Hachazo de España y Alemania a la diplomacia europea: exigen el fin de los vetos “obstruccionistas”

La Unión Europea vuelve a enfrentarse a uno de sus dilemas fundacionales: cómo mantener la unidad sin permitir que la búsqueda del consenso termine convirtiéndose en una herramienta de bloqueo. Alemania, España y otros nueve Estados miembros han reclamado abrir un nuevo debate sobre la forma en que los Veintisiete toman decisiones en política exterior y seguridad, con el objetivo de reducir los vetos “obstruccionistas” que, a su juicio, están debilitando la capacidad de Europa para actuar en un escenario internacional cada vez más inestable.

La iniciativa llega después de años en los que el Gobierno de Viktor Orbán convirtió el veto húngaro en una herramienta habitual para frenar sanciones contra Rusia o medidas de apoyo a Ucrania. Aunque Orbán ya no ocupa el poder en Budapest, su etapa dejó una lección que ahora Berlín y otros socios quieren convertir en reforma institucional, porque entienden que una política exterior común basada en la unanimidad puede quedar paralizada cuando uno de los 27 decide no acompañar al resto.

Los ministros de Exteriores de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía y Suecia han trasladado esta preocupación en una carta dirigida a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y al resto de ministros comunitarios coincidiendo con la reunión informal de Exteriores y de Defensa celebrada en Irlanda. Europa necesita poder actuar con rapidez cuando están en juego sus intereses estratégicos.

La política exterior y de seguridad común de la UE continúa sometida, en buena parte, a la regla de la unanimidad. En la práctica, esto significa que cualquiera de los Estados miembros puede vetar la adopción de determinadas decisiones sensibles. El sistema fue diseñado para proteger los intereses nacionales y garantizar que ningún país quedara obligado a respaldar una posición exterior que considerara incompatible con sus prioridades. Pero el contexto geopolítico ha cambiado.

La guerra de Ucrania, la rivalidad entre grandes potencias, el conflicto en Oriente Próximo, la creciente amenaza híbrida rusa y la posibilidad de nuevas ampliaciones de la Unión han convertido la velocidad de reacción en un elemento estratégico. Los once países firmantes advierten de que la capacidad de la UE para defender sus valores e intereses depende de que pueda movilizar “su peso político, económico y diplomático de forma rápida y eficiente”.

Alemania y España quieren recuperar el debate

La preocupación no se dirige exclusivamente a Hungría. Orbán fue el ejemplo más visible de lo que los firmantes denominan bloqueos “obstruccionistas”, pero otros gobiernos también han utilizado en distintos momentos su capacidad de veto para condicionar decisiones comunitarias, más reciente Grecia para retirar las sanciones contra la economía rusa sobre ciertos buques que navegan por el Ártico, por presiones de una de las principales navieras del país helénico. El problema, por tanto, es estructural.

El paso dado ahora por Berlín y Madrid recupera una discusión que lleva años sobre la mesa. Una de las alternativas consiste en extender la votación por mayoría cualificada a determinadas decisiones de política exterior. En ese sistema, una decisión puede salir adelante con el respaldo de al menos el 55 % de los Estados miembros —15 de los 27— siempre que esos países representen al menos el 65 % de la población de la Unión.

La ventaja radica en que un único Estado dejaría de tener capacidad para bloquear automáticamente una posición compartida por una amplia mayoría. Pero la reforma también tiene un coste político que no todos los miembros quieren asumir. Modificar de forma generalizada la regla de unanimidad requeriría cambios en los tratados europeos, un proceso complejo que muchas capitales prefieren evitar.

Y existe además una resistencia especialmente fuerte entre los países pequeños y medianos. Para Estados como Malta, Chipre o los países bálticos, la unanimidad constituye uno de los pocos mecanismos que les garantiza que sus intereses nacionales no puedan ser ignorados por las grandes potencias europeas.

La ampliación hace más urgente la reforma

El problema puede adquirir una dimensión mayor si la UE continúa ampliándose, especialmente con Ucrania, Moldavia o los Balcanes Occidentales en la cola. Con 27 Estados miembros, alcanzar acuerdos unánimes ya puede resultar complicado cuando existen intereses nacionales divergentes. Con una Unión todavía más grande, la posibilidad de bloqueo aumentaría.

La experiencia de las sanciones contra Rusia y las diferencias sobre la política europea respecto a Israel y la guerra de Gaza han mostrado hasta qué punto pueden divergir las posiciones nacionales. La cuestión ya no es únicamente cómo castigar a un Gobierno que utiliza el veto, sino cómo diseñar un sistema institucional capaz de funcionar cuando Europa debe responder a crisis simultáneas y con una multiplicidad creciente de intereses nacionales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había defendido esta primavera la transición hacia la mayoría cualificada como una fórmula para evitar “bloqueos sistemáticos”. El nuevo documento firmado por los once ministros intenta convertir ese debate en una hoja de ruta más pragmática.

Cinco principios para sortear los bloqueos

Los once países no plantean, al menos de momento, una ruptura abrupta con el sistema vigente. Su propuesta combina la exploración de una eventual reforma de los tratados con medidas que pueden aplicarse dentro del marco actual. El primer principio consiste en reforzar el compromiso con el “espíritu de cooperación sincera” y la “solidaridad mutua” previstas en los tratados europeos, para que alcanzar objetivos comunes sin buscar intereses ocultos.

El segundo apuesta por ampliar el uso de las denominadas “abstenciones constructivas”. Este mecanismo permite a un Estado no respaldar activamente una decisión sin impedir que los demás la adopten. Es una fórmula especialmente útil para evitar que un país tenga que elegir entre apoyar una posición con la que discrepa o bloquearla por completo. La UE ya recurrió a una solución de este tipo en diciembre de 2023, cuando Orbán abandonó temporalmente la sala mientras el resto de líderes aprobaba el inicio de las negociaciones de adhesión con Ucrania.

La tercera propuesta es especialmente significativa. Los países reclaman que los Estados miembros se abstengan de vincular de forma “obstruccionista” una decisión de política exterior o seguridad a cuestiones que no tengan una relación sustancial con el asunto que se está decidiendo. Por ello, si un Gobierno discrepa de una decisión sobre Rusia, Gaza o Ucrania, debe explicar sus razones. Lo que los firmantes quieren evitar es que esa discrepancia se convierta en una herramienta para negociar ventajas en ámbitos completamente diferentes. @mundiario