Nuevas pruebas documentales revelan que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE UU, Robert F. Kennedy Jr., contradijo de forma directa su testimonio ante el Congreso respecto a su controvertido viaje a Samoa en 2019. Una investigación conjunta de The Guardian y The Associated Press (AP) sacó a la luz una carta que desmiente su declaración de que dicha visita «no tenía nada que ver con las vacunas».
La nueva documentación no es una interpretación política ni una reconstrucción posterior. Se trata de una carta que Kennedy envió antes del viaje al entonces primer ministro samoano, Tuilaepa Sailele Malielegaoi. En ella explicaba que quería estudiar lo ocurrido con las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola —la vacuna MMR— y proponía realizar una evaluación sobre posibles problemas relacionados con su utilización. Las palabras “vacuna” o “vacunación” aparecen ocho veces en el documento.
Durante sus audiencias de confirmación, celebradas en 2025, Kennedy fue interrogado en varias ocasiones sobre ese viaje. Ante el senador demócrata Ron Wyden afirmó: «Fui allí, no tuvo nada que ver con las vacunas». Al día siguiente, ante Edward Markey, insistió: «Mi propósito al ir allí no tenía nada que ver con las vacunas».
Su explicación era que había viajado para presentar un sistema de informática médica destinado a digitalizar historiales y mejorar la gestión sanitaria de Samoa. Kennedy reconoció que terminó manteniendo conversaciones con algunas personas, pero negó que las vacunas fueran el propósito de la visita.
Los documentos desclasificados hacen insostenible la defensa de Robert F. Kennedy Jr. Antes de viajar a la nación polinesia, el entonces activista envió una carta formal al primer ministro de Samoa para solicitar autorización expresa a fin de que su equipo analizara la seguridad de las vacunas triple viral (MMR) y determinara si las muertes de dos niños estaban ligadas a lotes específicos.
Esta intención inicial coincide con las declaraciones de Michael Graven, su colega de la organización Children’s Health Defense (CHD) —conocida por su activismo antivacunas y por promover desinformación médica—, quien describió el viaje de campo como una misión centrada en la inmunización. La evidencia oficial confirma que la fiscalización de las vacunas fue el motor principal del itinerario, lo que contradice sus reiteradas negativas ante el Senado durante su confirmación como secretario de Salud.
Samoa, el antecedente que convierte el caso en explosivo
El contexto histórico de esta visita eleva al máximo la gravedad de la controversia en Washington. En julio de 2018, dos bebés samoanos de un año murieron de forma inmediata tras recibir la vacuna triple vírica (MMR). La investigación oficial demostró que el deceso no fue causado por la sustancia, sino por un negligente error humano: las dos enfermeras a cargo mezclaron por accidente el polvo de la vacuna con un anestésico vencido en lugar del diluyente correcto, hecho por el cual se declararon culpables de homicidio involuntario y recibieron una condena de cinco años de prisión.
Pese a aclararse el error, el gobierno de Samoa suspendió temporalmente el programa nacional de inmunización, provocando que la tasa de vacunación general en las islas se desplomara críticamente del 74% a menos del 35%.
Aprovechando este vacío de confianza, Robert F. Kennedy Jr. viajó a Samoa en junio de 2019 durante las celebraciones de la independencia del país. Su organización, ya había tejido redes con figuras políticas locales y activistas antivacunas de la región. Durante su estancia, Kennedy Jr. legitimó públicamente a influyentes agitadores locales del movimiento antivacunas como Edwin Tamasese —quien promovía curas falsas con vitamina C— y se reunió en privado con altos funcionarios estatales, promoviendo de manera activa la duda sobre la seguridad de los lotes de vacunas.
Solo unos meses después de su visita, Samoa sufrió un catastrófico brote de sarampión que infectó a más de 5.700 personas y mató a 83 pacientes, en su inmensa mayoría niños menores de cinco años que no habían sido inmunizados. Las autoridades sanitarias de Samoa habían advertido de que la caída de la vacunación había creado unas condiciones especialmente peligrosas. Los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de UNICEF, así como autoridades médicas locales y de la región, afirmaron formalmente que la llegada de estas figuras internacionales antivacunas en 2019 validó y envalentonó a los activistas locales.
