A semanas de votar: el Supremo tumba el plan de Trump para restringir el voto por correo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto un freno temporal al intento de la Administración de Donald Trump de imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Por ahora, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no podrá aplicar la normativa que obliga a los estados a entregar listas de electores que recibirán papeletas por correo y a utilizar sobres con características específicas y códigos de barras únicos. El Supremo ha rechazado la petición del Gobierno para levantar la orden judicial que mantiene suspendida la medida.

La decisión tiene importancia por el calendario. No se produce meses antes de una elección, sino cuando el proceso electoral ya está en marcha en distintos estados. Algunos comenzaron a enviar papeletas por correo mientras la nueva infraestructura postal todavía no estaba operativa. Precisamente esa proximidad es uno de los elementos que ha pesado en la decisión judicial. El Supremo no ha cerrado definitivamente el debate sobre la autoridad del Servicio Postal para establecer determinados requisitos, pero considera que el Gobierno tiene pocas posibilidades de conseguir ahora que se levante la suspensión.

El origen del conflicto está en una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo que pidió endurecer las condiciones relacionadas con el voto por correo. A partir de esa directiva, el Servicio Postal aprobó a finales de agosto una regla que introduce nuevos requisitos para las papeletas destinadas a las elecciones federales.

La orden obligaba a las autoridades electorales de cada estado a vaciar y actualizar la información de los votantes habilitados dentro de un nuevo sistema informático centralizado llamado «Federal Ballot Mail Portal». Al mismo tiempo, exigía que tanto los sobres de salida como los de retorno tuvieran diseños estandarizados y códigos de barras de identificación únicos gestionados por la agencia federal. Además, otorgaba al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) la capacidad explícita de negarse a recibir, procesar o entregar boletas de votación en aquellos estados que se negaran a cooperar con el registro, o cuyos sobres no cumplieran estrictamente con el nuevo estándar de diseño.

La Administración Trump sostiene que la medida pretende proteger el correo electoral y reducir el riesgo de fraude. El Departamento de Justicia defendió ante los tribunales que el Gobierno federal no estaba asumiendo el control de las elecciones, sino «regulando» la utilización del correo federal para transportar material electoral. Su argumento parte de una distinción jurídica relevante: los estados mantienen la competencia sobre la organización de sus elecciones, pero el Servicio Postal, según el Gobierno, tiene amplias facultades para establecer las condiciones bajo las cuales se transporta el correo.

El problema apareció cuando los estados y organizaciones que impugnaron la normativa señalaron que, en la práctica, esos requisitos podían afectar directamente a quién recibe una papeleta y a la forma en que se administra el voto por correo.

El argumento que ha terminado inclinando al Supremo

En la resolución emitida por la Corte, la cuestión decisiva en esta fase no se centró en si el Servicio Postal federal posee la facultad constitucional absoluta para regular el correo electoral masivo. El juez asociado Brett Kavanaugh dejó esa disputa técnica expresamente abierta para el debate de fondo. En su voto concurrente escrito, señaló que existe al menos una «perspectiva razonable» de que la regla definitiva adoptada por el USPS se encuadre dentro de la autoridad legal conferida por el Congreso bajo el título 39 del Código de EE UU.

Sin embargo, el magistrado introdujo un criterio de temporalidad pragmático e institucional: aplicar de golpe dicha normativa restrictiva en las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 sería una acción «arbitraria y caprichosa». Según argumentó, esto constituye una violación directa de la Ley de Procedimiento Administrativo debido a que los funcionarios electorales estatales y locales se encuentran a menos de 50 días de los comicios y no disponen del tiempo suficiente ni de las plataformas técnicas listas para implementar el reglamento de manera razonable. Por este motivo sustancial, Kavanaugh sumó su voto a la mayoría para denegar la solicitud de suspensión urgente interpuesta por la Administración de Donald Trump.

Esa precisión es fundamental. El Supremo no ha establecido que toda regulación postal sobre las papeletas sea necesariamente ilegal. Lo que ha considerado, en esta fase de emergencia, es que no existen condiciones razonables para introducir este sistema en vísperas de una elección nacional.

La orden adopta una postura cautelosa de prudencia judicial. El máximo tribunal argumentó explícitamente que la Administración de Donald Trump «tiene pocas probabilidades de éxito en el fondo» en su impugnación legal contra el dictamen de la jueza federal de distrito de Massachusetts, Indira Talwani.

