentivo: la negociación del próximo presupuesto plurianual de la UE para 2028-2034. Cuanto más dinero pueda movilizarse mediante los activos rusos, menor será, en principio, la cantidad que los Estados miembros tengan que aportar por otras vías.
Pero existe una diferencia entre explorar una fórmula y conseguir unanimidad para aplicarla. Rusia ya ha anunciado su oposición y previsiblemente recurrirá a la vía judicial y diplomática. Y mientras Bélgica no considere suficientemente cubiertos sus riesgos, la operación seguirá teniendo un obstáculo difícil de sortear. @mundiario