Eso no significa que pueda atribuirse a Kennedy la responsabilidad directa del brote. La relación causal entre su visita y las muertes requiere mucho más que una coincidencia temporal. Pero sí explica por qué su viaje se convirtió en uno de los puntos más sensibles de su proceso de confirmación.
El problema legal: ¿mentira, declaración falsa o perjurio?
Aquí Washington entra en un terreno más delicado. El senador Edward Markey, quien interrogó personalmente a Kennedy bajo juramento simulado durante las audiencias, denunció públicamente que el secretario introdujo desinformación de forma deliberada y exigió medidas contundentes frente a lo que califica como un engaño flagrante.
Por su parte, el senador Ron Wyden y su equipo han enfatizado que mentir ante una audiencia de confirmación del Senado constituye un delito federal grave, independientemente de si el nominado prestó juramento formal o no. Los demócratas ya evalúan utilizar estas revelaciones documentales como base para abrir comisiones de investigación criminal o estructurar un proceso de juicio político (impeachment). El gobernador de Hawái, Josh Green (quien además es médico y lideró misiones de emergencia sanitaria en Samoa durante el brote de 2019), se sumó a la ola de críticas exigiendo la dimisión inmediata de Kennedy Jr., afirmando que alguien que engaña al Congreso sobre crisis sanitarias no puede velar por la salud y seguridad del país.
Pero hay una precisión jurídica fundamental: Kennedy no estaba bajo juramento durante aquellas audiencias de confirmación. Por eso, hablar directamente de “perjurio” puede resultar jurídicamente impreciso. El propio Departamento de Salud ha utilizado ese argumento para rechazar las acusaciones y ha calificado de falsas y difamatorias las afirmaciones de que Kennedy mintió bajo juramento.
Eso no elimina necesariamente toda posible responsabilidad. La legislación federal estadounidense establece que realizar declaraciones falsas o engañosas ante el Congreso constituye un delito grave, independientemente de si se ha prestado juramento o no. Sin embargo, demostrar que una declaración política contradictoria constituye un delito exige establecer elementos concretos, entre ellos la intención, la materialidad de la afirmación y el encaje jurídico exacto.
La verdadera amenaza para Robert F. Kennedy Jr. reside en el Capitolio, donde su base de apoyo político formal ha comenzado a fracturarse de manera irreversible. El secretario de Salud fue ratificado en febrero de 2025 mediante una de las votaciones más ajustadas de la historia reciente para este cargo, logrando 52 votos a favor frente a 48 en contra.
El respaldo del senador republicano por Luisiana, Bill Cassidy (médico gastroenterólogo y presidente del Comité de Salud del Senado), fue clave para destrabar la confirmación. Cassidy condicionó explícitamente su voto a cambio de garantías de que Kennedy Jr. no desmantelaría las agencias ni alteraría las directrices científicas de vacunación. Sin embargo, el malestar de Cassidy se hizo público en una entrevista para el programa de televisión Face the Nation de la cadena CBS. Allí, el senador republicano denunció de forma tajante que los pactos asumidos por el secretario habían sido violados, declarando textualmente: «Los compromisos que se me hicieron han sido incumplidos».
Kennedy prometió mantener determinadas políticas y estructuras relacionadas con las vacunas. Después, ya al frente del Departamento de Salud, impulsó cambios significativos, entre ellos la sustitución de los miembros del comité asesor de inmunización de los CDC. Esa evolución convierte los nuevos documentos sobre Samoa en algo más que una disputa sobre un viaje de hace siete años: alimenta la acusación de que Kennedy presentó durante su confirmación una versión más moderada de sus posiciones de la que después aplicaría desde el Gobierno.
En el corto plazo, lo más probable es que el escándalo se convierta en munición para los demócratas y en un problema incómodo para algunos republicanos que respaldaron su nombramiento. El Congreso puede abrir investigaciones, convocar nuevas comparecencias y exigir explicaciones sobre las declaraciones realizadas durante la confirmación.
La situación podría cambiar radicalmente después de las elecciones legislativas de noviembre. Si los demócratas recuperaran la Cámara de Representantes o el Senado, tendrían muchas más herramientas para investigar la actuación de Kennedy e incluso explorar un eventual juicio político. Sin embargo, actualmente su margen de maniobra es limitado. @mundiario