Asimismo, la resolución determinó que los factores jurídicos estrictos requeridos para conceder una suspensión de emergencia de carácter nacional —como demostrar un daño irreparable inminente para el interés público— tampoco favorecen a la Casa Blanca. Al denegar esta apelación urgente, el Tribunal Supremo dejó plenamente vigente la medida cautelar preliminar dictada por la jueza Talwani el 4 de septiembre de 2026. Esta decisión congela de manera efectiva el polémico reglamento restrictivo del Servicio Postal (USPS) de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre.

La decisión del Supremo llega después de una sucesión de resoluciones desfavorables a la entrada en vigor inmediata de la normativa. Talwani bloqueó la aplicación de la regla al considerar que probablemente infringía límites constitucionales y que los estados no podían adaptar sus sistemas electorales en tan poco tiempo. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo posteriormente esa suspensión.

Apenas un día antes del pronunciamiento del Tribunal Supremo, el domingo 13 de septiembre, se sumó otro revés judicial decisivo para la Casa Blanca. El juez federal de distrito de Washington D.C., Carl J. Nichols —nominado por el propio Donald Trump durante su primer mandato presidencial—, también bloqueó la normativa postal al concluir que varios de sus apartados clave excedían por completo la autoridad otorgada por el Congreso al USPS. En su resolución, Nichols fue contundente al dictaminar: “Ningún estatuto concede al Servicio Postal la facultad de dictar partes fundamentales de esta norma”.

Los jueces asociados Samuel Alito y Clarence Thomas, que integran el ala más conservadora del tribunal y han aprobado la mayoría de las propuestas de Trump, emitieron un voto particular disidente frente a la decisión mayoritaria de este lunes. En su escrito de discrepancia, redactado por el propio Alito, sostuvieron que los estados demandantes tenían pocas posibilidades de demostrar que la normativa del USPS era ilegal, desestimando de raíz sus alegaciones.

Alito recurrió a una metáfora deportiva estadounidense al calificar la argumentación jurídica de la coalición opositora como un «pase de Ave María» («Hail Mary pass»), una jugada desesperada e improvisada en el fútbol americano que se lanza en los últimos segundos con una probabilidad de éxito casi nula. Asimismo, el magistrado defendió que el Congreso ha otorgado históricamente una amplia autoridad discrecional al Servicio Postal para dictar las normas operativas necesarias que garanticen la integridad del correo, incluido el de carácter federal.

El factor tiempo se convierte en el centro de la batalla

La paradoja del caso está en que una disputa que comenzó como una discusión sobre fraude electoral y competencias federales ha terminado, por ahora, concentrándose en la capacidad material de los estados para ejecutar una reforma de semejante alcance a pocas semanas de votar.

Los estados que demandaron sostuvieron que el sistema prematuro podía provocar errores, retrasos y devoluciones de papeletas. También se plantearon problemas técnicos relacionados con el nuevo portal y con la identificación mediante códigos de barras. Un denunciante alertó además de problemas potencialmente graves en una infraestructura que todavía estaba siendo desarrollada. 

El riesgo señalado por los opositores no era únicamente administrativo. Si una papeleta no se entregaba porque el elector no figuraba correctamente en una lista o porque el sobre incumplía alguna especificación, el problema podía trasladarse directamente al ejercicio del voto.

La Administración, en cambio, sostiene que los requisitos son limitados y que los estados conservarían la competencia para determinar quién puede votar. Según sus abogados, la regla no sustituye ninguna ley electoral estatal y se limita a regular el correo utilizado para transportar las papeletas.

El matiz es importante porque la decisión de este lunes no equivale a una sentencia definitiva sobre toda la normativa. El litigio principal continúa. El Supremo ha rechazado que el Gobierno pueda levantar ahora la orden preliminar y aplicar las nuevas reglas en las elecciones de noviembre.

Por tanto, el calendario electoral se mantiene bajo las reglas existentes mientras avanza la batalla judicial. Las 50 jurisdicciones estatales permiten alguna forma de voto por correo; 29 permiten solicitarlo sin necesidad de justificar el motivo y ocho celebran sus elecciones íntegramente mediante este sistema.

El episodio muestra además hasta qué punto el voto por correo se ha convertido en uno de los principales campos de disputa sobre la administración electoral estadounidense. Trump lleva años cuestionando su seguridad y ha defendido mayores controles, mientras sus adversarios consideran que las restricciones federales pueden interferir con competencias tradicionalmente gestionadas por los estados.

El Supremo ya había intervenido en este litigio en agosto, cuando levantó una suspensión anterior porque consideró prematuro bloquear el proceso antes de que el Servicio Postal terminara de aprobar su normativa. Una vez publicada la regla definitiva, los tribunales volvieron a examinar el fondo de la cuestión. @mundiario