La política económica rusa afronta un nuevo escenario tras las elecciones legislativas. Pocos días después de los comicios, el Gobierno de Vladímir Putin ha presentado un paquete de medidas fiscales que eleva la presión sobre hogares, empresas e inversores. El anuncio llega después de que el Kremlin descartara durante la campaña electoral que estuviera estudiando una subida de impuestos.
El cambio de discurso se produce en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas. El Ministerio de Finanzas ha reconocido que el déficit previsto para este año supera las estimaciones iniciales y ha situado la financiación de la guerra y las ayudas a veteranos y sus familias entre las prioridades del presupuesto.
El problema no se limita a la recaudación. Rusia mantiene un nivel de gasto militar y de seguridad extraordinariamente elevado, que representa más del 40% del presupuesto. A esta factura se añaden los intereses derivados del aumento de la deuda pública.
Al mismo tiempo, los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas han afectado a parte de la capacidad de refinado rusa y han complicado los ingresos procedentes de los hidrocarburos. La situación obliga a Moscú a dedicar más recursos a garantizar el suministro interno de combustible.
El Ministerio de Finanzas también ha planteado modificar el mecanismo mediante el cual los ingresos extraordinarios procedentes del petróleo se destinan al Fondo Nacional de Bienestar Social. El umbral utilizado para calcular ese excedente bajaría de 59 a 50 dólares por barril, una decisión que permitiría al Estado disponer de una mayor cantidad de ingresos petroleros en el corto plazo.
Más presión sobre ahorros, dividendos y compras
Una de las principales novedades afecta a los denominados ingresos pasivos. Dividendos, intereses de depósitos, determinadas operaciones inmobiliarias, seguros y transacciones financieras quedarían sometidos a una tributación que podría alcanzar el 22%, frente al máximo del 15% contemplado hasta ahora para estos ingresos.
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El Ejecutivo calcula que la modificación afectará a unos cuatro millones de personas. Los participantes en la guerra de Ucrania quedan excluidos de estos cambios fiscales, según el Ministerio de Finanzas.
También aumentará la carga sobre las compras realizadas en plataformas extranjeras. Moscú plantea aplicar un IVA del 22% a estos productos con el argumento de equiparar las condiciones de competencia con los vendedores del mercado ruso.
A partir de 2027 se sumaría además un arancel de 100 rublos por paquete para determinados envíos internacionales de bienes destinados al consumo personal.
Los inversores extranjeros afrontan nuevas restricciones
Las nuevas medidas también afectan al capital extranjero. El impuesto sobre los dividendos ingresados en las denominadas Cuentas C pasaría del 15% al 35%. Estos mecanismos fueron creados tras el inicio de la guerra para controlar los activos de ciudadanos y empresas procedentes de países considerados hostiles por Moscú.
El endurecimiento fiscal llega cuando la economía rusa soporta una inflación elevada y una creciente dependencia del gasto público vinculado a la guerra. El Gobierno deberá ahora aumentar los ingresos sin reducir de forma significativa el desembolso destinado a defensa.
El giro resulta especialmente significativo por el momento elegido. Las medidas se anuncian apenas unos días después de las elecciones y contradicen las declaraciones realizadas durante la campaña por el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, quien había negado que una subida de impuestos estuviera sobre la mesa.
El precedente también alimenta la incertidumbre sobre otros posibles anuncios económicos y militares. En 2022, Peskov negó antes de la movilización parcial que el Kremlin preparase una llamada masiva a filas. Días después, Rusia anunció el reclutamiento de más de 300.000 reservistas. @mundiario
