A menos de dos meses de las elecciones de medio mandato, Salazar ha optado por dirigirse públicamente al propio Trump para cuestionar el alcance de las operaciones migratorias. En un vídeo difundido en español, la congresista sostiene que los arrestos y deportaciones impulsados por el Gobierno han superado determinados límites.
Su argumento se apoya en una cuestión especialmente sensible para el electorado de Miami: el impacto de estas medidas entre las comunidades latinoamericanas. Salazar asegura que parte de los hispanos que respaldaron a Trump en 2024 se sienten ahora «traicionados».
La intervención resulta significativa porque procede de una representante republicana de un distrito donde el expresidente obtuvo el 57% de los votos en 2024 y que, además, cuenta con una población hispana cercana al 74%. Miami-Dade, históricamente asociado al Partido Demócrata, ha experimentado en los últimos años un importante desplazamiento hacia el Partido Republicano.
La ofensiva migratoria cambia el escenario en Miami
El conflicto político coincide con una intensificación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según los datos citados en la información, la agencia registró cerca de 51.000 arrestos en agosto, un máximo, y una parte mayoritaria de los detenidos no tenía antecedentes penales.
En el sur de Florida, la presión migratoria se ha convertido en una cuestión cotidiana. Los operativos en carreteras y zonas de tránsito han generado preocupación entre comunidades formadas por cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, entre otros grupos.
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Además, distintos cuerpos policiales locales han incrementado su cooperación con las autoridades federales mediante acuerdos 287(g), que permiten a determinados agentes locales ejercer funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
El Departamento de Seguridad Nacional defiende la estrategia y sostiene que cualquier persona que permanezca en Estados Unidos sin autorización puede ser detenida y deportada, con independencia de que tenga o no antecedentes penales.
La alternativa migratoria que defiende Salazar
El posicionamiento de Salazar tampoco supone reclamar una amnistía general. La congresista ha recuperado una propuesta legislativa conocida como Ley Dignidad, presentada inicialmente en 2022 y posteriormente reintroducida con apoyo bipartidista.
El proyecto plantea conceder un estatus legal temporal a determinados inmigrantes que lleven más de cinco años en Estados Unidos y carezcan de antecedentes penales. A cambio, contempla el pago de 7.000 dólares al Gobierno y establece una protección durante siete años, pero no abre directamente el camino hacia la ciudadanía.
La iniciativa ha encontrado críticas desde ambos lados del debate: algunos republicanos la consideran una forma de amnistía, mientras que organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran insuficientes sus garantías al no contemplar residencia permanente ni ciudadanía.
El enfrentamiento llega, además, en plena campaña electoral. Salazar ganó su distrito por más de 20 puntos en 2024, pero una encuesta realizada a finales de agosto situó a la republicana y al demócrata Eliott Rodríguez, expresentador de televisión, en un 45% de apoyo cada uno. El nuevo mensaje sobre inmigración introduce así un elemento adicional en una contienda marcada por el peso del voto hispano. @mundiario
