La política de seguridad de Nayib Bukele podría entrar en una nueva fase. Después de defender durante años las detenciones masivas como herramienta para combatir a las pandillas, el presidente salvadoreño ha anunciado que su Gobierno estudia la salida anticipada de miles de personas encarceladas durante el régimen de excepción. La revisión plantea una cuestión de fondo: cómo mantener los avances en seguridad sin dejar de lado los derechos de quienes han pasado años en prisión y las garantías que deben acompañar cualquier decisión judicial.
Bukele ha explicado que una comisión gubernamental examina los expedientes de las personas arrestadas desde la implantación del régimen de excepción en marzo de 2022. Según el mandatario, el mecanismo podría beneficiar con libertad condicional a aproximadamente el 50% de los más de 92.000 detenidos.
El presidente sostiene que entre ellos hay personas cuya participación en las actividades de las pandillas habría sido limitada y que, por esa razón, podrían abandonar la cárcel bajo determinadas condiciones. La medida permitiría que miles de detenidos salieran de prisión, aunque todavía no se han aclarado los criterios que determinarán quiénes podrán acogerse a esta posibilidad ni cómo se resolverá cada caso.
La dimensión de la cifra obliga a mirar más allá del anuncio. Si se alcanzara el porcentaje planteado, más de 46.000 personas podrían beneficiarse de la revisión. Sin embargo, el número definitivo dependerá de las evaluaciones y de las decisiones que adopten las autoridades.
Una comisión que plantea dudas sobre las garantías judiciales
Uno de los aspectos más controvertidos es la naturaleza del organismo encargado de revisar los expedientes. Bukele ha reconocido que no funciona dentro de los cauces ordinarios de los jueces y la Fiscalía, sino que constituye una fórmula distinta para evaluar los casos.
La existencia de esta comisión había sido adelantada por Ibrahim Bukele, hermano del presidente, quien explicó que en ella participarían jueces, fiscales y miembros del Ejecutivo, incluida la primera dama, Gabriela de Bukele. Sin embargo, no se han detallado públicamente las bases jurídicas del mecanismo ni los procedimientos que utiliza para decidir quién puede salir de prisión.
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Estas incógnitas adquieren especial relevancia por las denuncias acumuladas durante los años de aplicación del régimen de excepción. Organizaciones de derechos humanos han alertado de posibles detenciones arbitrarias y abusos, mientras que entidades defensoras de los presos han documentado más de 500 muertes bajo custodia estatal.
A ello se suman los cuestionamientos de abogados sobre los juicios colectivos iniciados en enero, en los que miles de acusados pueden ser procesados simultáneamente. Las críticas se centran en las dificultades para garantizar una defensa individualizada y examinar adecuadamente las pruebas contra cada persona.
En este contexto, revisar los expedientes puede abrir una vía para corregir situaciones injustas. No obstante, la credibilidad del proceso dependerá de que existan criterios claros, decisiones fundamentadas y mecanismos efectivos para reclamar ante posibles errores.
El desafío de corregir errores sin comprometer la seguridad
El anuncio también supone un cambio significativo respecto al discurso que Bukele ha mantenido desde el inicio de su ofensiva contra las pandillas. El presidente ha defendido reiteradamente las detenciones como una pieza central de su estrategia y ha sostenido que los arrestados eran responsables de actividades delictivas.
Ahora, al admitir que una parte considerable de los detenidos podría beneficiarse de la libertad condicional, el Gobierno reconoce la necesidad de diferenciar entre los distintos grados de implicación y las circunstancias particulares de cada expediente.
La revisión deberá demostrar que es posible mantener la protección de la población y, al mismo tiempo, evitar que personas sin pruebas suficientes en su contra permanezcan encarceladas. La seguridad no depende únicamente del número de arrestos, sino también de la capacidad de las instituciones para investigar los delitos, acreditar responsabilidades y garantizar procedimientos justos.
Por ahora, Bukele no ha precisado cuánto durará la evaluación ni cuándo podrían comenzar las excarcelaciones. El alcance real de la iniciativa se conocerá cuando se publiquen sus criterios y se concreten las primeras decisiones. Hasta entonces, la principal incógnita será si este mecanismo consigue ofrecer respuestas verificables a quienes llevan años en prisión y a sus familias. @mundiario
