Un jurado de Nuevo México declara que Meta engañó a los residentes del estado sobre la privacidad de sus datos. El veredicto, recogido por Reuters, deja la multa sin cuantificar y devuelve el escándalo de Cambridge Analytica al primer plano regulatorio.
Claves de la operación
- Un jurado estatal falla contra Meta. El tribunal considera probado que la compañía vulneró la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México y engañó a los residentes sobre el tratamiento de sus datos.
- La cuantía de la sanción sigue sin fijarse. El juez deberá decidir el importe en función del número de infracciones que dé por acreditadas.
- Dos estados se quedaron fuera del gran acuerdo. Nuevo México y Florida rechazaron sumarse al pacto firmado con otros 47 territorios, y esa negativa les ha permitido llegar a juicio.
El caso arranca de una demanda presentada por el estado en 2021, cuando el rastro de Cambridge Analytica seguía condicionando la agenda legislativa en Washington. El jurado ha concluido que Meta incumplió la ley estatal de prácticas desleales y que los residentes fueron inducidos a creer que controlaban unos datos gestionados con reglas propias y cambiantes.
La demanda original era minuciosa. Nuevo México sostuvo que la compañía tergiversó el uso que terceros hacían de los datos personales, que sus ajustes de privacidad resultaban confusos o directamente vagos, y que aseguraba aplicar sus políticas de discurso de odio por igual a todos los usuarios. No era un fallo puntual, sino un modelo de negocio sostenido sobre la ambigüedad.
Sus abogados se movieron en un terreno intermedio. Admitieron errores pasados en privacidad y desinformación, pero negaron haber vendido datos de usuarios o haberse beneficiado del discurso de odio. Es la línea que la compañía repite desde 2018: reconocer el fallo operativo y rechazar el lucro derivado de él. El jurado no la ha aceptado del todo.
Lo singular del veredicto es su origen procesal. Meta cerró con 47 estados un acuerdo por preocupaciones sobre seguridad de menores valorado en 18.000 millones de dólares, que incluía un pago de 459 millones para zanjar los litigios vinculados a Cambridge Analytica, según Reuters. Nuevo México y Florida rechazaron participar en aquel cierre conjunto. La factura de la privacidad se cobra ahora estado a estado.
Meta ha aprendido a pagar sin admitir. Cada acuerdo aplaza el juicio reputacional, pero no lo cancela ni lo abarata.
El escándalo que Meta intentó enterrar sigue generando veredictos
El origen remoto está en la campaña electoral estadounidense de 2016. Cambridge Analytica cosechó datos de unos 50 millones de usuarios de Facebook para segmentar publicidad política, en gran parte sin consentimiento explícito, tal y como recoge el expediente público del caso. Aquello se convirtió en el gran lastre de la compañía y sigue alimentando demandas en varios países.
La respuesta corporativa llegó en 2021. Facebook pasó a llamarse Meta, un cambio de marca para desvincular su presente del escándalo. Desde entonces ha firmado acuerdos en Estados Unidos, Reino Unido y Australia con una fórmula reconocible: pago elevado, admisión parcial y compromiso de reforzar los controles internos.
La grieta que 47 estados taparon con un cheque
El frente europeo avanza por otra vía. Meta opera bajo el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Mercados Digitales, un marco que permite sanciones de hasta el 4% de la facturación mundial por vulneraciones del RGPD. El regulador irlandés, su principal supervisor en la Unión, le impuso en 2023 una multa de 1.200 millones de euros por las transferencias de datos personales a Estados Unidos.
Para el negocio publicitario, el riesgo es acumulativo. Meta obtiene la mayor parte de sus ingresos de la publicidad segmentada, y cada resolución que cuestione la trazabilidad del consentimiento estrecha su margen ante anunciantes y reguladores. Google, Amazon y TikTok observan el caso con interés: un precedente estatal aplicable a Meta funciona como plantilla argumental para el resto del sector.
La factura reputacional ya no se paga solo en dólares
Hay un patrón que conviene leer con calma. Desde 2018, Meta ha convertido la litigación en una línea de coste recurrente: acuerdos millonarios, sanciones regulatorias y veredictos como el de Nuevo México que no se pueden provisionar con antelación porque dependen del criterio de un jurado popular. La compañía no permite al inversor calcular con precisión el coste jurídico acumulado.
En España, la Agencia Española de Protección de Datos fue una de las primeras autoridades europeas en sancionar a la compañía por tratar datos sin consentimiento suficiente, con una resolución de 2019 que marcó el tono de la relación posterior entre el grupo y los supervisores nacionales. No es un frente que se cierre con un cheque: es un goteo normativo que obliga a revisar productos, contratos y flujos de datos cada vez que cambia una guía.
El punto débil de Meta no es tecnológico, es de credibilidad. Una empresa que factura segmentando audiencias y que promete privacidad por defecto arrastra una contradicción estructural que ningún acuerdo elimina. La próxima cita está en el calendario judicial: el juez debe fijar el importe de la sanción y el pleito de Florida sigue su curso por separado. Ahí se verá si el veredicto es un caso aislado o el primer ladrillo de una nueva oleada de reclamaciones estatales.
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