Iván Cepeda desafía los gritos de “guerrillero” a su llegada a Barranquilla

Lo ocurrido con Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla puede parecer, a primera vista, otro episodio menor dentro de la áspera política colombiana: un dirigente opositor llega a una ciudad, un grupo de ciudadanos lo reconoce y comienza a increparlo. Sin embargo, cuando la palabra utilizada para definir a un adversario político es “guerrillero”, el incidente adquiere una dimensión diferente. Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de convertir etiquetas políticas en acusaciones públicas y las diferencias ideológicas en sospechas sobre la legitimidad del otro. El senador avanzó escoltado mientras escuchaba los gritos y decidió no responder.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Cepeda acompañado por su esquema de seguridad y agentes de la Policía Nacional mientras un grupo repetía “¡guerrillero, guerrillero!”. Después se incorporaron voces de “¡fuera, fuera!” desde el hall principal de la terminal. El congresista mantuvo el paso y evitó enfrentarse verbalmente con quienes lo increpaban. Su equipo de protección y los agentes terminaron acompañándolo hasta el vehículo institucional para evitar posibles bloqueos o altercados físicos.

El problema no consiste en que un político sea abucheado. En democracia, los gobernantes y legisladores están expuestos al rechazo, a la protesta e incluso a expresiones incómodas. El límite aparece cuando la crítica deja de dirigirse contra sus decisiones y comienza a construir una identidad potencialmente criminal alrededor del adversario. Llamar “guerrillero” a Cepeda no constituye un argumento sobre sus propuestas, sus votos en el Congreso o su papel en la oposición. Es una forma de estigmatización que, dentro de la historia colombiana, posee una carga especialmente delicada.

El momento político tampoco es irrelevante. Cepeda se ha convertido en una de las figuras visibles de la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto. Las diferencias se concentran en seguridad, derechos humanos, operaciones militares y el abandono de la política de “Paz Total” desarrollada durante el Gobierno de Gustavo Petro. El senador también ha cuestionado operaciones aéreas en Guaviare y Catatumbo por la muerte y afectación de menores reclutados por grupos armados, argumentando que determinadas acciones podrían vulnerar principios del Derecho Internacional Humanitario.

Barranquilla añade otra capa política al episodio. La ciudad alberga actualmente una sede presidencial alterna desde la que el Gobierno coordina reuniones institucionales y encuentros diplomáticos. La llegada de uno de los principales dirigentes opositores se produjo, por tanto, en un territorio temporalmente cargado de simbolismo gubernamental. Según Infobae, seguidores del Pacto Histórico reaccionaron posteriormente en redes sociales denunciando que las arengas constituían una forma de estigmatización contra representantes de la oposición legal. Cepeda, por su parte, no había emitido una declaración adicional sobre el incidente en el momento de publicarse la información.

El derecho a protestar no incluye borrar la legitimidad del adversario

La cuestión de fondo es incómoda para todos los sectores porque la intolerancia política no pertenece exclusivamente a una ideología. Colombia arrastra décadas de una cultura donde las etiquetas —“guerrillero”, “paramilitar”, “fascista”, “terrorista”— han servido demasiadas veces para reemplazar el debate. Cuando el vocabulario político se reduce a categorías que convierten al contrario en una amenaza existencial, desaparece progresivamente la posibilidad de discutir políticas públicas. Ya no importa demostrar que una propuesta es equivocada: basta con presentar a quien la defiende como alguien moralmente incompatible con la sociedad.

Cepeda tampoco debería quedar exento del escrutinio por ser víctima de un episodio de hostilidad. Su oposición al nuevo Gobierno incluye cuestionamientos duros sobre seguridad, soberanía y constitucionalidad. Incluso ha señalado la ciudadanía colombiana, estadounidense e italiana de De la Espriella como un posible conflicto de intereses y ha puesto en duda algunas de sus posiciones sobre política exterior. Esas afirmaciones pueden y deben ser discutidas políticamente. Una democracia saludable permite responderle con datos, argumentos e incluso protestas contundentes. Lo que empobrece el debate es sustituir esa discusión por una palabra lanzada desde una terminal aérea.

Hay además una responsabilidad particular de las dirigencias. Cuando el lenguaje público normaliza que el adversario es un enemigo, la sociedad termina reproduciendo esa lógica en aeropuertos, universidades, calles y redes sociales. Después resulta demasiado sencillo atribuirlo todo a ciudadanos exaltados. Los dirigentes poseen una capacidad extraordinaria para elevar o degradar el lenguaje democrático. La confrontación puede ser intensa sin convertirse en deshumanización; la oposición puede ser radical sin cuestionar el derecho del contrario a existir políticamente.

La reacción de Cepeda —continuar caminando y no responder— evitó que el episodio escalara. Eso no convierte el incidente en una agresión física ni permite afirmar que existiera necesariamente un plan organizado contra él. El material disponible muestra un rechazo verbal y una intervención preventiva de su esquema de seguridad. Mantener esa precisión es importante porque la polarización también se alimenta cuando cada incidente se exagera para presentarlo como prueba definitiva de persecución. La democracia necesita denunciar la estigmatización sin fabricar una amenaza mayor que la que los hechos permiten demostrar.

Colombia debería mirar la escena de Barranquilla menos como un problema exclusivo de Iván Cepeda y más como un termómetro de su conversación pública. Un país que ha pagado un precio extraordinariamente alto por la violencia política debería ser especialmente cuidadoso cuando las palabras comienzan a transformar nuevamente al adversario en enemigo. Nadie está obligado a respetar las ideas de Cepeda, de De la Espriella, del Pacto Histórico o de cualquier otro movimiento; sí debería existir un acuerdo mínimo sobre el derecho de todos ellos a participar en política sin ser reducidos a etiquetas que sugieran violencia o ilegitimidad. La madurez democrática no se mide por cómo tratamos a quienes piensan como nosotros, sino por nuestra capacidad para enfrentarnos políticamente a quienes rechazamos sin intentar expulsarlos simbólicamente de la democracia. @mundiario