El enfrentamiento entre Donald Trump y el Tribunal Supremo ha entrado en una nueva fase a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato. El detonante ha sido el rechazo del máximo tribunal a permitir, por ahora, que entre en vigor una normativa impulsada por la Administración para modificar el funcionamiento del voto por correo a través del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). La respuesta presidencial ha sido especialmente dura y ha incluido un reproche directo a los magistrados que Trump nombró durante su primer mandato.
“Estas no fueron las personas que entrevisté para servir en el Supremo de Estados Unidos”, escribió el presidente en Truth Social, después de que el tribunal rechazara su petición. Trump calificó además la decisión de “horrible” y acusó al Supremo de estar sometido a presiones de la izquierda, sin aportar pruebas que sustenten esa afirmación.
La peculiaridad del episodio es evidente: tres de los nueve magistrados del Tribunal Supremo —Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— fueron designados por Trump y contribuyeron a consolidar la actual mayoría conservadora. Sin embargo, la decisión sobre el voto por correo no siguió el resultado que esperaba la Casa Blanca. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que casi siempre han aprobado las medidas de Trump, expresaron públicamente su discrepancia, mientras Kavanaugh se situó con la mayoría. El presidente elogió a Alito y Thomas y dirigió sus críticas hacia el resultado del tribunal.
El fallo no constituye todavía una resolución definitiva sobre todas las cuestiones jurídicas relacionadas con la orden presidencial. Se trata de una decisión adoptada en el marco de una petición de emergencia y mantiene bloqueada la aplicación de determinadas reglas del USPS mientras continúa el litigio. La mayoría consideró que el Gobierno probablemente no prevalecería en su impugnación de la orden judicial inferior y que las circunstancias no justificaban levantarla temporalmente.
La controversia tiene una dimensión administrativa especialmente relevante. La normativa promovida por la Administración Trump pretendía que los Estados proporcionaran al Servicio Postal información específica de los electores que recibirían papeletas por correo y que estas utilizaran sobres aprobados por USPS, con sistemas de identificación y códigos de barras. Bajo el nuevo esquema, el servicio postal podría rechazar determinados envíos que no cumplieran los requisitos establecidos.
El problema central planteado por los administradores electorales no era únicamente jurídico. También era temporal. A pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre, modificar los sistemas de impresión, distribución, recepción y procesamiento de millones de papeletas habría obligado a numerosos estados y condados a alterar procedimientos ya preparados.
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La propia decisión del Supremo llega después de varios litigios. La jueza federal Indira Talwani había bloqueado la aplicación de las disposiciones y otro juez federal, Carl Nichols, emitió posteriormente una medida similar. La Administración recurrió al Supremo para intentar que las nuevas reglas pudieran utilizarse antes de las elecciones. El tribunal decidió mantener el bloqueo.
Para la Administración, el objetivo declarado es reforzar la seguridad electoral y combatir el fraude. Pero las afirmaciones presidenciales sobre un fraude generalizado asociado al voto por correo no están respaldadas por evidencias de una magnitud que justifique esa descripción. En el ámbito legal, un análisis de datos publicado por Reuters determinó que las irregularidades electorales son extremadamente raras: por ejemplo, bajo la ley federal de 1996 que penaliza el voto de no ciudadanos, solo se han registrado 129 procesamientos en 30 años, tratándose casi siempre de residentes permanentes legítimos que cometieron un error involuntario por desinformación.
Estados y condados se preparan para un escenario excepcional
El conflicto revela también una cuestión constitucional más amplia: quién establece las reglas de unas elecciones que, en Estados Unidos, son administradas fundamentalmente por los estados y las autoridades locales. La Administración Trump ha intentado ampliar la participación federal en distintos aspectos del proceso electoral, mientras varios estados han recurrido a los tribunales para defender sus competencias.
Ante la retórica hostil del presidente Trump, las entidades federales y las administraciones locales han tenido que activar planes de contingencia extremos, que incluyen la instalación de cristales antibalas, salones blindados y botones de pánico conectados directamente con los servicios de emergencia en los colegios electorales, con el fin de blindar los centros de votación ante un posible escenario de violencia en las elecciones de medio término (midterms). El voto por correo es solo una pieza en una disputa mucho mayor. Una investigación de Reuters reveló que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ) ha emitido decenas de demandas federales exigiendo la entrega inmediata de información electoral confidencial, abriendo investigaciones exprés por supuestos fraudes en condados clave e inspeccionando bases de datos de votantes.
Ante esto, los funcionarios estatales y locales preparan escudos legales frente a posibles incautaciones federales de registros, equipos de votación y la alteración de los procedimientos tradicionales.
La consecuencia inmediata es que los comicios de noviembre de 2026 se perfilan como la contienda más judicializada de la historia reciente de Estados Unidos. Un muestreo realizado por Reuters a más de 50 secretarios de Estado y directores electorales de 18 estados clave —tanto demócratas como republicanos— confirmó que han tenido que destinar partidas presupuestarias especiales para afrontar litigios simultáneos, solicitudes masivas de información bajo la ley FOIA destinadas a colapsar sus oficinas, y amenazas de muerte contra su personal. Asimismo, los estados han diseñado protocolos coordinados con el Servicio Secreto y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) para contrarrestar campañas de desinformación profunda (deepfakes) generadas con inteligencia artificial y responder a eventuales intervenciones no autorizadas de agencias federales en el recuento de los votos.
No significa que esas actuaciones vayan necesariamente a producirse ni que exista un escenario confirmado de intervención federal en los centros de votación. Significa que determinados responsables electorales consideran suficientemente plausible la posibilidad como para preparar respuestas jurídicas y operativas.
En Michigan, funcionarios estatales han asesorado a las administradores locales sobre cómo responder ante eventuales solicitudes federales de acceso a equipos o registros electorales. En Wisconsin, varios abogados de condados han preparado escritos para responder ante posibles intentos de incautación de material electoral. En otros lugares se han organizado sesiones de formación sobre citaciones, órdenes judiciales y registros federales.
Durham County, en Carolina del Norte, por ejemplo, ha reforzado sus instalaciones y equipado a responsables de los centros de votación con dispositivos capaces de transmitir su ubicación a los servicios de emergencia. En Irwin County, Georgia, un territorio de fuerte apoyo republicano, algunos trabajadores electorales dispondrán igualmente de botones de pánico.
El resultado es un proceso electoral en el que el litigio sobre las reglas forma parte ya de la propia preparación de los comicios. El Supremo ha puesto un límite provisional a la reforma del voto por correo promovida por Trump, pero la disputa judicial continúa y el debate sobre el alcance de la autoridad federal tampoco ha quedado cerrado.
Mientras tanto, los administradores electorales trabajan con un calendario que no admite demasiadas alteraciones. Las papeletas deben imprimirse, enviarse, recibirse, verificarse y contabilizarse conforme a plazos estatales. Cada cambio introducido a última hora exige adaptar sistemas que afectan a miles de oficinas y a millones de votantes.
El choque entre Trump y el Tribunal Supremo, por tanto, no se reduce a una disputa personal entre el presidente y algunos de los jueces que él mismo nombró. Se ha convertido en uno de los episodios de una batalla más amplia sobre el voto por correo, las competencias entre Washington y los estados y el margen de actuación del Gobierno federal antes de unas elecciones legislativas que decidirán la composición del Congreso. @mundiario
