Netanyahu persigue testimonios anónimos: la orden de cazar a los 24 militares que hablaron en NAZA

La controversia en torno a NAZA (acrónimo militar que calcula el umbral de daños colaterales civiles) ha escalado a una crisis institucional sin precedentes. El primer ministro Benjamín Netanyahu tachó el largometraje —galardonado recientemente en el Festival de Venecia— de «narrativa falsa, engañosa y sesgada» y exigió de manera formal una investigación exhaustiva. Para ello, instruyó directamente al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir; al director del servicio de seguridad interior Shin Bet, David Zini; y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, identificar y procesar a los 24 militares y agentes de inteligencia que ofrecieron testimonios anónimos en la producción.

La oficina del mandatario argumenta que los implicados incurrieron en delitos graves, tales como la vulneración de secretos oficiales de unidades de inteligencia de extrema sensibilidad, la difamación penal y el perjuicio a los intereses diplomáticos del país en pleno conflicto. Mientras el gobierno acusa a la cinta de debilitar la seguridad nacional y promueve activamente un contradocumental oficialista para desacreditarla, los testimonios del filme sostienen que el ejército relajó deliberadamente los protocolos de bombardeo en la Franja de Gaza, con pleno conocimiento de la presencia de civiles.

La orden política no equivale, sin embargo, a una condena ni significa que los 24 participantes hayan cometido un delito. La apertura de diligencias, la identificación de fuentes y una eventual acusación penal requieren actuaciones de las autoridades competentes y pruebas que puedan sostenerse jurídicamente. El principal interrogante es si el objetivo de la investigación será determinar una posible filtración de secretos protegidos o si la iniciativa terminará convirtiéndose en un instrumento de presión contra quienes han denunciado desde dentro prácticas militares controvertidas.

Dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor y producido por The Guardian, NAZA reúne testimonios de 24 militares y miembros de inteligencia israelíes cuyas identidades y voces han sido modificadas digitalmente. La película examina los sistemas empleados para localizar objetivos en Gaza, el uso de herramientas de inteligencia artificial y los criterios con los que se estimaban las posibles víctimas civiles antes de determinados ataques.

El título procede de un término militar israelí relacionado con la estimación de daños colaterales, es decir, el número de civiles que se prevé que puedan morir en una operación. Según los testimonios recogidos, algunos procedimientos permitieron una selección de objetivos a gran escala y contemplaron márgenes de víctimas civiles que los participantes consideran extraordinariamente elevados. La película plantea, además, dudas sobre la supervisión humana, la responsabilidad de los mandos y la distancia entre quienes elaboran información para una operación y quienes autorizan o ejecutan el ataque.

Estas afirmaciones son graves, pero deben distinguirse de los hechos establecidos judicialmente. Los testimonios anónimos constituyen material de investigación y pueden aportar información relevante; no sustituyen por sí solos una comprobación independiente de cada ataque, sus circunstancias y la cadena de decisiones que lo hizo posible. La cuestión de fondo es si los sistemas descritos funcionaron como sostienen los entrevistados, qué controles existían y cómo se aplicaron las normas destinadas a proteger a la población civil.

Los realizadores aseguran que el documental no se construyó únicamente a partir de las 24 entrevistas que aparecen en pantalla. Según The Guardian, el equipo consultó durante tres años a más de 100 fuentes familiarizadas con los procedimientos militares, contrastó operaciones concretas y examinó documentos clasificados filtrados y otros testimonios confidenciales. Esa metodología refuerza la necesidad de evaluar las acusaciones con seriedad, aunque no elimina la obligación de comprobarlas ni convierte automáticamente cada afirmación en una conclusión definitiva.

La película obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación de unos 25 minutos, y ha comenzado su distribución internacional. Su repercusión se debe tanto al contenido como a la identidad de quienes hablan: no son únicamente observadores externos, sino personas que afirman haber conocido desde dentro algunos de los mecanismos utilizados durante la ofensiva israelí en Gaza.

El Ejército israelí niega las acusaciones y cuestiona los testimonios

Las Fuerzas de Defensa de Israel han rechazado categóricamente las conclusiones del documental. En una respuesta de 17 páginas, el Ejército sostiene que la película contiene errores factuales, presenta de manera distorsionada los procedimientos operativos y no refleja adecuadamente el contexto de la guerra iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron alrededor de 1.200 personas en Israel y fueron secuestradas otras 250.

