Andy Burnham ha elegido su primera comparecencia parlamentaria como primer ministro para marcar distancias con la etapa de Keir Starmer y, sobre todo, para explicar qué entiende por una política alternativa para hacer crecer Reino Unido. Tras seis semanas en Downing Street, el nuevo jefe del Gobierno británico ha presentado un diagnóstico mucho más amplio que una simple crítica a su antecesor: a su juicio, el problema económico del país no comenzó con el Brexit, pero la salida de la Unión Europea agravó desequilibrios acumulados durante décadas.
“Desde los 80, este país ha adoptado una serie de giros equivocados. El poder político fue centralizado, el poder económico resultó privatizado y hubo desindustrialización y austeridad”, afirmó Burnham ante los diputados. Después situó el Brexit como el último elemento de esa cadena: “Y entonces el Brexit agravó el daño, provocando una década de bajo crecimiento y una regeneración estancada”.
La afirmación constituye uno de los cambios políticos más significativos respecto a la etapa anterior. No porque Burnham haya anunciado la reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea —algo que no está sobre la mesa a corto plazo—, sino porque ha convertido las consecuencias económicas del Brexit en una parte explícita de su explicación sobre el debilitamiento de la economía británica.
El nuevo primer ministro pretende presentar su proyecto como una ruptura con un modelo que, según su diagnóstico, ha concentrado demasiado poder en Londres mientras debilitaba a las comunidades locales. Su experiencia de nueve años al frente del Gran Mánchester es el argumento que utiliza para defender una alternativa más descentralizada.
Burnham sostiene que la centralización política, la privatización de servicios, la desindustrialización y la austeridad redujeron la capacidad de las regiones para decidir sobre su propio desarrollo. El Brexit habría añadido dificultades a un modelo que ya arrastraba problemas de productividad, inversión y regeneración territorial.
Aquí está una de las claves de su proyecto: no pretende únicamente gastar más desde Westminster, sino cambiar quién decide y quién controla determinados recursos. Su Gobierno quiere transferir competencias a alcaldes y autoridades regionales, impulsar estrategias industriales locales y crear una estructura denominada No 10 North, concebida como un instrumento para acercar el centro de decisión gubernamental a las regiones.
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Más control público sobre agua, energía y transporte
El segundo gran pilar de la alternativa de Burnham es la recuperación de control público sobre servicios esenciales. El primer ministro ha señalado especialmente el agua y la energía, además del transporte, y ha planteado un proyecto de diez años para modificar progresivamente la gestión de estos sectores.
La cuestión del agua puede convertirse en el primer gran campo de batalla. La crisis financiera del proveedor Thames Water, que necesita nuevos recursos para afrontar sus obligaciones, ha colocado la posibilidad de una intervención pública sobre la mesa. Burnham ha defendido anteriormente fórmulas de control público, aunque todavía debe concretar hasta dónde llegará la nacionalización y cuánto costará al Estado.
Su argumento económico es que determinados servicios no deben evaluarse únicamente por su rentabilidad inmediata. Si agua, energía o transporte condicionan el coste de vida de las familias y los costes de producción de las empresas, el Estado puede intervenir para intentar reducir esos costes y favorecer la inversión a largo plazo.
El problema, sin embargo, está en la financiación. Recuperar empresas o asumir inversiones que durante décadas han estado en manos privadas puede exigir cantidades considerables de dinero público. La política de Burnham tendrá que demostrar que mayor control estatal significa también mejores servicios y crecimiento, y no simplemente una transferencia de costes hacia el contribuyente.
En este contexto de encarecimiento de la vida, el aspecto más delicado de su discurso es probablemente el brexit. Burnham ha sido más crítico con la salida de la Unión Europea que Starmer, pero no ha anunciado que vaya a romper las líneas rojas laboristas
El primer ministro ha defendido una relación más estrecha con Europa y ha insistido en que el Reino Unido no puede adoptar una estrategia de aislamiento. Sin embargo, mantiene el compromiso de no solicitar el reingreso en la Unión Europea, ni en el mercado único ni en la unión aduanera durante esta legislatura.
Burnham está cuestionando las consecuencias económicas del Brexit sin plantear todavía una reversión inmediata. Su estrategia consiste en buscar un acercamiento progresivo a Europa. En noviembre está previsto un nuevo encuentro relacionado con el denominado “EU reset”, mientras Burnham también tiene previsto reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron.
Su argumento de que el Brexit explica buena parte del bajo crecimiento es, no obstante, una interpretación política que convive con otros factores: productividad débil, inversión insuficiente, inflación, crisis energética, efectos de la pandemia y problemas estructurales acumulados durante décadas. Presentarlo como la única causa del estancamiento simplificaría una realidad económica bastante más compleja.
Una política diferente, pero todavía sin todas las respuestas
Burnham ha insistido en que quiere abandonar la política basada en la confrontación permanente. Su lema es actuar de otra manera y poner “la resolución de problemas por encima de la anotación de puntos personales”. En su intervención reconoció que Reino Unido “no está donde querríamos que estuviese” y sostuvo que la próxima década puede ser mejor que la anterior.
El tono es diferente, pero el verdadero examen llegará cuando las promesas deban convertirse en cifras. El presupuesto de octubre será su primera gran prueba. Tendrá que definir cómo financiará sus planes mientras aumentan las presiones sobre las cuentas públicas y, simultáneamente, se plantea elevar el gasto en defensa. Tampoco están completamente definidos su política migratoria, la explotación de petróleo y gas del mar del Norte o el futuro de determinadas partidas sociales.
En defensa, Burnham ha evitado comprometerse con algunas cifras concretas reclamadas por la oposición, aunque mantiene el compromiso con los objetivos de la OTAN. En energía ha defendido que las renovables y los combustibles fósiles no tienen necesariamente que presentarse como alternativas excluyentes, mientras mantiene los compromisos climáticos y prevé acudir a la COP31 en Turquía.
La estrategia de Burnham también responde a un escenario electoral complicado. Reform UK, el partido de Nigel Farage, ha ganado terreno durante los últimos meses y ha obligado al laborismo y a los conservadores a disputar cuestiones como inmigración, coste de vida y pérdida de confianza en las instituciones.
El nuevo primer ministro intenta ocupar un espacio distinto: menos centralización, mayor intervención pública y una recuperación de las regiones industriales, pero sin abandonar la disciplina fiscal ni plantear de inmediato un regreso a la arquitectura europea anterior al Brexit.
Por su parte, la líder conservadora Kemi Badenoch ha acusado a Burnham de «mirar hacia el pasado» y de querer recuperar fórmulas económicas asociadas a los años setenta. La oposición tendrá además que prepararse para una legislatura que Burnham asegura querer agotar, aunque la remodelación del equipo conservador revela que el partido se prepara para cualquier eventualidad.
La cuestión decisiva será si Burnham consigue convertir su diagnóstico en crecimiento. Su proyecto parte de una idea clara: Reino Unido necesita redistribuir poder económico y político hacia las regiones, recuperar capacidad pública sobre servicios esenciales y reconstruir una relación más estrecha con Europa sin deshacer formalmente el Brexit. @mundiario
