La decisión de Abelardo de la Espriella sobre el porte de armas en Colombia marca uno de los primeros grandes giros de su política de seguridad. El presidente firmó el Decreto 1368 del 8 de septiembre, con el que levanta la suspensión general que durante años había convertido la autorización excepcional en la regla para quienes tenían permisos de porte.
La medida entró en vigor el 9 de septiembre y restablece la eficacia de los permisos individuales que continúen vigentes y no estén suspendidos, cancelados, revocados o afectados por una prohibición judicial o legal. No se trata, por tanto, de una liberalización completa del acceso a las armas. El propio decreto mantiene los requisitos y controles establecidos por el régimen colombiano.
Hasta ahora, una persona con permiso de porte podía encontrarse con que la suspensión general le impedía llevar consigo el arma salvo que obtuviera una autorización especial. Desde ahora, quien tenga un permiso de porte vigente podrá ejercerlo sin ese trámite adicional.
El decreto no establece el porte libre de armas, no elimina los permisos y tampoco modifica el marco general del Decreto Ley 2535 de 1993. El porte continúa dependiendo de una autorización expedida por la autoridad militar competente y queda limitado al arma amparada por ese permiso.
Tampoco recuperan automáticamente la posibilidad de portar armas quienes tengan permisos vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados. Quedan igualmente excluidos los casos sometidos a decomiso, prohibición judicial o administrativa, así como aquellos permisos que únicamente autorizan la tenencia y no el porte.
En términos prácticos, el Gobierno elimina una suspensión extraordinaria de carácter general, pero mantiene el sistema ordinario de autorización. Esa distinción será probablemente el centro del debate político y jurídico de los próximos meses.
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Por qué De la Espriella ha tomado esta decisión
La explicación presidencial parte de una premisa sencilla: las restricciones afectaban principalmente a los ciudadanos que cumplían la ley mientras las organizaciones criminales continuaban utilizando armas ilegales.
El Gobierno asegura que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Según los datos presentados por la Presidencia, 980 estaban vinculadas a disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Entre las armas relacionadas con las disidencias había 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros.
De la Espriella utiliza esas cifras para sostener que el problema central de seguridad está en el armamento ilegal y en las estructuras criminales que lo utilizan.
Su argumento político es también coherente con la estrategia de seguridad que ha defendido desde el inicio de su mandato: aumentar la presión sobre organizaciones armadas, fortalecer la acción de la Fuerza Pública y reducir los espacios de actuación de las bandas criminales. El propio Gobierno ha presentado como prioridad la ofensiva contra el narcotráfico, el terrorismo y las estructuras armadas ilegales.
El levantamiento de la suspensión es, además, el cumplimiento de una promesa electoral y una señal política inequívoca sobre el modelo de seguridad que pretende desarrollar el nuevo Ejecutivo. Con esta decisión, casi once años después, Colombia cambia de rumbo en su política de armas.
La suspensión general de los permisos de porte comenzó en 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y fue prorrogada de forma consecutiva por las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro, quienes mantuvieron el esquema restrictivo a pesar de representar proyectos políticos muy diferentes. Durante todo ese periodo, la posibilidad de portar un arma dejó de ser la consecuencia ordinaria de disponer de un permiso y pasó a depender estrictamente de autorizaciones especiales.
El cambio es especialmente significativo porque se produce en un país donde la violencia armada no procede únicamente de delincuentes comunes. Colombia mantiene estructuras armadas ilegales, economías del narcotráfico, organizaciones dedicadas a la extorsión y conflictos territoriales que convierten el control de las armas en una cuestión de seguridad nacional.
El argumento contrario: más armas no significa necesariamente más seguridad
Quienes se oponen a la flexibilización advierten que reactivar los permisos individuales de porte incrementará los niveles de violencia y los homicidios derivados de problemas de intolerancia social. Tras la expedición del decreto, la senadora de la bancada de oposición del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que interpondrá acciones legales contra la norma por considerarla una medida «sumamente peligrosa» que debilita el control estatal en un entorno altamente conflictivo.
En sintonía con las críticas, el senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, enfatizó que permitir que las armas vuelvan a las calles es un «grave error» debido a la vulnerabilidad del sistema de trazabilidad. Ávila argumentó que una parte significativa del armamento adquirido legalmente termina desviado hacia circuitos criminales y bandas delincuenciales por robos o pérdidas institucionales, desplazando el eje de la discusión desde la legítima defensa individual hacia la incapacidad estructural del Estado para vigilar de forma efectiva el ciclo de vida completo del material bélico circulante en el país.
La cuestión, por tanto, no se resuelve simplemente con la oposición entre ciudadanos armados y delincuentes armados. Existe una tercera variable: la capacidad institucional para controlar quién tiene un arma, cuál tiene, dónde está y bajo qué condiciones puede utilizarla.
Las autoridades militares deberán restablecer la eficacia de los permisos individuales que cumplan las condiciones establecidas por el decreto. El propio Gobierno insiste en que continuará teniendo facultades para expedir, suspender, cancelar o revocar permisos.
El segundo efecto de la medida será una intensa batalla legal y política en Colombia. La oposición legislativa ya ha trasladado el Decreto 1368 al terreno judicial; la senadora Hernández radicó formalmente una demanda de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado, argumentando que flexibilizar el porte vulnera el principio constitucional del monopolio estatal sobre las armas de fuego.
En la acera opuesta, partidos de la coalición de gobierno y sectores de la derecha agrupados en el Centro Democrático han cerrado filas en apoyo a la decisión presidencial. Sus defensores sostienen que la norma no promueve el desarme ciudadano, sino que legítimamente restituye los derechos de propiedad y protección de aquellos civiles que ya habían superado los estrictos filtros del Departamento Control Comercio de Armas (DCCA) y poseían permisos legales que se mantuvieron congelados durante más de una década.
El tercer efecto será el más difícil de medir: el impacto sobre la seguridad.
No existe una garantía automática de que más porte legal produzca menos delincuencia, pero tampoco puede deducirse de forma inmediata que el levantamiento de la suspensión vaya a provocar por sí mismo un aumento generalizado de la violencia. El resultado dependerá de factores mucho más amplios: controles de las autoridades, trazabilidad de las armas, formación de los titulares, capacidad policial, persecución del mercado ilegal y comportamiento de los propios portadores.
Colombia entra así en un experimento político y de seguridad relevante. Durante casi once años predominó la idea de restringir el porte como mecanismo preventivo; ahora el Gobierno de De la Espriella apuesta por devolver eficacia al sistema ordinario de permisos, manteniendo controles. @mundiario