La institución militar afirma que la selección y aprobación de objetivos corresponden a personal humano, conforme a sus directrices, y niega haber autorizado ataques con una previsión de hasta 500 civiles muertos, una de las cuestiones más controvertidas que aborda la película. También cuestiona que los entrevistados dispongan de una visión completa de los procesos de decisión que describen.

Esa réplica forma parte del debate y debe ser considerada junto con las conclusiones de los realizadores. Pero una negación institucional tampoco resuelve por sí sola las preguntas sobre ataques concretos, el número de víctimas previsto, la información disponible para los mandos o los mecanismos de supervisión. La controversia requiere distinguir entre errores demostrables, interpretaciones enfrentadas y posibles conductas que pudieran vulnerar el derecho internacional humanitario.

La guerra en Gaza ha provocado decenas de miles de muertes palestinas, según las cifras difundidas por las autoridades sanitarias del territorio y recogidas por organismos internacionales. La discusión sobre la responsabilidad por cada operación, la proporcionalidad de los ataques y las medidas adoptadas para evitar víctimas civiles continúa siendo central en el examen de la actuación israelí.

La exigencia del primer ministro pone en marcha una disputa que no depende exclusivamente de su voluntad. El jefe del Gobierno puede reclamar investigaciones y trasladar sus acusaciones a las instituciones competentes, pero la responsabilidad de determinar si existen indicios suficientes para abrir una causa penal corresponde a las autoridades judiciales y a los órganos con competencias legales.

El abogado general militar, Itai Ofir, ya había señalado que una persecución penal exigiría pruebas de vulneraciones de seguridad o divulgación de información clasificada. Podrían existir otras respuestas disciplinarias si se acreditan infracciones, pero no basta con haber participado en una película crítica para demostrar que se ha cometido un delito. La protección de información militar sensible y el derecho a denunciar posibles irregularidades son cuestiones distintas, aunque en este caso se solapen.

La identidad de las fuentes plantea otro problema. El anonimato es una herramienta habitual del periodismo de investigación cuando los informantes afrontan riesgos profesionales, legales o personales. Revelar sus nombres podría exponerlos a represalias y perjudicar la posibilidad de que otros militares comuniquen hechos relevantes en el futuro. No obstante, el secreto profesional no es necesariamente absoluto: las autoridades pueden intentar obtener información cuando alegan motivos de seguridad, aunque la necesidad y proporcionalidad de esas medidas resultan determinantes.

La Federación Europea de Periodistas y organizaciones del sector han denunciado que las amenazas contra los participantes y los realizadores pueden intimidar a quienes investigan asuntos de interés público. The Guardian, coproductor del filme, ha defendido el rigor de su trabajo y sostiene que las actuaciones contra las fuentes y los cineastas desvían la atención de las preguntas planteadas sobre Gaza.

Un conflicto político antes de las elecciones israelíes

La ofensiva contra NAZA no se limita a los militares entrevistados. Netanyahu y miembros de su Gobierno ya habían amenazado con impulsar medidas contra los directores, a quienes algunos dirigentes y activistas han calificado de traidores. También se han registrado actos de hostigamiento contra sus familiares, mientras Yuval Abraham y Rachel Szor permanecen fuera de Israel ante el clima de amenazas.

El ministro de Cultura, Miki Zohar, ha advertido de posibles consecuencias financieras para las salas que proyecten la película. Al mismo tiempo, las embajadas israelíes han difundido una producción alternativa, NAZA: La verdadera historia, destinada a refutar sus conclusiones. La existencia de esa respuesta evidencia que la disputa se libra también en el terreno de la comunicación internacional.

La película todavía no se ha estrenado comercialmente en Israel, aunque sus responsables han anunciado que estará disponible gratuitamente en la web de The Guardian a partir de noviembre. La difusión digital podría dificultar que las autoridades limiten su acceso, pero no elimina los riesgos para quienes aparecen en ella ni la posibilidad de nuevas medidas legales.

Con las elecciones israelíes previstas para el 27 de octubre, la polémica tiene una dimensión política evidente. Netanyahu presenta el documental como un ataque contra el país y sus fuerzas armadas, mientras sus críticos consideran que la respuesta del Gobierno amenaza con convertir la denuncia de posibles irregularidades en un problema de lealtad nacional. El desenlace dependerá de si la investigación encuentra pruebas concretas de delitos de seguridad, de las decisiones de la Fiscalía y de la capacidad de las instituciones para separar una posible filtración ilegal de la mera participación en una investigación periodística. @mundiario